Perjuicio patrimonial a la estatal
fue de US$ 38 millones
La representante del Ministerio Público Rocío Vallejo procedió ayer a imputar a Alejandro Takahasi, Armando Rodríguez Knutson y a Cíbar Granada Campos, los tres ex presidentes de la firma estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), por el supuesto delito de lesión de confianza.
Por un lado es por el pago de intereses a la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), que según la agente se hicieron fuera de lo que establecía el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas (ACEC) -firmado en el 2004 entre el ex presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y el mandatario caribeño Hugo Chávez-, donde se establecía un interés del 2%.
Así como el hecho de un supuesto pago adicional o plus con unos parámetros que no eran coincidentes con lo que la entidad estatal venía abonando en varios años de contrato, siempre teniendo en cuenta el precio del combustible (gasoíl o nafta) en el mercado internacional, explicó Rocío Vallejo.
DAÑO:
El Ministerio Público consideró que existen suficientes elementos de sospecha de que Armando Rodríguez, Alejandro Takahasi y Cíbar Granada, como autoridades de Petropar, transfirieron en forma reiterada los importes durante las recurrentes pérdidas registradas.
La imputación señala que, por un lado, el perjuicio del interés irregular a las cuotas de pagos a PDVSA asciende a 4.946.582 dólares (cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta y dos), en tanto que en los plus de las cuentas el perjuicio patrimonial a la petrolera estatal rondaría la suma de US$ 33.000.000 (treinta y tres millones).
Sumando los dos hechos, el presunto perjuicio a Petropar ascendería a los US$ 38.000.000, que fueron registrados en los periodos del año 2006 al 2008.
MEDIDAS:
La agente fiscal Rocío Vallejo pidió medidas alternativas a la prisión para Takahasi, Rodríguez y Granada, ya que en todo momento los ex presidentes de la petrolera estatal se pusieron a disposición del Ministerio Público, explicó.
“No existió una obstrucción a la investigación penal ni al otorgamiento de los documentos, pues hemos accedido a toda la documentación solicitada”, dijo la fiscala, agregando que pidió al Juzgado seis meses de tiempo para presentar la acusación.
La agente investigadora señaló que el Ministerio Público tomó como base una auditoría realizada por la empresa Audicom, que fue contratada por la estatal, los documentos de contratos entre Petropar y PDVSA, además, los informes que fueron proveídos por la Contraloría General de la República.
