“Este apartamento es lo único
que tengo para mí y mis hijas”
Eloísa Álvarez lucha desde hace cuatro años por el desalojo de inquilinos. Sus inquilinos se amparan en la sentencia del TSJ que suspendió los desalojos, y dicen que “no nos sacan porque estamos protegidos por Chávez”. Ella y sus hijas, mientras, han tenido que vivir arrimadas.
En el 2002 Eloísa Álvarez decidió mudarse a casa de sus padres y alquilar su apartamento ubicado en Colinas de Bello Monte para poder tener un ingreso extra y mantener a sus dos hijas. Hoy se lamenta de esa decisión, pues desde hace cuatro años ha invertido en abogados para que los inquilinos salgan del apartamento, y a pesar que cuenta con dos órdenes de desalojo forzoso, no ha logrado recuperar su vivienda.
Hace siete días decidió instalarse en el pasillo que da entrada a su apartamento y dice que no se moverá de allí hasta recuperar lo que por ley es suyo. En un colchón inflable individual duerme con su hija mayor, se alimentan de lo que le llevan sus familiares y se asean en un lavamanos ubicado en la planta baja del edificio y con toallitas húmedas de bebé.
“Ellos se están amparando en la sentencia del TSJ que suspendió los desalojos de inquilinos, pero resulta que esa sentencia es del 16 de enero y la primera orden de desalojo forzoso salió en noviembre de 2010, y el 10 de enero, después del segundo intento de desalojo ellos firmaron un compromiso ante el juez de salir voluntariamente”, detalla Álvarez, quien inició la batalla legal por su propiedad en el 2007.
Sin pudor alguno, los inquilinos siguen haciendo vida dentro del apartamento de Álvarez. “Ellos salen en la mañana, como si nada, salen mirando hacia el piso, como si no estuviéramos ahí, además traen visitas”, relata llena de indignación la propietaria, quien recuerda que en un principio tuvo buena relación con los inquilinos. “Yo hasta le traía regalos a los niños”, recuerda.
Su hija mayor, Macarena Crespo, de 24 años de edad, lleva una semana ausente de su trabajo, al igual que su mamá. Su hermana menor, de 16 años, no las acompaña, pues en los últimos días ha sufrido crisis nerviosas ya que teme por la integridad física de su familia.
Un par de estampitas, una del Sagrado Corazón de Jesús y otra del Divino Niño, protegen a la madre y su hija, más allá del apoyo de los vecinos y de los familiares que acuden en hora de almuerzo o cuando salen del trabajo.
“Nosotras no tenemos miedo, los vecinos nos apoyan y ellos saben que nosotros hemos hecho todo por la vía legal. Aquí todo el mundo sabe que si nos pasa algo, ellos son los culpables”, afirmó Macarena.
En el edificio tan solo viven diez familias, nueve son propietarias y los únicos inquilinos son los del apartamento 51, el apartamento que Álvarez compró junto a su esposo hace 17 años.
“Hoy (ayer) trajeron a la policía, desde adentro gritaban que de ahí no los sacan, que ellos están protegidos por Chávez y que tienen una audiencia con él”, agregó Álvarez.
Pero ellas tampoco están dispuestas a irse, tanto que compraron unas cadenas y un par de candados por si la medida se llega a revertir y las intentan desalojar a ellas. “Este es mi derecho fundamental, este apartamento es lo único que tengo yo para mí y para mis hijas, es mi única vivienda”, dijo la afectada.
Actualmente, los inquilinos pagan 1.300 bolívares mensuales por el alquiler del apartamento de 152 metros cuadrados. Eloisa dice que ella debe cancelar 800 bolívares mensuales a la junta de condominio, así que ni siquiera está recibiendo una ganancia representativa del arrendamiento.
Para la propietaria, la medida dictada por el Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional y va en contra de los derechos de los propietarios. Recuerda que en los últimos cuatro años ha tenido que vivir en casa de familiares y amigos. “Un mes vivo aquí, un mes vivo allá, pero yo no puedo seguir así sabiendo que ese apartamento es mío y no lo puedo tener”, dice.
Su hermana, en un intento de hacer justicia, trata de conseguir el apoyo de más amigos de la familia a través de una cadena que envía por su teléfono celular. Su decepción crece a medida que pasan los días y al ver la desesperación de Eloisa. “Yo la veo cada vez más angustiada, cada vez está fumando más, todo eso nos está haciendo mucho daño”, dice Kira Álvarez, la hermana menor de Eloisa.
La familia confía en que algún día, lo más pronto posible, se haga justicia y puedan retornar a la tranquilidad de su vivienda.
Por: BEATRIZ CRUZ SALAZAR | EL UNIVERSAL
bcruz@eluniversal.com
jueves 27 de enero de 2011
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