Cada año se venden
14.000 unidades usadas
Las medidas coercitivas del Gobierno en el mercado secundario con el establecimiento de un valor único y hacia debajo para la venta de viviendas usadas desencadenarán un mercado negro que acentuará la crisis habitacional del país, alertó ayer Roberto Orta, directivo de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
El presidente Hugo Chávez Frías anunció el domingo la intervención del mercado secundario para dar precios justos a la venta de viviendas usadas.
Al respecto, Orta señaló que el propietario de un apartamento en Caricuao tasado a 500.000 bolívares fuertes le perjudica que lo obliguen a vender por debajo de ese valor.
“Con la venta, ese propietario espera recuperar el valor de reposición para compensar el impacto de la inflación, sobre todo porque en muchos casos la venta se hace para adquirir un inmueble mejor, con más espacio”, explicó el experto.
Agregó que cada año se transan 14.000 viviendas en el mercado secundario, lo cual no resuelve el problema de fondo: el déficit nacional de 2 millones de viviendas.
Aquiles Martín, presidente de la Cámara Inmobiliaria, indicó que los afectados por la congelación de precios en el mercado secundario son la gente común, que cuenta con un apartamento o casa adquirido con el fruto de su trabajo para mejorar su calidad de vida.
Martín dijo que el anuncio presidencial del domingo “genera dudas y zozobra en un grupo de venezolanos que no son ricos, ni grandes monopolios”. Agregó que en el precio de un inmueble entran factores como la zona donde está ubicado, los servicios y áreas de recreación y las mejoras (cocina empotrada, pisos, closet) que el propietario le haya realizado al hogar.
Sobre las expropiaciones por el Gobierno de los llamados terrenos ociosos, el presidente de la Cámara Inmobiliaria dijo que los solares de Caracas afectados la semana pasada suman unos 13.000 metros cuadrados, los cuales dan para construir apenas 180 apartamentos de 70 metros cuadrados cada uno.
“Lo más conveniente es que el Gobierno se siente a dialogar con todos los actores del sector inmobiliario (banca, constructores, usuarios, proveedores de servicios y materiales, propietarios, entre otros) para diseñar y concertar una política habitacional coherente en la búsqueda de solucionar el déficit de viviendas”, insistió Martín.
Refirió que según cifras del BCV el Gobierno ha construido 39.000 viviendas en 11 años, frente al promedio de 69.000 unidades edificadas con el sector privado de cada quinquenio de la llamada cuarta república. En 1998, el déficit nacional de viviendas alcanzaba 1 millón de unidades.
Por: ANA DÍAZ
Política | Economia
EL NACIONAL
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