Vecinos de Los Mangos de La Vega
denuncian atropellos y siembra de drogas

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz pide al Ejecutivo que intervenga el Cicpc.

Eran como las 4: 30 de la mañana y todos estábamos durmiendo. Los policías llegaron y tumbaron la puerta. Me acerqué y uno de ellos me puso la pistola en el pecho. Del susto me quedé sin palabras, pero el policía me dijo que tenía que hablar, por las buenas o por las malas, que le tenía que decir dónde estaban `el Portu’, `el Freso’ y `el Cristo’. Así me dijeron que se llamaban los malandros que andaban buscando. Pensé que me iban a matar, que nos iban a matar a todos. Ellos decían: `esto es el madrugonazo y no necesitamos orden de allanamiento”.

El terror que sintió aquel niño de 12 años de edad seguía intacto un día después de la incursión de un centenar de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en las casas alrededor de la quebrada de aguas negras que atraviesa el callejón Bolívar, en la parte alta del sector Los Mangos de La Vega.

La perturbación de ese muchacho es un resultado que no aparece en los reportes oficiales de las razzias en los barrios más empobrecidos de Caracas y otras ciudades del país desde hace tres semanas, denominados Madrugonazos contra el Hampa.

“A la esposa de mi tío se le lanzaron encima para quitarle los teléfonos. Y eso que tiene seis meses y medio de embarazo. A mi tío lo tiraron al piso, le dieron patadas y lo hicieron rodar por las escaleras. A él le sembraron droga y se lo llevaron preso. Le puedo explicar a cualquiera cómo le sembraron la droga: agarraron un interior mío, ahí envolvieron unos pitillos y después dijeron que eran de él”, detalló el muchacho.

A las puertas de la División de Capturas, Melissa Ruiz confirmaba el relato de su hijo: “Como no encontraron nada en mi casa, a mi hermano lo sembraron. Su nombre es Gustavo Adolfo González. Tiene 22 años y trabaja. Él no es ningún malandro. Primero dijeron que era de una banda, que la misma comunidad lo había denunciado. Ahora no aparecen las supuestas denuncias y en el expediente sólo está la droga que le sembraron. Me dijeron que de aquí lo van a mandar para la cárcel de Los Teques”.

Sin rigor legal:

El 2 de febrero, el director del Cicpc, Wilmer Flores, negó en Valencia que se hubieran cometido delitos el día anterior en el callejón Bolívar de Los Mangos de La Vega.

Pero el jefe del Cicpc dejó entrever que los allanamientos se han realizado sin el rigor establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en cuanto a la imprescindible autorización de fiscales y jueces ni la expedición de las correspondientes órdenes de allanamientos: “En algunos de los casos nos acompañan funcionarios del Ministerio Público; no obstante, reviste de todo tipo de legalidad los allanamientos sin la presencia de funcionarios del Ministerio Público. Con una orden de allanamiento podemos visitar esos sitios de sucesos”.

En el callejón Bolívar de Los Mangos de La Vega los funcionarios del Cicpc irrumpieron en varias casas, como si no supieran con precisión dónde buscar. Irene Leal comenzó su relato aclarando su simpatía con el Gobierno y su participación en un consejo comunal de la zona: “Me gusta mi chavismo, pero a veces se pasan. No pueden llegar así, con tanta violencia, rompiendo todo y maltratando a la gente. A mi hijo de 16 años se lo llevaron. Yo les dije que era un estudiante de cuarto año y me respondieron que los liceístas eran los más malandros. Me lo devolvieron como a las 11:00 de la mañana con un golpe en la cabeza. Fui a la Fiscalía a poner la denuncia y lo primero que me dijeron es que no se puede entrar a una casa de familia sin orden de allanamiento”.

Terhesly Malavé, ex fiscal del Ministerio Público y directora de la organización no gubernamental Justicia y Proceso, advirtió que el más inexperto de los abogados podría anular los procesos penales que comiencen con una violación constitucional tan grave como el allanamiento de un domicilio sin orden judicial.

Esquizofrenia y complicidad:

Pablo Fernández, director de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, advirtió una especie de esquizofrenia en la política oficial de seguridad ciudadana: “Por una parte, se promueve un nuevo modelo policial y hasta se crea una universidad para formar a los funcionarios con énfasis en el respeto de los derechos humanos; y por la otra, se reeditan las peores prácticas asociadas a las ideas de mano dura y plomo al hampa, como las redadas que hacían los pantaneros de la Policía Metropolitana. Estos madrugonazos constituyen actos de violación de derechos humanos por donde los veas”.

Fernández lamentó la proyección mediática que ha procurado la dirección del Cicpc: “Son acciones epilépticas que pretenden mostrar resultados que no son reales. Y, además, corresponden a una visión discriminatoria del combate a la delincuencia. La gente del barrio queda doblemente victimizada, pues no sólo debe lidiar con los delincuentes sino también con la represión policial. ¿Por qué no hacen estos madrugonazos en el Country Club?”.

Hay una tercera posibilidad de sufrir daño, como señaló Homero Contreras, que nació y creció en el callejón Bolívar de Los Mangos de La Vega: “A mi casa también entraron los policías luego de romper la puerta. Golpearon y se llevaron a mi hermano de 20 años, Deivis Durán, al igual que a mi ahijado de 15 años. Al darse cuenta de que no eran los que andaban buscando les sembraron droga. Nosotros los denunciamos en la Fiscalía, pero ahora estamos preocupados por si toman represalias”.

La Red de Apoyo se sumó a otras ONG que han pedido la intervención del Cicpc a partir de los alarmantes registros que lo ubican como el organismo de seguridad que más incurre en tortura. “Cada vez recibimos más denuncias de la siniestra asfixia inducida con la colocación de una bolsa plástica en la cabeza”, precisó el activista.

Pablo Fernández destacó que las autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo han guardado un silencio cómplice que no contribuye a evitar los excesos que han desprestigiado al Cicpc.

Respuesta:

El inspector general del Cicpc, Juan de Castro, no está de acuerdo con la opinión emitida por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

“Nosotros hemos detenido a 3.758 personas. El Cicpc está al servicio de la colectividad y actúa dentro del marco de la ley.

Es una institución que respeta los derechos humanos”. Señaló que el porcentaje de denuncias es mínimo. Agregó que lamentablemente muchas de las personas que pueden estar involucradas en delitos buscan la manera de desvirtuar las actuaciones y dicen que han sido víctimas de una violación de derechos humanos.

Por: EDGAR LÓPEZ
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