Más de 29 asociaciones rechazaron el modelo
social o comunal propuesto por el Gobierno
En la asamblea constitutiva del frente, a la cual asistieron afectados de Catia, Candelaria, Parque Central, Petare y el estado Vargas.
Bajo el lema de “Un pueblo propietario”, 29 organizaciones constituyeron ayer el Frente Nacional por la Propiedad con el objetivo de defender el patrimonio individual y rechazar el modelo social o comunal que promueve el Gobierno.
La ocasión sirvió para que aproximadamente 160 personas reunidas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas expresaran su descontento por la ola de expropiaciones e invasiones que se han sucedido en los últimos meses en el país, alentada por las leyes y decretos que ha dictado el Ejecutivo dentro del marco de la emergencia causada por las lluvias de finales del año pasado. Asistieron asociaciones de transporte y de comercio informal, cooperativas, arrendadores de pensiones y propietarios de estacionamientos y edificios de Catia, Candelaria, Parque Central y Petare y del estado Vargas.
“Estamos viendo una promesa de propiedad que transformará a la gente en pisatario porque no se podrá heredar y la familia no podrá disponer de los bienes”, advirtió Roberto Orta, directivo de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), organización que coordinó la actividad.
Se refería el abogado a la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Viviendas, sancionada por el presidente Hugo Chávez por vía de la Ley Habilitante, y a los recientes decretos de expropiación forzosa de terrenos urbanos. Se le suma a ese ámbito legal el llamado de Chávez a tomar galpones y terrenos vacíos.
El frente recién creado considera que esos instrumentos emitidos por el Gobierno relativos a la propiedad urbana son violatorios de los artículos 299, 115 y 116 de la Constitución. También contradicen la Resolución 217 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Orta recordó que sólo en Caracas 156 edificios permanecen invadidos, así como 800 casas, terrenos y galpones. Dijo que todavía no han sido indemnizados los propietarios de los 188 edificios que expropió en 2006 el entonces alcalde Juan Barreto. Los apartamentos tampoco han sido adjudicados a los inquilinos. En todo el país, entre 1999 y 2009, 22.000 inmuebles han sido invadidos.
Expuso que la propiedad privada urbana está siendo amenazada por lo que llamó “las 9 plagas”: la suspensión de juicios por desalojos y la congelación de alquileres; los censos a viviendas vacacionales; las tomas e invasiones de hoteles, pensiones y casas de vecindad; las expropiaciones y tomas de terrenos, galpones y estacionamientos; las expropiaciones a 280 viviendas construidas en Caracas, sin pago; las expropiaciones a viviendas en construcción; la Ley de Tenencia de la Tierra en Barrios; la regulación de los precios de la viviendas usadas, que está en estudio; así como la indiferencia de los cuerpos policiales ante las expropiaciones. Llamó a los afectados a no abandonar sus propiedades si son invadidas, a protestar y seguir los procedimientos legales.
“Nadie va a entregar su vaina. Si no hay un consenso en la sociedad sobre este tema, la situación se convertirá en un polvorín”, dijo Felipe Benitez, sociólogo del Observatorio de Derechos de Propiedad, quien destacó que siempre ha habido invasiones en el país. La diferencia, señala, es que desde 1999 se han incrementado. El fenómeno comenzó en el campo a partir de 2002, siguió contra las empresas en 2006 y ahora el método se está aplicando en la ciudad. “Hoy le estamos viendo el colmillo a este proceso, al lado de nuestras casas”.
Alertó sobre el peligro que implica la libre interpretación de las palabras del presidente Chávez. “Algunos creen que sus palabras son sagradas. Pero no lo son”. La afirmación arrancó aplausos de la asistencia.
“Nos estamos jugando la paz y la estabilidad del país y de nuestros hijos”. Instó a los afectados a movilizarse dentro del marco de la ley y exigió al Gobierno dialogar con las asociaciones allí reunidas. “Si el Movimiento de Pobladores de Venezuela tienen injerencia en la redacción de las leyes, nosotros también la queremos”, indicó.
