Le permitía circular sin restricciones

El empresario venezolano Walid Makled, acusado de narcotraficante y actualmente detenido en una cárcel de máxima seguridad en Colombia, portó desde 2005 y hasta el momento de su captura un carnet que lo acreditaba como el segundo más alto oficial de inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana.

Una copia suministrada por el acusado que el carnet tiene la numeración 05-0002 y fue firmado por el general Gerardo Vivas Venegas, y permitía a Makled circular sin restricciones. “Aunque aparece la firma del general Vivas Venegas, el carnet me lo entregaron por orden de un oficial superior”, explicó Makled.

Desde su captura en agosto de 2010, Makled ha denunciado que sostenía relaciones de negocios con altos oficiales de la FANB y que portaba varios documentos de identificación que le acreditaban como funcionario activo de la organización armada, incluyendo uno que lo identificaba como fiscal militar.

Makled dijo que recibió la colaboración y protección en presuntas actividades de narcotráfico por parte de funcionarios como el comandante general de la Armada, vicealmirante Carlos Aniasi Turchio, el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, el general de la Guardia Nacional Dalal Burgos, y el ex gobernador del estado Carabobo, general Luis Felipe Acosta Carles.

También afirmó que pagó hasta 1 millón de dólares mensuales en ayuda al PSUV, y que hizo depósitos a personalidades ligadas al gobierno chavista, entre ellos a Firaz el Aissami, hermano del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek el Aissami.

Tanto el ministro El Aissami como otros voceros del gobierno del presidente Hugo Chávez han negado cualquier clase de vínculos con el narcotraficante y aseguran que se trata de una campaña de descrédito contra la revolución bolivariana.

Fuentes cercanas al caso en Estados Unidos manifiestan que el detenido ha sostenido varios encuentros con funcionarios norteamericanos, después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que pondría a Makled a disposición del Gobierno de Washington, antes de autorizar su extradición a Venezuela.

Según las leyes colombianas, el presidente Santos tiene la última palabra sobre la extradición de Makled, y ha reiterado su promesa de que lo enviará a Venezuela, luego de un proceso que podría tardar hasta 18 meses.

La única posibilidad de que no se produzca la extradición pedida por Caracas, sin embargo, es que se argumente que en Venezuela “se pone en peligro la vida o integridad física del solicitado”, explicó a El Nacional el experto jurista colombiano Rafael Nieto Loaiza.

“La Corte y el Presidente pueden decidir extraditar a quien primero hizo la solicitud, pero no están obligados a hacerlo así. Podrían, por ejemplo, decir que se extradita al país que alega delitos más graves, sostener que no hay garantías al debido proceso en uno de los países o que en uno de los países solicitantes se pone en peligro la vida o integridad física del solicitado”, detalló Nieto Loaiza.

Documento implica al almirante Aniasi:

Ex edecán de Chávez le concedió puertos

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El vicepresidente de Un Nuevo Tiempo y también diputado, William Ojeda, mostró copia de un documento que señala que el almirante Carlos Máximo Aniasi, quien fue edecán del presidente Chávez, concede a la empresa Almacenadora Makled los almacenes de la aduana principal de Puerto Cabello. El informe reposa en la Notaría Pública Segunda de Puerto Cabello, fechado el 30 de diciembre de 2005, firmado por Aniasi como presidente del Instituto Autónomo del Puerto de Puerto Cabello. El propio Walid Makled reveló la existencia del papel y aseveró que sostuvo relaciones de amistad y de negocios con el oficial de la armada. Ojeda también denunció que el Ministerio de Finanzas y el Seniat dieron privilegios a la empresa de Makled para aumentar el espacio de almacenaje otorgado, de 2.760,25 a 46.865,81 metros cuadrados. El diputado pidió al Gobierno central que explique estos hechos. “¿Cómo es posible que una persona tenga una aerolínea nacional si no se la aprueba el Gobierno?, ¿cómo es que tiene la distribución de fertilizantes de Pdvsa?, y ¿cómo es que controla las almacenadoras privilegiadas del principal puerto marítimo del país? El emporio que construyó Makled está claramente conectado con las autoridades nacionales”, indicó el diputado.

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Para Ojeda, 2010 fue una muestra de la inacción de las autoridades venezolanas ante los hechos de corrupción. “El año pasado representó la pérdida de una gran oportunidad para avanzar en la identificación de los cómplices en el caso Antonini Wilson. Además, en el 2010 se descubrió uno de los crímenes más grandes contra los pobres en toda la historia de Venezuela: 170 millones de kilogramos de comida podrida que se pagó, se dejó perder, y no llegó a los más necesitados”.

Condenó que la comisión de Contraloría de la Asamblea sea un “gigantesco congelador de la corrupción”, puntualizó.

Por: CASTO OCANDO
NARCOTRÁFICO | Judicial
EL NACIONAL