La vía legal es el
último recurso
En 2008 las llamadas petrocasas resplandecían: constituían el advenimiento de una práctica solución al déficit de vivienda del país. Se anotaban un éxito con su estreno formal en Guacara (Carabobo), hasta donde fue el mismísimo presidente Hugo Chávez a recorrer el vecindario Nuestra Señora de La Coromoto en el que el blanco material de la industria petroquímica criolla sustituyó la miseria de los ranchos de tablas.
Nunca faltan, sin embargo, los aguafiestas: en la Fundación Aguaclara, organización que forma parte del Comité Nacional para la Implementación del Convenio de Estocolmo, y en la ONG defensora de derechos humanos, Provea, encontraron argumentos para señalar que eso que parecía tan bueno en realidad podía derivar en problemas aún mayores, que esas cuatro paredes podían ser tóxicas.
La Fundación Aguaclara se dedicó a enviar comunicaciones al Ministerio de Ambiente, a la Asamblea Nacional, a Pequiven y a Petróleos de Venezuela. Nadie respondió. Algo similar hizo Provea dirigiéndose especialmente al ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, y también a la Defensoría del Pueblo. Pero nada: ningún funcionario reaccionó a las advertencias que hicieron sobre los riesgos que implica el muy cuestionado -y también muy alabado- polímero que forma la estructura de esas viviendas.
Esa falta de respuesta se mantuvo a lo largo del tiempo. Y por eso Provea terminó tocando a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una medida cautelar que detenga e impida “cualquier actividad tendiente a la construcción de viviendas compuestas de cloruro de polivinilo”. Eso fue el pasado 8 de diciembre. El TSJ, por ahora, tampoco responde.
¿Con o sin plomo?
Al policloruro de vinilo se le conoce mejor como PVC. En la industria del plástico -y de la construcción- le tienen como un aliado formidable por ese alto grado de versatilidad que ha hecho que esté presente hasta donde menos pensamos. Pero entre los ambientalistas y en algunos círculos científicos el PVC es considerado un verdadero veneno con un potencial tóxico que arranca desde su fabricación.
En ese proceso -explicó María Eugenia Gil, presidenta de Aguaclara y docente universitaria- se desprenden emisiones de dioxinas y furanos, compuestos químicos muy tóxicos -cancerígenos- incluidos en la lista de los llamados Contaminantes Orgánico Persistentes.
Hay al menos 156 naciones comprometidas con la eliminación de los COP en el marco del Convenio de Estocolmo. Venezuela es una de ellas desde el 23 de mayo de 2001 y ratificó su compromiso el 3 de enero de 2005. El Convenio concentra sus esfuerzos en tres grupos de COP: plaguicidas, bifenilos policlorados (PCB) y las dioxinas y furanos.
Dioxinas y furanos se forman en los procesos industriales relacionados con el plástico y donde interviene el elemento cloro, como en el caso del PVC. También en la combustión de plásticos, desechos hospitalarios y basura, entre otras cosas. Pero además de la posibilidad de esas emisiones, Gil señala que para hacer flexible el PVC se le añaden sustancias del grupo de los pftalatos -otros COP-, para estabilizarlo le añaden un metal pesado, como el plomo -y todos los metales pesados son nocivos para la salud-; y para hacerlo antiinflamable utilizan sal de bromo, señalada por afectar los sistemas endocrino, reproductor y neurológico.
En una nota publicada en esta sección el 3 de agosto de 2008, el gerente de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Pequiven, Julio Medina, aclaró que con el PVC de Petrocasa no hay riesgo alguno para la salud, aunque reconoció la presencia de un “compuesto de plomo” en baja cantidad: “124 gramos por casa” y que queda “completamente reticulado dentro de la resina, lo cual inhibe su liberación al medio”. En ese momento aseguró también que en menos de un mes ese plomo sería sustituido por calcio/zinc. Pero de esto último nada más se supo.
Pregúntale a otro:
Información es justamente lo que tanto Provea como Aguaclara exigen. El 13 de junio los representantes de Provea enviaron una carta al ministro Ramírez solicitando cuatro cosas:
■ 1.-) “Que de forma pronta y perentoria, se proporcione a nuestra organización y colectividad en general, el estudio oficial sobre las especificaciones técnicas: Química (composición química que incluya aditivos y sus porcentajes y proporciones) y Mecánica (propiedades mecánicas y físicas)”.
■ 2.-) “Se proporcione a nuestra organización y colectividad en general, los planes y proyectos de construcción de nuevos urbanismos o expansión urbanística con este tipo de viviendas, incluyendo el número de viviendas proyectadas y la ubicación geográfica de las mismas”.
