La represión y persecución penal pueden causar un efecto boomerang: en
vez de amedrentamiento, una efectiva contraloría social, advierten.

Demandas laborales y por servicios básicos son
las principales razones para salir a la calle

“La ineficiencia gubernamental para satisfacer las necesidades de la gente es cada vez más tangible, y cada vez más la gente adquiere mayor conciencia de sus derechos, entre ellos el derecho a protestar”. Así interpreta Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público los hechos ocurridos en la estación Propatria del Metro de Caracas el 13 de noviembre.

Lo preocupante, en opinión de Correa, es que las autoridades persisten en reprimir, detener y procesar penalmente a cualquiera que salga a la calle a exigir sus derechos. Para tratar de inhibir los reclamos se ha creado un aparataje jurídico que viola la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, destacó.

El registro de las manifestaciones públicas que mantiene Espacio Público junto con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) indica que desde el 1º de enero hasta el 30 de octubre de 2010 han ocurrido 2.592 protestas en toda Venezuela, 85 menos que en el mismo período en 2009.

A pesar del relativo descenso, Marco Ponce, de Provea, pronostica que al final de 2010 se habrá batido un nuevo y negativo récord por la recurrencia de protestas los últimos días.

Correa repasa lo sucedido. Todo indica que los que quedaron atrapados en un tren actuaron espontáneamente, sin vinculación previa. Pero 35 de ellos pasaron 2 días juntos en prisión y cuando recuperaron su libertad se comprometieron a luchar por la mejora del transporte subterráneo.

“Si, como se ha anunciado, la Fiscalía insiste en enjuiciarlos el efecto no será el amedrentamiento que persigue el Gobierno sino, por el contrario, la consolidación de una efectiva contraloría social como, por ejemplo, la que se ha formado mediante la creación de un comité de usuarios del Metro, el cual tiene una cuenta en Twitter que agrupa a más de 27.000 personas”, advierte el director de Espacio Público.

Lo que alguna vez se llamó “cultura Metro” ha derivado en cultura de la protesta. Lo demuestra la disposición de Cristian Fuentes, el estudiante de Comunicación Social que el 1º de noviembre fue detenido por la Policía Nacional por haber registrado y difundido el caos del Metro en Plaza Venezuela: “No somos enemigos del Gobierno. Simplemente estamos y seguiremos exigiendo mejor calidad de vida”.

Trabajo y servicios:

Ponce reitera que la criminalización de la protesta, aplicada como una política de Estado, no ha disminuido las demandas por derechos sociales que se mantienen como los principales motivos de las manifestaciones públicas. Durante los 10 primeros meses de 2010 hubo 877 protestas laborales (33,83%) y 473 por servicios básicos (18,25%).

Correa explica que las exigencias de los trabajadores también comprometen al Gobierno en su papel de patrono, en vista del aumento de la nómina de la administración pública a casi 2.500.000 personas.

“Hemos podido verificar que la mayoría de los que protestan son de sectores populares que no encuentran respuestas satisfactorias en las instituciones.

Salen a la calle a exigir vivienda, salud, seguridad, empoderados por el discurso de la democracia protagónica y participativa”, insiste Ponce.

Desde su casa en el barrio Alta Vista, Laura Vaamonde, convalida el análisis del activista de Provea. Vaamonde pudo ver parte del alboroto que emergió de los túneles del Metro y completó la historia a través de la televisión: “Eso era el pueblo reclamando, ahí no había ningún oligarca ni ningún pitiyanqui. Algo así nos pasó a las enfermeras de la maternidad Concepción Palacios ­el 25 de mayo­ cuando reclamamos el pago de deudas laborales. Vino la policía, nos golpearon y nos llevaron presas. Yo quedé con un brazo y un pie enyesados”, recuerda la dirigente sindical jubilada, de 68 años de edad.

“A mí un juez me prohibió acercarme a la maternidad, donde trabajé 40 años, y que hablara del caso. Pero no tengo miedo. ¿Cómo no voy a luchar por recuperar la maternidad, que es como mi segunda casa? En sus buenos tiempos atendíamos a 200 parturientas al día, hoy ni siquiera hay para atender a 10”.

Cualquiera, en cualquier lugar:

La protesta, al igual que la intolerancia, ha llegado a espacios no convencionales. A las emociones que desata el beisbol, el movimiento estudiantil carabobeño agregó la molestia generalizada por la crisis de inseguridad y las fallas en los servicios de agua y electricidad a comienzo de 2010. El 17 de enero, todo el que estaba viendo el juego Caracas-Magallanes, tanto en el José Bernardo Pérez de Valencia como por televisión, pudo sentir simpatía o antipatía (pero no indiferencia) con los estudiantes que cantaban tres strikes (inseguridad, agua y electricidad) y ponchaban al Presidente.

Carlos Graffe pagó esa forma de protestar con golpes y patadas. Sin embargo, el grupo Estudiantes en la Calle, al que pertenece, sigue innovando.

“Tenemos que ser creativos en el llamado a la reflexión. Analizamos con detenimiento el fondo y la forma del mensaje, lo cual incluye una evaluación de costos en términos de represión”, explica Graffe. Lo más reciente que hicieron fue pintar los huecos de la Autopista Regional del Centro para denunciar la falta de mantenimiento y el peligro que corren los que por allí transitan.

Más caro le salió al mecánico Miguel Ángel Hernández ir al estadio de Guatamare, en Porlamar, con una franela que decía: “Hugo, me cago en tu revolución”.

La Guardia Nacional intentó someterlo tres veces. Decenas de personas lo impidieron y, en respaldo a Hernández, comenzaron a corear el “Tas ponchao” de los estudiantes. Decidió retirarse y fue detenido a su salida del estadio. Recuerda que fue ruleteado durante dos días y al tercero un juez aceptó la imputación fiscal por ofensa a funcionario investido de autoridad. Desde febrero se reportó en los tribunales penales una vez al mes. Hace dos semanas le notificaron que el juicio en su contra comenzará el 1º de diciembre.

“Todo esto es una locura. Antes la persecución era contra los dirigentes de oposición, pero soy un simple mecánico con el valor de expresar públicamente que cada día tenemos menos democracia. Podría ponerme otra franela que diga: el miedo no forja futuro”, resiente Hernández.

No sólo los adversarios del Gobierno corren peligro. Rubén González, militante del PSUV y secretario general de Sintraferrominera, tiene 14 meses preso. Hace 2 semanas se inició el juicio en su contra por los delitos de agavillamiento, daños al patrimonio público, restricción de entrada al sitio de trabajo y cierre de vías públicas. Todo ello por liderar las protestas de los trabajadores de Ferrominera por incumplimiento del contrato colectivo.

“Me están cobrando mi integridad. Yo nunca pondría los intereses del partido por encima de los intereses de los trabajadores como están haciendo otros en las empresas de Guayana”.

González, de 51 años de edad, soporta el encierro aferrado a su familia, a sus compañeros de trabajo y a su fe: “Ni siquiera en malos tiempos los hijos de Dios serán avergonzados, dice la palabra”.

Por: EDGAR LÓPEZ
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