Mafias están detrás de ola de invasiones
diariamente se reciben 5 denuncias

“Piden dinero en efectivo y no responden si hay desalojos”, denuncia el intendente de Maracaibo, Adrián Romero, quien precisa que desde principios de año se han registrado 70 invasiones.

La Asociación de Alcaldes y el Consejo Legislativo designaron comisiones para resolver el problema. En enero se han registrado 109 tomas ilegales en el estado. “Pedimos que nos ayuden”, dicen ocupantes.

Desde que comenzó el año se han registrado 73 invasiones en Maracaibo, según registros de la Intendencia Municipal, donde se reciben a diario hasta 5 denuncias por este delito.

Mafias de invasores de oficio serían las responsables de esta ola de tomas ilegales, en las que puede haber 20 personas en las ocupaciones más pequeñas y hasta 250 en las de mayor tamaño.

En el estado también hay un déficit habitacional de 600.000 casas, según el Instituto Zuliano de la Vivienda. Sólo los municipios Maracaibo y San Francisco reclaman 400.000.

En Maracaibo, las parroquias más afectadas son Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Raúl Leoni, Carracciolo Parra Pérez y Coquivacoa. Hasta el pasado viernes, en todo el estado había 109 invasiones, de acuerdo con estadísticas de la Asociación de Alcaldes del Zulia. Hay 25 en el municipio San Francisco, 3 en Mara, 2 en Miranda y 6 en Jesús Enrique Lossada, donde también fueron tomadas algunas plazas y un terreno del hospital de la jurisdicción.

Los ocupantes dividen las tierras en parcelas y levantan casas fabricadas con latas de zinc. Generalmente son personas que viven en zonas adyacentes al lugar que toman ilegalmente. La gravedad del problema hizo que se apartaran las diferencias en el Consejo Legislativo del Zulia y el jueves pasado se instaló una comisión integrada por oficialistas y opositores para analizar el caso.

La Asociación de Alcaldes también designó un equipo para ofrecer lineamientos de trabajo, integrado por los alcaldes Omar Prieto, Eveling Trejo y Luis Caldera (también presidente de la asociación), de San Francisco, Maracaibo y Mara, respectivamente, junto con la jueza rectora del estado, el fiscal superior, el defensor del pueblo y el director regional de Vivienda y Hábitat.

“Nos la pasamos de un lado a otro con nuestros hijos porque no tenemos dónde vivir. Queremos que nos ayuden como hacen con los damnificados de las lluvias”, precisa Mariyolys Barreto, obrera de 38 años de edad y con 3 hijas, que desde hace 4 días está con 90 personas más en los terrenos de Villa Magisterio, aledaños a la estación Altos de La Vanega del Metro.

En este espacio de 16.400 metros cuadrados se construirán 41 casas y 2 edificios para 100 maestros zulianos. Mario Rivero, presidente de la Asociación Civil Villa Magisterio, explica que el proyecto está en manos del Instituto Zuliano de la Vivienda desde 2002, pero fue en 2005 cuando llegó un poco más de 1 millardo de bolívares para acometer los servicios públicos, de los cuales está listo 80%. Desde entonces está paralizado porque el Ejecutivo regional no tiene recursos. La obra ha sido invadida 3 veces.

El Inzuvi explica que el acuerdo con los maestros consistía en la dotación de servicios básicos y que luego ellos buscarían el financiamiento para las casas. Posteriormente, el Ejecutivo regional alfaltaría las calles, y colocaría aceras y brocales.

Alto déficit habitacional:

Tibisay Pedreáñez, directora del Inzuvi, indica que no hay una data definitiva sobre el déficit habitacional en la región. Se manejan con las estadísticas de la Cámara de la Construcción, que dicen que hacen falta 600.000 viviendas. No obstante, voceros del Gobierno nacional calculan que para todo el estado se necesitan apenas 270.000 casas.

Explica que, a pesar de los recortes presupuestarios realizados desde el poder central, la orden del gobernador Pablo Pérez es mantener la inversión social en la medida de lo posible. Inzuvi maneja 3 programas: 1) Mejoramiento de viviendas, que en 2010 atendió a más de 9.000 personas. 2) La sustitución de ranchos por viviendas. 3) Desde 2008 se impulsa la construcción de desarrollos mixtos. Bajo esta última figura se han levantado los desarrollos habitacionales Los Samanes, en San Francisco, que benefició a 1.569 familias; El Taparo, en La Cañada de Urdaneta, de 352 casas; y en Cabimas, sólo 26 viviendas.

El intendente de Maracaibo, Adrián Romero, destaca que en 2010 también hubo una ola de invasiones a principios de año. Considera que las razones son el déficit habitacional, la falta de inversión oficial y el comercio de parcelas que algunos hacen.

“Estas mafias operan en grupos integrados por 8 o 10 personas. Se meten en el terreno y venden las parcelas. Si están en la zona norte y tienen los servicios básicos pueden costar entre 15.000 y 20.000 bolívares; si están en el suroeste, el precio varía entre 2.000 y 5.000 bolívares”, señala.

Agregó que las mafias actúan especialmente en invasiones grandes, piden dinero en efectivo y no responden si las autoridades los desalojan.

Hoy en día la Intendencia sólo puede detener a los invasores en flagrancia, pues los desalojos son responsabilidad de la Fiscalía y de los tribunales.

Los números para hacer denuncias son 0414-630.58.65 y 0261-797.80.12.

Problema con varias aristas:

En la vía a La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, vecinos de barrios aledaños tomaron un terreno de la urbanización La Pionera, integrada por un conjunto de 376 viviendas en donde faltan por concluir 163 casas.

“Además, 14 de las personas a las que aún no se les han dado las casas se metieron en viviendas que estaban listas, pero que son de otras personas”, acota Víctor Cáceres, accionista de la empresa Conalvén, contratista de la obra. Indica que este último grupo acudió al Indepabis y los denunció por estafa.

“Los dueños no están de acuerdo con que ocurra alguna expropiación. Estamos tramitando el desalojo ante la Fiscalía Cuarta”, comenta.

Juan Pablo Guanipa, concejal de Maracaibo y especialista en materia de municipalidad, dice que el problema de las invasiones tiene varias aristas: la política inadecuada del Gobierno nacional, que se enfrenta a quienes saben y pueden fabricar casas, como el sector privado y los bancos; el discurso presidencial que incita a la población a tomar parcelas, y las personas que se aprovechan de las necesidades de los más pobres y les venden lotes.

Minerva Colina, de 50 años de edad y con seis hijos, tomó desde hace tres días unos terrenos en El Guayabal, al suroeste de Maracaibo. Dice que hace cuatro años el Gobierno nacional la censó para darle una vivienda y a la fecha no la han llamado. “Le pido a Dios y al Gobierno que me dé una vivienda donde sea”.

Guanipa señala que la única forma de atacar el déficit de más de 2 millones de casas que hay en el país es la concertación entre el Ejecutivo nacional, empresarios y entidades bancarias para que, aparte de la Ley de Política Habitacional, haya un cupo obligado para créditos de viviendas. Plantea que se debería trabajar con las alcaldías porque tienen terrenos que se pueden utilizar.

Por: JOSÉ GREGORIO MEZA
GLADYS SOCORRO | MARACAIBO
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