Tras 5 años de hegemonía el oficialismo
no sancionó leyes vitales para la gente

PCV y Podemos criticaron falta de voluntad política. Como antisocialista puede calificarse la gestión de la saliente Asamblea Nacional a juzgar por su incapacidad ­o falta de voluntad según el PCV y Podemos- para legislar en tres áreas neurálgicas para el sistema de gobierno que dice promover el presidente Hugo Chávez: trabajo, seguridad social y seguridad personal.

Cada vez que fue consultada sobre la agenda legislativa, la presidenta del Parlamento, Cilia Flores, incluyó los tres temas como puntos prioritarios.

Sin embargo, ni la ley del trabajo ni la de seguridad social ni la de desarme forman parte de la lista de más de 435 leyes aprobadas entre enero de 2006 y diciembre de 2010.

Elefante rojo:

La promesa de aprobar una nueva ley orgánica del trabajo fue una de las más recurrentes. En marzo de 2008 el Partido Comunista de Venezuela asumió ­con apoyo del PSUV- la bandera de la redacción de una nueva ley laboral.

El diputado comunista Oscar Figuera, quien para la fecha presidía la Comisión de Desarrollo Social de la AN, introdujo la petición formal para iniciar la revisión del texto; coordinó el proceso de consultas; estuvo al frente de la elaboración del informe para primera discusión y logró su aprobación en la cámara.

El 30 de octubre de 2009 fue la fecha anunciada para entregar el proyecto para la segunda discusión, pero llegado el día, reinó el silencio. “Figuera fue embarcado por los integrantes de la Comisión en varias ocasiones. En enero de 2010 lo removieron de la presidencia de la Comisión sin mayores explicaciones”, dijo el diputado saliente del PCV, Douglas Gómez.

A su juicio, la no aprobación de la ley revela inconsecuencia por parte del PSUV: “Lo que pasó con este instrumento lo catalogamos como falta de voluntad política de quien controla la Asamblea. Si quieres transitar el camino al socialismo tienes que empezar por modificar las relaciones de producción que dan cimientos al Estado burgués; una de las maneras era aprobar una ley que introdujera cambios en la relación del capital y el trabajo, pero no se hizo”.

Hasta los dientes:

El ex presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la AN y hoy magistrado del TSJ, Juan Mendoza, dijo en julio de 2010 que en Venezuela “casi uno de cada dos ciudadanos porta un arma”, situación que sería controlada con la prometida aprobación de la ley para el desarme y control de municiones.

El diputado de Podemos, Ismael García, que presidió en el 2006 una comisión especial contra el crimen y la violencia, recordó que la propuesta principal de la instancia fue un llamado a “conformar una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo para estructurar una política de seguridad personal integral, pero el Gobierno no le dio importancia”.

García sostuvo que la incorporación de la inseguridad como tema de campaña para las elecciones legislativas obligó a la AN a introducir la ley desarme para el segundo debate, 10 días antes de los comicios; pero luego de aprobar el título y los 2 primeros artículos, la presidenta Cilia Flores aplazó la discusión indefinidamente.

Mora constitucional:

El 5 de enero de 2010, Ricardo Gutiérrez, de Podemos, dijo: “No hay un régimen de salud, ni ley de pensiones y jubilaciones, a pesar de que el Gobierno se ufana de ser socialista”. Fue un presagio.

Los diputados salientes no cumplieron con su objetivo: echar a andar antes de 2007 un cuerpo legislativo integral y reformado del antiguo sistema de seguridad social. “La falta de claridad y volunta política de la Asamblea y del Ejecutivo sobre esta materia arroja como resultado un sistema (de seguridad social) incompleto, excluyente, descoordinado y desigual”, según el informe de Provea de 2010.

Un avance importante fue la homologación de las pensiones de sobrevivientes al salario mínimo a través de la reforma de la Ley del Seguro Social y la sanción del Estatuto para las Jubilaciones de Empleados Públicos. Pero las deudas acumuladas resaltan.

La primera es la Ley del Régimen Prestacional de Pensiones. La segunda falta es un Régimen Prestacional de Salud, incluido en el proyecto de Ley de Salud que se engavetó luego de haberse aprobado en primera discusión en 2004.

Rafael Ríos, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, no descarta que la reforma a la Ley de Seguridad Social llegue vía Habilitante: “Entregamos a la Vicepresidencia un proyecto que contempla elevar el techo para el cálculo de las cotizaciones para las pensiones y otorga al Presidente la potestad de designar al tesorero y superintendente de Seguridad Social, y escoger los representantes sindicales de los directorios de los organismos relacionados”.

MARU MORALES | FABIOLA ZERPA
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