“Desde el 21 de enero estoy pernoctando en el pasillo frente al apartamento de mi propiedad, con mi hija mayor, porque mis inquilinos no quieren desalojar.
Argumentan que el oficio que emitió el Tribunal Supremo de Justicia el 14 de enero, en el que se solicita a los jueces suspender desalojos y juicios inmobiliarios, los apoya. Mi trato con ellos siempre ha sido respetuoso y creo que habrá luz al final del túnel. Esta situación comenzó en 2007, cuando se venció el contrato de arrendamiento. Luego, octubre de 2009, terminó la prórroga legal, pero igual los arrendadores no salieron. El 10 de enero de este año ellos firmaron una salida voluntaria, que se negaron a cumplir luego del oficio del TSJ.
Nunca pensé estar en esta situación Tomé la decisión de hacer una protesta pacífica porque el apartamento es lo único que tengo. Es un derecho fundamental para mis hijas. Si no lo defiendo yo, no lo va a defender nadie”.
“Hace 4 años adquirí en Gato Negro una casa con 19 habitaciones, para alquilar.
Se la compré a la dueña anterior, con inquilinos adentro, porque confió en mi trabajo como administradora. El 10 de enero llegaron 50 personas del Grupo Revolucionario contra los Desalojos Arbitrarios, además de un grupo de Vive TV, que grabó todo. Le dieron órdenes a los inquilinos de no seguir pagando y me dijeron que si me ponía cómica, me expropiaban. Desde entonces no percibo nada.
Yo sí escuchaba de invasiones, pero nunca pensé que me tocaría a mí; pensaba que era con la gente del este. He ido a ministerios, a la Defensoría del Pueblo y a la Alcaldía de Libertador. Me dijeron que no pueden hacer nada porque son órdenes del Presidente y lo único que puedo hacer es esperar. Lo que quiero es que se cumplan las leyes sin color, que el Presidente nos trate a todos por igual. No podemos ser inquilinos todos, también hay dueños, y nos tienen que tratar bien”.
“Tengo 42 años de edad, dos hijos y un nieto. Hace cinco años compré un estacionamiento en Santa Rosalía, con un crédito bancario. El 15 de diciembre me invadieron. Llegó la milicia armada y me mostraron un oficio de la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República.
Me dijeron que estaba expropiado, que en 48 horas tenía que salir de allí. Hasta la fecha no me han ofrecido justiprecio. He ido a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo, y no he obtenido ninguna respuesta. Me han violado mi derecho a la defensa y al debido procedimiento, además de mi propiedad. ¿Por qué no toman terrenos baldíos en lugar de un negocio que paga impuestos? Si tener algo es ser oligarca, pues todos los venezolanos lo somos porque todos queremos tener algo.
La propiedad privada está en riesgo, lo estamos viviendo en carne propia. Hay mucho resentimiento social, orquestado desde el Gobierno”.
“Soy coordinador de Mercados Solidarios a Cielo Abierto. Tengo 62 años de edad. Nosotros fuimos quienes, después del sacudón de 1989, abastecimos Caracas con nuestros camiones de hortalizas y comidas a precios económicos, provenientes de la Colonia Tovar, El Junquito, Barquisimeto, Maracay. El año pasado el Presidente Chávez quiso, mediante un decreto, prohibir nuestro trabajo, que es nuestra propiedad. Pero luego, porque protestamos y la gente nos respaldó, el Presidente tuvo que meterse su decreto en el bolsillo.
Nosotros abastecemos las bodegas de los barrios. Si a ellos los expropian, nosotros perdemos porque somos más de 10.000 vendedores y 3.000 mercados a cielo abierto en Caracas.
Queremos hacerle un llamado muy cordial al Gobierno para que no siga invadiendo y agrediendo a las personas mayores con sus desalojos.
Esto puede devenir en caos y por eso le pedimos al Presidente que mantenga su gente a raya”.
Por: FABIOLA ZERPA
fzerpa@el-nacional.com
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