Para Apiur es completamente “absurdo” la creación de la Moneda de la
Construcción. Cámara Inmobiliaria insta a precisar cómo fijará valor del nuevo sistema de transacción.

El proyecto de ley de emergencia
para terrenos urbanos y vivienda

Cámara Inmobiliaria presentó al Parlamento observaciones sobre nueva ley.

Absurda regulación: “La ley no se entiende para nada. El Gobierno no debería regular la compra de viviendas. No se pueden fijar los precios de una estructura porque le pondría fin al comercio”, afirmó enfáticamente Raimundo Orta, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).

Diputados evalúan norma. Las dudas sobre la creación de una “moneda de la construcción” figuran entre las principales observaciones que hizo la Cámara Inmobiliaria de Venezuela al proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado esta semana en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.

Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.

Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda ­que sería creado de aprobarse el proyecto de ley­ para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.

La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. “Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado”, argumentó Martini.

Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad “implica un deber de proceder” a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.

Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.

El equipo parlamentario ­integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana­ también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.

Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana.

Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.

ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
Política | Economia
EL NACIONAL