Algo que no está recibiendo la atención que merece: la creciente politización
de las fuerzas armadas de la región.

Existe una nueva amenaza para
las democracias latinoamericanas

Los ejércitos de algunos países latinoamericanos están asumiendo posturas políticas que podrían crear un estado deliberativo dentro de sus propias filas, y una reacción en cadena entre sus vecinos. Consideremos:

En una ceremonia militar el 14 de noviembre, a instancias del presidente boliviano Evo Morales, el ejercito boliviano se proclamo “socialista”, “antimperialista” y ‘‘anticapitalista”.

En la ceremonia, a la que asistieron los comandantes de los ejércitos de Chile y Ecuador, y delegaciones militares de Argentina, Brasil y Perú, el comandante del ejército boliviano, general Antonio Cueto, dijo que la Constitución del 2009 de su país ‘‘da lugar a que el Ejército surja como una institución socialista”. La oposición afirma que tal afirmación es absurda.

Días antes, el jefe del Comando Estratégico Operativo de las fuerzas armadas venezolanas, el teniente general Henry Rangel Silva, quien desde entonces ha sido ascendido a Comandante en Jefe, sugirió al diario caraqueño Ultimas Noticias que las fuerzas armadas venezolanas no aceptarían un gobierno de oposición tras las elecciones presidenciales del 2012.

Señalando que las fuerzas armadas de Venezuela estan “casadas” con la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez, Rangel Silva afirmó que un hipotético gobierno de oposición que cambiara las cosas “sería vender el pais” y que “eso no lo va a aceptar la gente, la Fuerza Armada Nacional menos”.

Las fuerzas armadas venezolanas ya han adoptado como saludo militar el eslogan ‘‘Patria socialista o muerte! Venceremos!”.

En Centroamérica, el ejército de Nicaragua –aunque más prudente en sus declaraciones públicas que sus contrapartes en Bolivia y Venezuela– tiene una relación cada vez más estrecha con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Y los generales hondureños que destituyeron el año pasado al entonces presidente Manuel Zelaya no sólo justificaron su acción afirmando que el ex presidente había violado la Constitución, sino que también dijeron que no podrían haber aceptado un gobierno socialista en Honduras.

“Si no hay una pronta reacción colectiva contra este tipo de declaraciones de las fuerzas armadas, pronto veremos un efecto dominó”, me dijo Jose Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas del grupo no gubernamental Human Rights Watch. ‘‘La historia demuestra que si dejamos pasar estas cosas, estaremos preparando el terreno para una pérdida gradual de las libertades democráticas, y para el eventual retorno de los regímenes militares”.

Entre los peligros que se atisban en el horizonte se cuentan:

Primero, si las fuerzas armadas afirman que no aceptaran resultados electorales que no les gustan, como dijo públicamente el comandante militar venezolano Rangel Silva, eso podría desencadenar una nueva oleada de autogolpes o golpes militares despés de dos décadas de avances democráticos en casi toda la región.

Segundo, si la politización de las fuerzas armadas se convierte en “la nueva normalidad”, eso instará a los líderes políticos, sindicales y empresariales a buscar alianzas con sectores militares y resolver sus disputas según la cantidad de generales que cada uno tenga de su lado. En el pasado, las alianzas militares con políticos, magnates empresariales o líderes sindicales han conducido con frecuencia a los golpes militares.

En tercer lugar, las declaraciones “anticapitalistas” de oficiales de alto rango del ejército en Bolivia o Venezuela pondrán nerviosos a muchos militares de derecha en países como Chile, o Colombia, lo que podría llevarlos a declarar a sus propias fuerzas militares como “antisocialistas”. Eso tambien crearía un clima favorable para los golpes militares.

¿Qué habría que hacer? Existen varios compromisos regionales para la defensa colectiva de la democracia que requieren específicamente que los ejércitos de cada país respeten el estado de derecho, y los resultados de las urnas.

Entre otros, la Declaración de Québec de la Cumbre de las Américas del 2001, firmada por 34 jefes de estado, declara que “la subordinación de las fuerzas armadas” a las autoridades civiles elegidas democráticamente y el respeto por el estado de derecho son elementos “fundamentales” de la democracia.

Cuando le pregunté al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en una entrevista la semana pasada si la OEA hará algo respecto de esta nueva tendencia, me dijo que él no puede hacer gran cosa –fuera de manifestar su preocupación personal– si los paises miembros no plantean el tema oficialmente. Hasta el momento, ningún país lo ha hecho.

Mi opinión: coincido con Vivanco y otros activistas por los derechos humanos en que las recientes declaraciones de los comandantes militares de Bolivia y Venezuela sientan un terrible precedente. Si el resto de la región no denuncia esas declaraciones, se desatará una reacción en cadena que tarde o temprano hará regresar Latinoamérica a los negros días de los regímenes militares.

Pero, desafortunadamente, todo el mundo está haciendo la vista gorda.

Por Andrés Oppenheimer
©2005 El Nuevo Herald