Habilitante: simple formalidad

La oferta electoral (el pueblo pa’ la Asamblea y, con tono más serio, el pueblo legislador) se diluyó totalmente a las 5:40 pm del viernes pasado, cuando la mayoría de diputados oficialistas aplaudió de pie la aprobación de la Ley Habilitante. En la última semana se dictaron normas contra los sectores que el Gobierno considera enemigos: los medios, las ONG, las universidades y la eventual disidencia dentro del chavismo.

Un año y medio de cesantía en la Asamblea Nacional es el resultado de la habilitación del presidente Hugo Chávez para que legisle por decreto (es decir, unilateral e inconsultamente) y avance en la construcción de la sociedad socialista, mediante una interpretación acomodaticia de la Constitución.

Así lo advierte el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Román Duque Corredor.

La reorganización territorial del país, a partir de las comunas, es uno de los ámbitos enunciados en la Ley Habilitante. En opinión de Duque Corredor, la posibilidad de imponer la nueva geometría del poder que fue propuesta a través de la fallida reforma constitucional es una evidencia de que la emergencia por las lluvias es una excusa fraudulenta.

“El Presidente podía tomar medidas para atender a los que perdieron sus casas sin necesidad de una habilitante”, afirmó.

El aumento de la inseguridad jurídica es uno de los efectos de la concesión de poderes al jefe del Estado para establecer nuevas regulaciones a la actividad económica. Duque Corredor se hace eco de las preocupaciones por la ausencia de límites precisos de la legislación excepcional durante los próximos 18 meses.

Sólo se cuenta con enunciados genéricos sobre el combate a los monopolios y las desigualdades sociales y las controversiales actuaciones gubernamentales en contra de la propiedad privada.

La profundización de la crisis de seguridad ciudadana queda latente, en vista de que la lucha contra la delincuencia requiere, más que leyes, de políticas públicas integrales.

Los convenios internacionales quedarán fuera de control la Habilitante faculta al Ejecutivo para suscribir contratos de interés general con absoluta discrecionalidad. Tales potestades incluyen la posibilidad de mayores contribuciones a gobiernos y organizaciones extranjeras sobre las cuales el Ejecutivo nacional no rinde cuentas.

“Chávez actúa como un dictador cuando ata de pies y manos a un órgano del poder público como la Asamblea Nacional. La Ley Habilitante sería una simple formalidad”, concluyó Duque Corredor.

Atropellos más visibles:

La asfixia económica de las organizaciones no gubernamentales, mediante la prohibición del financiamiento externo, es uno de los riesgos de los proyectos de ley de cooperación internacional y de protección a la libertad política que la Asamblea Nacional se propone aprobar a toda prisa.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, opina que la legislación que limita la promoción y defensa de los derechos humanos corresponde a una política de Estado que persigue acallar la denuncia. “El efecto será el contrario, pues estas tendencias restrictivas hacen más visibles los atropellos”, dice.

La monopolización estatal de los recursos provenientes de la cooperación internacional, explica Ortega, es un absurdo que desconoce los estándares internacionales sobre el derecho de asociación.

El hostigamiento a los defensores de derechos humanos en Venezuela, recordó la activista, se profundiza con la legislación en debate, con la imposición de multas e inhabilitación políticas. “Ni la Asamblea Nacional ni ningún órgano del poder público pueden desfavorecer el efectivo ejercicio de los derechos”, advirtió.

Resistencia universitaria:

Universidades sin autonomía y alineadas al proyecto político liderado por el presidente Hugo Chávez es el propósito de la regulación normativa de la educación superior que promueve el oficialismo.

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, razona que ese propósito está expresamente establecido en el artículo 10 del proyecto de ley de educación superior, en el cual se precisa que las universidades deben regirse por el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y el concepto de Estado Docente.

Además, se indica que la autonomía universitaria vale sólo en las instituciones en las que sea aplicable.

La eliminación del Consejo Nacional de Universidades, agrega Virtuoso, tiene la misma orientación, pues se elimina un mecanismo de interlocución entre las casas de estudio y el Estado.

“Ahora todo quedará en manos de un superministro de educación superior que, difícilmente, podrá cumplir con eficiencia no menos de 70 funciones”.

La equiparación de los votos de los miembros de cada comunidad universitaria a efectos de la elección de sus autoridades es un tercer mecanismo para vencer las resistencias del sector universitario a tendencias autoritarias.

Militancia mafiosa:

La prohibición de cambiar de posición político-partidista impuesta a los diputados de la Asamblea Nacional, mediante la reforma de la Ley de Partidos Políticos es, en opinión del politólogo John Magdaleno, una práctica antidemocrática al estilo de la mafia italiana: “El que entra no puede salir”.

Magdaleno recuerda que en el artículo 201 de la Constitución se establece que los diputados no están sujetos a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia.

“En una sociedad verdaderamente democrática el debate público tiene sentido en la medida en que conduce a cambios de opiniones y actuaciones”, añadió.

El fraude al elector ha sido el argumento oficial. Magdalena dice que el mismo presidente Hugo Chávez puede ser acusado de haber realizado una oferta engañosa cuando ascendió al poder, en 1999. “Hace 10 años negaba rotundamente la posibilidad de que su Gobierno tuviera una orientación al comunismo”.

La inhabilitación política como sanción al diputado que “salte la talanquera” queda en manos de la Contraloría General de la República, como si se tratara de un hecho de corrupción.

Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
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