La superficie tomada vía decreto es equivalente
a 11 manzanas del casco histórico capitalino
Los terrenos son para comunidades socialistas y campamentos de pioneros. Las precipitaciones de diciembre trajeron damnificados y con ellos, una lluvia de decretos de expropiación de terrenos en Caracas. El último mes, el presidente Hugo Chávez y la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, han firmado 8 órdenes de expropiación de 39 lotes en la capital con la finalidad de construir viviendas.
La tajada de tierras privadas que ha tomado el Gobierno el último mes suma 114.700 metros cuadrados, localizados en La Urbina, Baruta, Macarao, Catia, Antímano y el centro de la ciudad, lo que equivale a expropiar la plaza Bolívar y 10 manzanas aledañas.
Ayer se publicaron en Gaceta Oficial N° 39596 los decretos de adquisición forzosa de tierras en Catia y Antímano, donde se construirán las comunidades socialistas Manuelita Sáenz y Amatina, y en Monterrey, para un campamento de pioneros.
En los dos últimos se concreta la expropiación de terrenos previamente tomados por el Movimiento de Pobladores, que defienden el acceso a la vivienda y a los servicios de la gente que vive en los barrios.
En Monterrey, en Baruta, no estaban enterados de que ayer se había hecho oficial la expropiación del terreno que 153 familias han cuidado de invasiones por 8 años. Allí, personas que viven alquiladas o arrimadas con sus familiares en los barrios Monterrey, Las Minas y Santa Cruz del Este apostaron por la construcción de viviendas en el terreno de 18.000 metros cuadrados, propiedad de Inversiones Salomón 2007.
En los últimos años visitaron todas las instituciones encargadas del tema, desde el Instituto Nacional de Tierras hasta el Conavi. Desarrollaron un proyecto y el plan se aceleró después de que se reunieron en diciembre con el vicepresidente Elías Jaua, señaló María Echegarreta. En enero participaron en una alocución con el presidente Hugo Chávez como miembros del Movimiento de Pobladores y ahora, otra vez, entregaron el plan a las autoridades.
En el terreno hay ocho ranchos donde viven los custodios de la tierra y una oficina construida con tablas, donde guardan los papeles de la dilatada gestión. Ese es el centro de operaciones del Campamento de Pioneros de Monterrey, urbanismo que construirá la Fundación Propatria 2000, según establece el decreto. “Esta ha sido una lucha de años. Aquí en Baruta, los escuálidos nunca han querido nada para nosotros”, agregó Echegarreta. La intención del grupo de ocupantes es que les den los recursos para construir ellos mismos sus viviendas. “Nosotros no queremos ser más barrio, no queremos tener las casas montadas una sobre la otra. Queremos construir nuestra escuelita y tener abastos y ambulatorio”.
Paralizada la expansión:
En Antímano, el presidente Chávez había anunciado la expropiación de los terrenos de Empresas Polar, y miembros del Movimiento de Pobladores ocuparon la semana pasada el lote. El decreto hizo oficial la toma del área donde la empresa tenía previsto expandir el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, Cania.
En un comunicado emitido por la empresa se rechaza la adquisición forzosa de 9.313 metros cuadrados y señalan que aunque el decreto no incluye el edificio, afecta la expansión y el área logística de la institución.
Polar reiteró que mantienen la propuesta de adquirir únicamente un espacio de 2.700 metros cuadrados, donde funciona un subdepósito de Alimentos Polar.
“Esto sería mucho más racional y expedito que un juicio de expropiación, y permitiría tanto la pronta ejecución del proyecto de viviendas ofrecido por el Presidente, como el desarrollo del proyecto de expansión de nuestro centro nutricional.
Le pedimos al Gobierno que se abra al diálogo y oiga nuestra propuesta. No hay necesidad de expropiar ni de meter gente a la fuerza en los terrenos”, señaló Carmen Elena Brito, gerente general de Cania.
Anunciaron que el departamento legal estudiaba las medidas que tomarían próximamente.
Sin garantías:
Gaceta Oficial Nº 39596 se establece la adquisición forzosa de terrenos que serán utilizados para la construcción de viviendas para damnificados. Sin embargo, el jurista Román Duque Corredor considera que en este caso no se acataron los procesos necesarios para cumplir con las garantías de expropiación establecidas en la Constitución y en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social.
De acuerdo con lo previsto en la norma, el Estado debía llegar a un acuerdo previo con los representantes de los terrenos afectados; de no ser posible, debía de acudirse a un tribunal para que se tramitara el juicio y se determinara si son de utilidad pública. Incluso, si se considerara que es una emergencia también debían haber respetado las condiciones que se refieren a una medida temporal y paga. “Si esto no se cumple, es una expropiación por la vía de hecho y si es el Estado el que se adueña de los terrenos, es una confiscación”, afirmó Duque.
Por: FLORANTONIA SINGER LAURA WEFFER CIFUENTES
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