Excluye vivienda principal

La idea de imponer un impuesto al patrimonio de los ciudadanos nuevamente forma parte de los proyectos que revisa el despacho de las finanzas públicas, dentro de las facultades que le concedieron al Ejecutivo para legislar en materia tributaria.

Hace cinco años el Seniat elaboró un proyecto de ley dirigido a pechar bienes sobrebienes y derechos patrimoniales de las personas naturales, y el cual pretendía sustituir el impuesto a las sucesiones que actualmente se cobra por los bienes que se heredan de una persona fallecida.

Revisan el borrador con motivo de la reforma tributaria que prevé emprender el Ministerio de Planificación y Finanzas, principalmente porque no quiere que las modificaciones se refieran exclusivamente a impuestos regresivos como el IVA o al IDB, cuya tasa o alícuota es igual para quienes tienen altos ingresos como para los de pocos ingresos. “El impuesto al patrimonio iría asociada a una revisión del impuesto sobre la renta”, dijo una fuente oficial.

El proyecto redactado parte del cobro de una tasa anual de 1% por patrimonios iguales o superiores a 15.000 unidades tributarias, que en la actualidad equivale a 975.000 bolívares, pero ese monto excluye el inmueble que sirva de vivienda principal, los bienes que formen parte de la actividad profesional de la persona, los derechos que provengan de la propiedad intelectual o industrial que reciba, las inversiones en bonos públicos y el dinero en cuentas de nómina.

También están exentos los efectos personales y del hogar, pero el impuesto sí recae sobre la propiedad de una segunda vivienda o inmueble de vacaciones, aeronaves, naves y veleros, acciones en empresas o clubes o centros recreativos, joyas, pieles, obras de arte y antigüedades.

En el Seniat se considera que el impuesto al patrimonio de las personas opera como un complemento del ISLR y “el pago es mayor cuánto más riqueza se tiene”, expresó la fuente.

Asuntos de sucesión. El Seniat afronta problemas con el impuesto de sucesiones porque su recaudación es baja, los trámites para su declaración y pago son engorrosos y, según señalan, su elusión es fácil, sobre todo por parte de las personas de altos ingresos.

El organismo tributario, a través de una dependencia que ya eliminó como fue la Defensoría del Contribuyente, cuestionó la permanencia de este impuesto porque viola derechos ciudadanos toda vez que se incurre en retrasos y ocasionan perjuicios económicos a las personas.

En la gestión de José Vielma Mora como superintendente del Seniat se impulsó este impuesto pero con la salida del funcionario del despacho, se descartó.

Por: ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
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EL NACIONAL