Radicales venezolanos se
manifestaron contra España

En el día de la declaración de Cubillas ante la Fiscalía en Caracas.  Si las relaciones entre España y Venezuela han estado salpicadas en los últimos años por una serie de sobresaltos, 2010 se ha sumado con fuerza a esa tónica a consecuencia, principalmente, de las sospechas judiciales sobre la cooperación del Gobierno de Hugo Chávez con ETA.

La polémica llegó cuando se daba por totalmente superada la tirantez derivada del incidente de la cumbre iberoamericana de 2007 en la que el Rey instó a Chávez a callarse. Fue el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco quien el 1 de marzo procesó a varios miembros de ETA y las FARC por colaboración con banda armada y, en su auto, apuntó indicios de cooperación del Ejecutivo venezolano con ambos grupos terroristas.

Entre los nombres, Arturo Cubillas, que ha ocupado cargos públicos en Venezuela con Chávez en el poder y considerado por Velasco el responsable de ETA en la zona desde 1999. La reacción de los Gobiernos de España y Venezuela fue inmediata.

Si el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, decía esperar explicaciones de aquel país, Chávez entraba en escena negando las sospechas y con una advertencia: “No tengo nada que explicarle a Zapatero ni a nadie”. Pese a que vertió duras acusaciones contra el juez, la diplomacia se puso manos a la obra, y el hecho de que España aclarara que, más que explicaciones, esperaba informaciones, apaciguó ánimos y alumbró un comunicado conjunto de condena a ETA.

Tensión por los insultos a Aznar:

Pero no se detuvieron las críticas a Velasco -a quien el ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, vinculó con la “mafia” del ex presidente José María Aznar- y a la prensa española. Los exabruptos hicieron rebrotar la tensión al considerarlos Zapatero inaceptables y al responderle Chávez que no entendía cómo podía poner en peligro las relaciones bilaterales por defender a Aznar. Enviado el auto del juez, las aguas volvieron a su cauce y el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, viajó en mayo a Caracas en el marco de la investigación en curso. En octubre, otro auto, esta vez del juez Ismael Moreno, reveló que dos etarras detenidos días antes, Javier Atristain y Juan Carlos Besance, confesaron haber recibido formación en Venezuela en 2008 por parte de Cubillas.

La consecuencia, más petición de información del Gobierno a Venezuela y consejos de Chávez de no dar crédito a esa declaración. Su embajador en Madrid, Isaías Rodríguez, fue más allá al insinuar que pudo obtenerse irregularmente, palabras que le obligaron a aclarar que no quiso acusar con ellas a España de soborno o torturas. Rodríguez no acudió una semana después a la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, en cuyo desfile militar sólo faltó la bandera venezolana tras la invitación cursada a los nueve países latinoamericanos que celebran el bicentenario de su independencia.

Zapatero reiteró su convencimiento de que cualquier etarra sería perseguido en Venezuela , que abrió una investigación a Cubillas tras reclamar Moratinos a su homólogo acciones “inmediatas, concretas y específicas” contra él. Tras la petición del juez Velasco, el 29 de octubre, en la primera reunión tras su remodelación, el Gobierno solicitó la extradición de Cubillas.

Las palabras conciliadoras siguieron trufadas de sacudidas como el comunicado de la cancillería venezolana del 4 de noviembre (un día después de que Cubillas declarara ante la Fiscalía venezolana en la causa abierta a petición suya) acusando al Ejecutivo de “cobardía política” por intentar justificar su fracaso en la lucha contra el terrorismo atacando a Venezuela.

El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba expresó el “profundo malestar” por esas acusaciones “inaceptables”. En los mismos términos se quejó la ministra Trinidad Jiménez al embajador Rodríguez, quien -pendiente de abandonar esta responsabilidad- aseguró haber sido maltratado verbalmente por policías al día siguiente en el aeropuerto de Barajas. Estos vaivenes no generaron sólo quebraderos de cabeza al Gobierno en el terreno bilateral, sino también en el de la política interna, ya que el PP los aprovechó para sumar a su cascada de críticas una más por la forma de reaccionar ante este asunto. Mariano Rajoy encabezó esos reproches, calificó de “humillante” la actitud de la diplomacia española y emplazó a Zapatero a poner a Chávez “en su sitio”.

Y menos mal que en el último momento, gracias a una conversación de Moratinos con Maduro, Caracas frenó el 25 de septiembre la expulsión del diputado del PP Gustavo de Arístegui tras sus declaraciones críticas sobre el proceso electoral en este país, donde estaba como observador de los comicios invitado por la oposición. En año electoral en el que el Gobierno intentará limitar frentes de polémica, Venezuela aparece en el horizonte con la incógnita de si propiciará que continúe la sinuosa relación bilateral vivida en 2010.

EFE / MADRID
Día 13/12/2010