Para los inmobiliarios el Estado
está avalando las invasiones

Estiman en Bs 900 precio máximo del metro cuadrado en Caracas. Chávez este fin de semana anunció nuevas regulaciones para el sector inmobiliario, y más allá de la Ley de Emergencia que permite declarar de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos, el Gobierno procederá a controlar los precios de las viviendas y prohibir los desalojos forzosos en las casas alquiladas. Estas medidas, a juicio de los inmobiliarios, limitarán la disponibilidad (venta) de unidades y acentuará la caída de las operaciones de compra y venta de soluciones habitacionales.

El control al sector inmobiliario se acentuó en 2008 cuando en la Ley de Vivienda se estableció que se declaran de utilidad públicas todos los bienes y servicios a ser utilizados en la construcción de viviendas, luego en 2009 el Ejecutivo creó la Ley de Tierras Urbanas y le prohibió a las constructoras cobrar el índice de precios al consumidor en las preventas.

El pasado año las medidas se ampliaron y el Gobierno procedió a la expropiación y ocupación de desarrollos habitacionales bajo el argumento de cobro del IPC y retraso en la terminación de unidades. Con la intención de regular los arrendamientos, el Ministerio de la Vivienda ordenó a aquellos que alquilan habitaciones registrarse en Inquilinato.

Ahora el primer mandatario, señala que por la vía de la Habilitante se aprobará la Ley de Emergencia que permite declarar de utilidad pública los terrenos, y anunció la Ley del Mercado Secundario para la determinación de los precios en las ventas de las viviendas.

En picada:

Esa fijación de los parámetros para la oferta en el mercado secundario, según Aquiles Martini, afectará la libre disponibilidad de las unidades.

El abogado, José Vicente Haro, apunta que en la Carta Magna se establece que los atributos de la propiedad son el uso, goce, disfrute y disposición, “y ese último atributo, es decir la disposición, se impacta con la decisión de establecer valores de referencia para la venta”.

“Esas medidas harán que los propietarios piensen bien antes de vender la vivienda, por lo tanto, la oferta será menor”.

Según cifras preliminares que maneja la Cámara Inmobiliaria, el pasado año la compra y venta de soluciones habitacionales en el mercado secundario tuvo una caída de 40%, por ello Martini asegura que “ese descenso se acentuará en 2011”.

“Habrá menos unidades y más necesidades, porque la demanda aumentará. Con estas medidas ¿a quién termina afectando el Gobierno? a todos los venezolanos que requieren de una solución habitacional”.

Especulación:

En este contexto, la Red de Inquilinos, que le presentó al Presidente Hugo Chávez la propuesta de regulación de los precios, estima que en el mercado secundario se tienen que tomar medidas por la especulación.

El presidente de la organización, Rigel Sergent, expresa que el precio del metro cuadrado de las viviendas tiene que oscilar entre 700 y 900 bolívares.

Apunta que “en los valores actuales existe especulación, se tiene que separar los costos de los terreno y las bienhechurías, con nuestra metodología se logran bajar los precios”.

De acuerdo a lo indicado por el primer mandatario en el transcurso de los próximos días e instalarán mesas de trabajo para la revisión del mercado secundario, y la organización espera por la convocatoria del Ministerio de la Vivienda.

Alentar ocupaciones:

Aunado a las regulaciones en el mercado inmobilario, el primer mandatario este sábado procedió a la expropiación de inmuebles que habían sido invadidos en Catia y Baruta. Esa medida genera inquietud.

Aquiles Martini, expresa que “esos decretos avalan las invasiones y ello no es la solución a los problemas que se registran en el sector habitacional”. Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, esa situación se estará repitiendo en otras edificaciones.

El abogado, José Vicente Harto complementa al señalar que “el Estado da un espaldarazo a las ocupaciones de inmuebles”, y añade que “esa medida no respeta el derecho de propiedad e incumple con los parámetros de la Ley de Expropiaciones”.

Indica que con esta última decisión el Gobierno no realiza una expropiación, efectúa una confiscación de los inmuebles. “De alguna manera, esas decisiones alientan a las personas que están en edificios ocupados o invadidos a solicitarle al primer mandatario nacional que dicte medidas similares”.

Por: MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
martes 11 de enero de 2011