Improductiva y ahogada
■ Recursos de Plan Trienal apenas representan 33% de lo necesario para reactivarlas.
■ Al sur del país el gobierno de Hugo Chávez ensaya el modelo socialista en todas sus fases; tanto, que ha bautizado a Guayana como la “cuna del socialismo”.
Los trabajadores del Partido Socialista Unido de Venezuela asisten a mesas de trabajadores donde se promueve la formación política para la toma de los medios de producción y la eliminación de la división social del trabajo.
El camino de transición socialista en Guayana afronta uno de sus peores momentos desde 2009. Las deudas con los empleados son insostenibles, la división interna del buró es evidente y la inversión en el parque industrial es urgente para reflotar la producción de una región, cuya economía depende aproximadamente en 96% del sector metalmecánimo y minero. 
Todas las empresas de la cadena industrial trabajan por debajo de su capacidad instalada; casi la mitad opera por debajo de 50% de su diseño.
El Gobierno atribuye la depresión a la crisis mundial y a la emergencia eléctrica, pero los números demuestran lo contrario.
Desde comienzos de 2008 comenzó a evidenciarse el declive productivo, debido a factores internos asociados a la ineficacia gerencial, falta de insumos y a una desinversión marcada desde 2004.
La crisis de las empresas básicas de Guayana llegó a su clímax en el 2009 cuando la capacidad productiva y la conflictividad en las empresas amenazaban con paralizar la industria y generar un estallido social. Un modelo económico agotado, 200% de excedente en nómina, deficiente flujo de caja, confrontación sindical y crítica del buró oficial a las propuestas del Ejecutivo, hizo urgente reflotar la popularidad del Gobierno que en años precedentes había ensayado un modelo de cogestión que no rindió los frutos esperados.
En respuesta, el 21 de mayo de 2009 el presidente Hugo Chávez llegó a Guayana para atender el conflicto. Le bastó una cadena nacional, la nacionalización de 11 empresas estratégicas para enamorar a la dirigencia: “Yo me juego la vida con ustedes y sé que ustedes harán lo mismo, porque la clase obrera ha resucitado para hacer una revolución”, dijo el primer mandatario.
En aquel acto nació la idea de transitar hacia la transformación socialista de las empresas básicas y a través de mesas técnicas se redactó el Plan Guayana Socialista 2009-2019 como la “solución integral” al aprieto del extinto polo de desarrollo.
Promesas de recuperación:
El plan contempló la politización de los centros de trabajo para generar la “conciencia revolucionaria” y la inversión de capital para garantizar la sobrevivencia de la industria hasta cerrar el 2009.
Mediante la comisión presidencial se entregaron 382,6 millones de bolívares y 122,4 millones de dólares para la industria a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano, apenas 7% de lo necesario para reflotar a toda la industria.
Con el capital, administrado por los trabajadores, se pretendió resolver la “terapia intensiva” de las fábricas con la promesa de un nuevo desembolso que, hasta la fecha, no se ha concretado.
Debido a la crisis del Sistema Eléctrico Nacional, Guayana cargó 40% del recorte eléctrico nacional y profundizó la tendencia decreciente que mantenía el parque industrial: su capacidad ociosa alcanzó 80%.
La restricción energética aceleró la caída de la producción y tumbó aproximadamente 60% la producción de Sidor y de la industria del aluminio.
Las promesas de Sanz para recuperar las empresas, una vez superada la contingencia eléctrica, no se ha cumplido.
En el primer trimestre de 2010 las protestas resurgieron. Los integrantes del Plan Guayana criticaron que se continuara vendiendo a futuro a las transnacionales como Glencore y Noble bajo contratos leoninos.
Esto, sumado a la idea de tomar el control de la producción, detonó un nuevo episodio de conflictividad.
En marzo de 2010 sindicatos de todas las empresas se unieron para exigir la discusión de los contratos colectivos y las inversiones para Guayana. Ninguna de las dos demandas se resolvió. El Gobierno centró su estrategia en resolver un conflicto político subyacente generado por la confrontación entre dos grupos muy marcados dentro del partido: el equipo liderado por la dirección regional del buró, a la cabeza del gobernador Francisco Rangel Gómez, y el agrupado en torno al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y titular de la cartera minera.
Improductivas y ahogadas:
Con la llegada de José Khan al Ministerio de Industrias Básicas y Minería, Mibam, se impulsó el cambio de los presidentes de la industria y en su lugar se colocaron a trabajadores y dirigentes del partido.
El ministro aplacó el conflicto con la promesa de construir un diálogo sincero con los empleados, “sin sectarismos”, y mejorar la producción con la derrota de la burocracia.