■ 3.-) “Información oficial si este tipo de viviendas será incluida como el sistema oficial de construcción en la nueva Misión Villanueva u otro plan de Estado para solventar el déficit habitacional”.
■ 4.-) “Nos informe oficialmente sobre la posibilidad de realizar visitas institucionales a urbanismo que posean petrocasas, para hacer evaluaciones de las viviendas desde una perspectiva de los derechos humanos, y coadyuvar en el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de vivienda”.
Antonio Puppio, abogado y coordinador del programa de Exigibilidad en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Provea, explicó las razones de estas inquietudes: “El derecho a la vivienda también tiene que ver con materiales de construcción y la salud; de modo que cuando anunciaron las petrocasas nos preocupó el riesgo por uso de PVC, especialmente por el componente de plomo. Por eso decidimos solicitar información al ministro, de acuerdo a lo que establece el Artículo 51 de la Constitución”.
En esa comunicación argumentaban: “Desde la perspectiva del derecho a la salud, es necesario que las condiciones de las viviendas permitan que sus habitantes no sufran consecuencias o patologías generadas por factores invisibles sobre los cuales no tienen la posibilidad de injerir, convirtiéndose en consumidores pasivos de tóxicos generados por la propia vivienda”.
Provea reenvió la carta al ministro Ramírez el 16 de julio de 2008. Y nada. El 10 de febrero de 2009 se dirigieron a la Sala Político Administrativa del TSJ a presentar un recurso contencioso-administrativo de abstención o carencia contra Ramírez argumentando violaciones al “derecho a dirigir peticiones y recibir respuestas oportunas y adecuadas” que obliga a los funcionarios a atender requerimientos informativos.
Esta acción legal aspiraba -o aspira- a que el TSJ ordene a Ramírez responderle a Provea. Todavía esperan que el TSJ diga algo.
El 8 de diciembre de 2010 hicieron otro intento con una medida cautelar innominada al TSJ en la que solicitan que los magistrados decidan que Pdvsa y sus filiales, y todas las empresas que venden y distribuyen PVC “se abstengan de realizar cualquier actividad que atente contra el ambiente, la salud o la vida de quienes se encuentren en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela” y que, además, ordene a todas las instancias involucradas detener la construcción de viviendas compuestas por PVC hasta que estudios concluyentes determinen “la completa y absoluta inocuidad de estos componentes y sus derivados sobre la salud” de las personas expuestas a ellos de manera directa o indirecta, momentánea o permanente “al tiempo que debe determinarse también el resultado de impacto ambiental de estos materiales a corto, mediano y largo plazo”.
En diciembre de 2009 la Fundación Aguaclara se adhirió a la solicitud de información activada por Provea. Para su presidenta existen “dudas razonables” sobre el potencial contaminante del material de las petrocasas.
Junto a la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad Simón Bolívar, hicieron un análisis de muestras de polvo y agua obtenidas en algunas viviendas que reveló presencia de plomo dentro de parámetros considerados “normales”.
Gil reconoce que las pruebas no son suficientes y que se necesitan evaluaciones más completas, pero la fundación no tiene recursos para eso. Pese a todo, con el apoyo del toxicólogo Manuel Arellano preparan una encuesta de prevalencia toxicológica que esperan poder hacer entre habitantes de las petrocasas.
Que la concentración de plomo sea poca, no es algo que calme las preocupaciones: “Si la dosis es alta, el cuerpo reacciona de inmediato, pero si el organismo es sometido a pequeñas dosis de manera constante el plomo se acumula y con el paso del tiempo genera dolencias que frecuentemente se atribuyen a otras cosas”, advierte Gil: “Por ejemplo, fallas de desarrollo intelectual en los niños o conductas violentas”.
En agosto de 2009, Pequiven informó que un laboratorio alemán determinó que los perfiles de Petrocasa no emiten “sustancias cancerígenas” y comprobó la ausencia del “monómero tóxico Monocloruro de Vinilo (MVC) en el Policloruro de Vinilo (PVC), molécula que según estudios causa cáncer”. Pero Gil insiste con el asunto del plomo y la necesidad de despejar dudas con más argumentos que una nota de prensa.
Un documento elaborado por el abogado de Pequiven y enviado al ministerio de Energía y Petróleo fue incorporado al expediente del recurso contra el ministro Ramírez. Allí intercambian argumentos para sustentar que la cosa no es con ellos: dicen que el ministerio no tiene nada que ver con planes de vivienda y que Provea debió dirigirse a Petrocasa, aunque -afirman- por ser una empresa “privada” no está regida por la Ley de Procedimientos Administrativos. Y, faltaba más, señalan que la información solicitada se considera secreto industrial. Ahora le toca hablar al TSJ. El lapso ya venció.
Por: Oscar Medina
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