Por caso Drummond – ‘‘paras’’

El caso Drummond, como se conoce el proceso que se sigue en EE.UU. contra esa minera, se remonta a 2001, cuando los paramilitares, supuestamente apoyados por esa multinacional, iniciaron una campaña de terror y muerte, hechos sobre los que ahora piden cuentas al ex presidente Álvaro Uribe.

Forzar al ex presidente de Colombia Alvaro Uribe a que declare en un caso civil en Estados Unidos relacionado con el asesinato de campesinos no sólo viola su inmunidad soberana sino que perjudicaría las relaciones de Washington con el actual presidente de ese país, aseguró el abogado de Uribe en un extenso memorando.

“El punto es éste: el resultado de esta disputa no sólo afectará al presidente Uribe. Si esta corte ordena al presidente Uribe testificar pese a la petición de inmunidad de Colombia, la relación de Colombia y Estados Unidos y nuestra asociación en la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo se afectará claramente”, escribió el conocido jurista, Gregory B. Craig, quien representó al presidente Bill Clinton.

La teoría de Craig es que el gobierno de Juan Manuel Santos, a quien se refiere como Juan Miguel Santos, se verá constreñido para luchar contra los grupos guerrilleros por el temor de ser objeto de similares solicitudes en cortes de EEUU cuando termine su mandato.

El memorando de 38 páginas, radicado en una corte federal de Washington D.C, asegura que el gobierno de Santos le pidió a Uribe no declarar en el caso.

La demanda es contra la empresa Drummond Company, Inc. que opera un extenso yacimiento de carbón al norte de Colombia. Decenas de familiares de campesinos colombianos asesinados en la zona aledaña al ferrocarril de la compañía, alegan que la empresa se asoció con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para cometer los asesinatos a fin de evitar el avance de la guerrilla en la zona.

Uribe, quien fue notificado de la demanda el pasado 3 de noviembre cuando salía de dictar clases en Georgetown University, en Washington D.C, no está acusado, pero fue citado para declarar, según la querella, por su conocimiento de la relación entre los paramilitares y la Drummond.

Radicado en una corte federal de Washington, el memorando de Craig combina argumentos legales con razones de conveniencia política en favor de un ex presidente que asegura fue el mejor y más efectivo aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.

Con la acción legal contra Uribe, según Craig, el abogado de los demandantes, Terrence P. Collingsworth, busca publicidad y está dando palos de ciego para sacar información tendiente a desacreditar al popular ex presidente.

Craig alega que Collingsworth no ha demostrado el supuesto conocimiento de Uribe de la relación entre los paramilitares y la empresa.

También sostuvo que para la fecha en que la demanda fue interpuesta en la corte federal de Alabama, en mayo del 2009, Uribe era el presidente en ejercicio y, por lo tanto, sus actuaciones están amparadas por la inmunidad de un jefe de Estado.

Pero aun en el caso en que la corte tome la decisión, sin antecedentes, de obligar a Uribe a declarar como ex jefe de Estado, agregó el abogado, el ex mandatario continúa protegido por la inmunidad porque así lo solicitó el gobierno de Colombia.

De aceptarse la excepción a la inmunidad, la corte quedaría abocada a definir un tema que no le corresponde, como es el de ventilar juicios políticos sobre si el gobierno de Colombia fue o no un Estado patrocinador del terrorismo, afirmó Craig.

“Esa es una determinación política reservada a las ramas políticas [del gobierno de Estados Unidos] y ya fue tomada”, indica el recurso al citar varios elogios del gobierno del presidente George Bush a Uribe. Entre ellos, los “heroicos esfuerzos [de Uribe] en combatir el terrorismo y mejorar los derechos humanos”, asegura el abogado.

Organizaciones de derechos humanos independientes han denunciado que el gobierno de Uribe fue tolerante y en algunos casos cómplice de las AUC. Collingsworth señala en la demanda que Uribe ha torpedeado las investigaciones judiciales que pretenden probar la relación del gobierno con el paramilitarismo.

El gran interrogante es la posición que va a tomar el gobierno de Obama ante la petición del embajador de Colombia en Washington para que se apliquen al ex presidente ‘‘todas las inmunidades”.

Pese a que la solicitud fue elevada desde el 12 de noviembre, el Departamento de Estado no ha revelado su decisión.

Collingsworth interpretó el silencio del Departamento de Estado como una señal definitiva de que no está dispuesto a solicitar la inmunidad del ex presidente ante la corte en un recurso en el que pidió que se declare en desacato a Uribe por no haber acudido a la citación el 22 de noviembre.

Sin embargo, Craig sostuvo que el gobierno de Estados Unidos continúa estudiando la solicitud.

Por GERARDO REYES
greyes@elnuevoherald.com