Desde mayo de 2010 hasta ahora las promesas de Khan no se han materializado. En consecuencia, un nuevo episodio de conflictividad se está reeditando en Guayana.
Aunque el Gobierno aprobó en abril del año pasado, un millardo de bolívares y 783 millones de dólares para un Plan Trienal de inversión, estos no han llegado a las empresas y apenas representa 33% de lo necesario, según informó Fernando Goyenechea, presidente de la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana.
El endeudamiento con proveedores y empresas transformadoras ha cerrado 200 empresas dedicadas al área industrial, y las 120 restantes operan a 40% de su capacidad, dijo el industrial. El Mibam no ha respondido ni en lo económico y laboral a las demandas de Guayana. Cada empresa ha hecho lo posible, desde su débil flujo de caja, para recuperarse de los desmanes de la restricción energética.
CVG Alcasa y CVG Venalum, en toda su capacidad instalada, podrían producir más de 600.000 toneladas de aluminio, pero con la contingencia eléctrica y la falta de insumos y repuestos producen a 57% de esa capacidad.
El aluminio primario es fundamental para el mercado transformador que consume alrededor 800.000 toneladas del aluminio. Alcasa y Venalum satisfacen sólo 40% de ese requerimiento. Además, la única empresa que canceló sus compromisos con la venta a futuro fue Alcasa, mientras que el resto tiene elevados compromisos de producción que restringen la capacidad de respuesta al mercado transformador, en donde se encuentra la mayor ganancia.
El gerente general de operaciones, Alirio Jiménez, informó que CVG Venalum recuperará su capacidad instalada en un mínimo de dos a tres años.
Esto dependerá de que se garanticen los recursos e insumos para producir más de lo establecido.
La crisis operativa se incrementa con el déficit de recursos para adquirir las materias primas, insumos (fluoruro, coque, brea de alquitrán, magnesio) y repuestos. Si las empresas productoras de aluminio primario estuviesen a toda su capacidad, no habría suficiente materia prima como alúmina, que es fabricada por CVG Bauxilum, pues su producción también bajó por la desinversión.
Debido a la crisis, las empresas recurren a la importación de sus propios productos para satisfacer el mercado interno como por ejemplo bauxita, palanquillas y recientemente aluminio primario para aprovechar el cambio diferencial, dijo Elio Sayazo, presidente de Alcasa.
Conflicto en puertas De las 8 empresas nacionalizadas en el área industrial, 2 están completamente paralizadas y el resto produce por debajo del 50% de su capacidad productiva. Matesi, ahora Briqven, estuvo 2 años detenida y no fue sino hasta diciembre de 2010 cuando arrancó.
Orinoco Iron produce a 33% de su capacidad por déficit en el suministro de mineral de hierro por parte de Ferrominera del Orinoco que, según el presidente del sindicato de profesionales, Benjamín Moreno, produce 37% menos de lo que da su capacidad.
Sidor opera aproximadamente a 70% de sus posibilidades debido a contratiempos de materia prima, insumos y repuestos. Ferrominera, además, tiene completamente paralizadas la planta de pellas y briquetas desde hace algunos meses.
Como corolario, las protestas laborales revivieron otra vez y apuntan a una mayor conflictividad: los trabajadores piden discusión de la contratación colectiva, respeto a las mesas de control obrero y destitución del presidente de Venalum, Rada Gamluch.
Sindicalismo en jaque:
A la espera de una Corporación Socialista. Las altas deudas del Ejecutivo con los trabajadores de las empresas básicas hacen de Guayana un terreno fértil para la conflictividad. Por reclamar beneficios establecidos en el contrato colectivo, el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, afronta un proceso judicial y está privado de libertad desde septiembre de 2009.
Otros 74 trabajadores entre ellos dirigentes sindicales tienen régimen de presentación o un expediente abierto en el Circuito Penal del estado Bolívar, por delitos asociados a la protesta.
A González se le acusa de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo. En noviembre de 2010 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió la “libertad sin demora” y su indemnización por parte del Gobierno.
En promedio, las convenciones colectivas tienen entre dos y hasta cuatro años vencidas. Los presidentes de las empresas y el Mibam dijeron no estar autorizados a iniciar la negociación hasta tanto se integren las Corporaciones Socialistas.
Sólo entre CVG Alcasa y Ferrominera Orinoco los pasivos laborales superan los 2.000 millones de bolívares, según información de esos sindicatos. Los trabajadores, en el peor de los casos, no disfrutan de HCM, cestaticket y le descuentan de su salario beneficios que luego no son cancelados.
Por: CLAVEL RANGEL | CIUDAD GUAYANA
Política | Economia
EL NACIONAL
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