Los 41 nombres escogidos de una primera lista de 313 aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia fueron aprobados sin cambios por la mayoría oficialista. La Mesa de la Unidad Democrática deploró que se haya alterado el Estado de Derecho.

MUD: “La decisión debió quedar en manos de la
Asamblea plural que asumirá el 5 de enero”, señaló.

El ex fiscal general Isaías Rodríguez quedó fuera. Oficialismo reforzó control del TSJ. La procuradora general, 6 diputados y 2 magistrados en funciones entraron al máximo tribunal. Mañana será la juramentación.

Más de cinco horas tardó en cocinarse la lista definitiva de los 41 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y cruzar los 50 metros que separan el despacho de Cilia Flores del Salón de Sesiones.

El cónclave vespertino se armó en el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional, anfitriona de la reunión, con la presencia del jefe de la bancada del PSUV, Mario Isea; el presidente del Comité de Postulaciones, Saúl Ortega, y los diputados del Partido Comunista de Venezuela Oscar Figuera y Yul Yabour, y el director de propaganda, Carlos Aquino para limar asperezas en torno a uno de los nombres. “Esperan órdenes superiores”, afirmó un diputado del PSUV, haciendo señas con el brazo hacia el oeste de Caracas, donde está Miraflores.

A las 05:20 pm se vio humo, pero no blanco sino rojo, pues a esa hora la terna cruzó el umbral del hemiciclo en el maletín del diputado Mario Isea y llegó con sorpresa incorporada: la exclusión del ex fiscal general Isaías Rodríguez, lo que dejó con la boca abierta a más de un diputado que, contrario a lo que usualmente ocurre, se mostraban inquietos y ajenos de la selección.

Los nombres se manejaron con tal recelo que ante el intento de la prensa de acercarse a Saúl Ortega para indagar detalles de la reunión, la orden de Flores fue tajante: “¡Epa, Saúl, cuidado. Vente ya!”.

A las 7:00 pm, tras verificar el quórum y declararse en sesión permanente por lo que resta de semana, se presentaron los nombres. La estrategia fue designar a cinco diputados del PSUV para que cada uno “propusiera” los candidatos a cada sala como si fuera iniciativa propia.

Mario Isea “propuso” a Carmen Zuleta, Arcadio Delgado, Juan Mendoza y Gladys Gutiérrez como principales de la Sala Constitucional; como suplentes a Luis Damiani (viceministro de Educación Universitaria), José Hernández, Ana Casanova, Francia Coello, René Degraves, Homero Sánchez y José Benaventa.

Tulio Jiménez presentó a Jhannett Madriz, Malaquías Gil y Oscar León Uzcátegui como principales de la Sala Electoral y a los abogados Indira Alfonzo (ex secretaria de Francisco Ameliach), Grisell López, Roberto Quintero (diputado oficialista), Carmen Alves y Carmen Álvarez (diputada oficialista) como suplentes.

A Iris Varela le correspondió decir la terna para la Sala de Casación Penal, encabezada por Ninoska Queipo (hija de la diputada María de Queipo) como principal; y como suplentes Paúl Aponte, Yanina Carabin, Elsa Gómez, Ursula Mújica y Siria Mendoza.

Calixto Ortega propuso para la Sala Político-Administrativa a Trina Zurita como principal, acompañada de Mónica Misticchio, Emilio Ramos, María Ameliach (emparentada con el ministro Francisco Ameliach), Imelda Rincón y Suying Olivares.

Por último, Hernán Pacheco leyó los nombres del resto de los magistrados suplentes.

Para la Sala Social fueron Octavio Sisco, Sonia Arias, Carmen Gómez, Mónica Chávez y Bettys Luna; y para la Sala Civil los nombres fueron Libes González (diputado oficialista), Mercedes Mora, Enrique Sánchez, Iraima Zapata y Nelly Vásquez.

Sin más propuestas sobre la mesa se procedió al debate.

Podemos, el Bloque Humanista Ecológico y PPT objetaron la constitución y trabajo “poco transparente del Comité de Postulaciones Judiciales” y salvaron el voto.

Cilia Flores desmontó los argumentos de los diputados de Podemos y les recordó que en el pasado defendieron al Gobierno y la escogencia de magistrados, según consta en grabaciones de ANTV. Sin embargo, Simón Calzadilla (PPT) respondió que en el pasado, existía diversidad y se respetaban las opiniones de los partidos: “Hubo necesidad de acuerdo político. Ahora es una decisión política no del PSUV, sino de unos actores políticos peseuvistas, de la visión ideológica de un líder. Estos magistrados tendrán apoyo de un solo partido; se excluye al resto de las organizaciones, incluyendo a partidos del proceso (como PCV), lo que origina polarización antagónica”.

Mientras que Douglas Gómez, del PCV, objetó la postulación de Oscar León Uzcátegui al afirmar que cuando fue juez en Carabobo violó derechos de trabajadores.

A las 9:30 de la noche fueron designados los 9 magistrados principales para un período de 12 años y los 32 suplentes para un lapso de 6 años. Todos fueron convocados para su juramentación a una sesión especial que tendrá lugar en la Asamblea mañana a las 10:00 de la mañana.

Secuestro en la Asamblea:

Para la evaluación de las credenciales y méritos de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución de 1999 instituyó el Comité de Postulaciones Judiciales. El artículo 270 precisa que es “un órgano asesor del Poder Judicial” y “estará integrado por los diferentes sectores de la sociedad”.

Angel Bellorín, quien se postuló pero fue excluido por el Consejo Moral Republicano, interpuso una acción de amparo ante el TSJ, pues considera que se violó el debido proceso.

Bellorín opina que con la penúltima reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia el Comité de Postulaciones Judiciales quedó “secuestrado” por la Asamblea Nacional. Razona que, en contra de lo dispuesto en la Constitución, la reforma publicada en Gaceta Oficial el 9 de agosto establece que el Comité de Postulaciones Judiciales es “un órgano asesor de la Asamblea Nacional” y “cinco de sus miembros principales serán miembros de la Asamblea Nacional”.

Además, la reforma, a primera vista inconstitucional, se realizó después de la designación de los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, en junio.

Ayer el diputado Saúl Ortega se congratuló por haber dirigido la primera revisión de las 404 postulaciones. Hubo 41 impugnaciones, pero sólo una prosperó. Los que quedaron en la contienda ­aseguró – fueron entrevistados y evaluados mediante un baremo. Pero el contenido del instrumento que garantizaría cierta imparcialidad en la evaluación nunca se conoció.

El trabajo del Comité de Postulaciones Judiciales se hizo a puerta cerrada y sin el rigor que exige la Constitución.

A instancias de los pocos diputados de oposición, la falta de transparencia del proceso fue parte del debate paralamentario de ayer. Pero se impuso la aplanadora chavista.

MARU MORALES | HERNÁN LUGO-GALICIA
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