Corresponde al Estado requerido
evaluar si entrega a un solicitado
Menos de una semana duró en el portal electrónico de Interpol la orden de captura contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso. Para el organismo policial, este sería un asunto de naturaleza política.
El caso de Zuloaga es similar al que ha vivido un grupo de personas requeridas por las autoridades venezolanas a Interpol. Al respecto, el abogado Adalberto Briceño Urbina considera que el Gobierno hace un uso político de estas solicitudes internacionales de captura.
Explica el profesor de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello que de acuerdo con sus estatutos, Interpol actúa en la búsqueda de fugitivos por seguridad pública, terrorismo, drogas, crimen organizado, tráfico de seres humanos, delitos financieros y de alta tecnología.
En el caso de Zuloaga, las autoridades en Venezuela lo requieren por usura, “pero es evidente que la solicitud de extradición obedece a móviles políticos”, opinó.
Crecen solicitudes:
Las solicitudes a Interpol contra venezolanos ha crecido en una forma importante, sobre todo desde 2002.
El portal de la policía internacional menciona 89 nombres de venezolanos. Entre ellos el del ex gobernador de Aragua Didalco Bolívar, del ex alcalde metropolitano de Caracas Alfredo Peña y del ex dirigente estudiantil Nixon Moreno. También está el empresario Guido Antonini Wilson.
En la lista también aparecen propietarios de bancos, vinculados hasta hace poco con el gobierno de Hugo Chávez.
No aparece en el portal el ex diputado chavista y ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velázquez Alvaray, imputado por un supuesto caso de corrupción y refugiado en Costa Rica.
El nombre de Patricia Poleo tampoco aparece en la lista de Interpol. No obstante, la periodista vivió momentos difíciles el 28 de junio pasado, cuando intentó ingresar a Perú.
Poleo fue detenida unas horas en el aeropuerto de Lima con la amenaza de ser extraditada a Venezuela, pero momentos más tarde fue puesta en libertad. Ella es solicitada por el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, al ser incriminada por la declaración del “testigo estrella” de la Fiscalía, Giovanni Vásquez.
Briceño explica al respecto que aunque Interpol hace la detención -en ese caso a solicitud de Venezuela-, corresponde al Estado requerido la calificación del delito (si es político o no) para que luego se proceda a la extradición.
Dice que si el Estado determina que el detenido es un perseguido político y quiere darle asilo, en ese momento Interpol tiene que cesar su acción.
La situación con el organismo motivó al Grupo 400+ -integrado por más de 600 personalidades del país, entre ellas Diego Arria y Milos Alcalay- a enviar una carta a la Secretaría General de Interpol.
En la misiva, el grupo sostiene que “no satisfecho con el uso del sistema judicial local totalmente controlado por el presidente Chávez, están utilizando a Interpol como una extensión del sistema judicial gubernamental para perseguir a los disidentes que se ven forzados a abandonar el país” y le instó a verificar las solicitudes de arresto emitidas por Venezuela por garantizarle prisión a muchos líderes de oposición.
Reyes Theis
EL UNIVERSAL
