Control Ciudadano critica opacidad en
materia de producción de armas

El control democrático sobre la Fuerza Armada cada día es menor y demostración de ello es el hecho de que en la actualidad unos 500 efectivos militares se encuentran en Bolivia, pero la Asamblea Nacional jamás dio el visto bueno para que dejaran el territorio nacional.

La denuncia la formuló ayer Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, al ofrecer junto a representantes de otras agrupaciones pro Derechos Humanos su balance sobre la situación de las garantías fundamentales en el país.

La experta en asuntos de seguridad y defensa indicó que los uniformados que se encuentran en la nación andina integrando un batallón binacional, el cual está enfocado a labores de reconstrucción de la infraestructura de ese país, de acuerdo con la información que pudo obtener de oficiales bolivianos durante la reciente reunión de ministros de Defensa del hemisferio.

“El artículo 187, numeral 11, establece que cualquier misión militar al exterior debe ser autorizada por la Asamblea, pero el Gobierno envió a estos uniformados obviando esta disposición constitucional”, se quejó la directora de Control Ciudadano, al tiempo que también cuestionó la cooperación internacional que en materia militar recibe Venezuela de Cuba.

“En la actualidad hay una total opacidad en relación a la labor de los militares cubanos que están en Venezuela, pero sabemos que están presentes en cinco áreas sensibles (FAN, creación de la Policía Nacional, registros y notarías, identificación y extranjería), lo cual es inaceptable”, agregó.

San Miguel también alertó la poca información que hay en relación con la producción de armas. “Sabemos que la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) está fabricando los fusiles rusos AK, pero no se sabe a dónde van ni quién los compra y el año que viene se anunció la puesta en marcha de una línea de producción de municiones que permitirá fabricar 50 millones de proyectiles. Esto es un país donde hay entre nueve y quince millones de armas ilegales es muy grave”.

Por último, consideró equiparable el comportamiento de los militares venezolanos con la de los militares del cono sur durante los años 70 y 80, pues, a su juicio, “se están empleando leyes de Seguridad y Defensa para acorralar y perseguir a la disidencia”.

“En derechos gay estamos a la cola del continente”

Mientras que en Brasil, El Salvador o México se han adoptado en los últimos meses distintas resoluciones para atajar la intolerancia hacia el colectivo gay, lésbico y transgénero o para equipararlo con el resto de la sociedad, en Venezuela no solo no se han dado avances, sino que se han producido retrocesos en el mismo período.

La denuncia la formuló la ex candidata al Tribunal Supremo y transgénero, Támara Adrian, quien precisó que “en los últimos meses el Ministerio de Vivienda ha dictado dos resoluciones las cuales establecen que solamente las parejas heterosexuales pueden pedir créditos hipotecarios”. JFA

JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 14 de diciembre de 2010