Desde 2002 comenzó la política
de toma de bienes de privados

Desde 2002 comenzó la política de toma de bienes de privado. Con la derogación de la Reforma Agraria y la entrada en vigencia de la Ley de Tierras, en 2001, el Gobierno ha asumido el control de fincas. Se iniciaba con ellas la política de expropiaciones en el país, acciones que ya suman más de mil 200, con una deuda por encima de 20 mil millones de dólares.

Alfredo Gordon, analista económico, explica que “ese sería el monto total de las expropiaciones”, según sus cálculos. Supone que el Ejecutivo ha pagado a una tercera parte de los afectados, que “sólo incluye a inversionistas extranjeros, de empresas transnacionales”. Mientras que a los venezolanos afectados “no les ha pagado nada”.

Cita el caso de las contratistas petroleras, empresas de alimentos, y las que a través de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, fueron intervenidas con ocupaciones, que luego pasaron a ser administradas por el Gobierno, bajo la figura de “adquisición forzosa”.

Gordon niega que haya expropiaciones, asegura que el término es expoliación. “La diferencia es que hay despojo de una propiedad por medios violentos sin contraprestación ninguna”. Indica que el Gobierno se apodera de bienes, sin pagar, y no se atiende el procedimiento que establecen las leyes para la expropiación.

Con la incorporación de normativas precisa que el “proceso puede ser legal, pero no es legítimo”. La legalidad estaría en que “ha sido amparado a una figura que está incorporada la Ley del Indepabis que llaman ocupación previa, y de compras forzadas; y una serie de términos que ha permitido la ley. Pero, estas expropiaciones no pueden estar por encima de la Constitución nacional. Son legales, son ilegítimas”.

Pese a que el Ejecutivo se justifica e insiste que es para aumentar la producción bajo la filosofía socialista, las actuaciones en los bienes privados se apunta a uno de los 10 objetivos estratégicos: “La construcción de un modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico”, establecidos con precisión en 2004 y ratificados en 2008, cuando Hugo Chávez, presidente de la República, anunció la aplicación de las tres erre (revisión, rectificación, reimpulso) y aseguró que el país se guiaría a una política económica con escenario revolucionario.

El economista señala que los cambios se enfocan a una ideología, cuyo resultado es que las empresas en poder del Gobierno “que están trabajando, han disminuido un 30 por ciento la producción, sólo de las que están funcionando”.

Deudas:

Más de mil expropiaciones ha ordenado el Gobierno en nueve años, acumulando una deuda de más de 20 mil millones de dólares.

De las empresas administradas la producción ha disminuido un 30 por ciento.

Por: Yasmín Ojeda