Presidente de BanValor: Gobierno ejerce persecución política a través
de Interpol. Ejecutan  plan de desplazamiento de la iniciativa privada.

Más de 600 empleados de
Banvalor sin recibir salario

Exigencias con valor. Trabajadores de Seguros Banvalor, empresa intervenida el 22 de septiembre, reclamaron frente a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora el pago de salarios, utilidades, tickets de alimentación y bonos por eficacia.

Los trabajadores de Seguros BanValor tomaron la calle y marcharon hacia la Superintendencia de la Actividad Aseguradora debido a que la junta interventora que se apoderó de la prestigiosa empresa no ha pagado los sueldos al personal.

Leopoldo Castillo Bozo recuerda que el Gobierno ejecuta un plan de desplazamiento de la iniciativa privada y que ha creado 178 empresas públicas nutridas con bienes y patrimonios arrebatados a la empresa privada

La citada junta interventora también ha incumplido a los asegurados debido a que no ha cancelado los siniestros que antes eran regularmente cubiertos a todos los clientes.

Hay gran preocupación en el personal debido a que se acercan las fiestas decembrinas y los empleados, marcados por la incertidumbre, no saben si van a contar con los recursos para atender a sus familias.

Esta protesta en la calle de los trabajadores es uno más de los múltiples reclamos que les han presentado a los interventores, debido a que han entrado en una delicada escalada de incumplimientos.

Durante la semana los accionistas de la aseguradora intervenida dieron a conocer, mediante sendos comunicados públicos divulgados a través de la prensa nacional, que la medida intervencionista fue irregular. Dejaron claro los accionistas que al momento de ser intervenida la empresa BanValor contaba con más de 500 millones de bolívares fuertes en activos, mientras sus pasivos no llegaban a 200, por lo que se ratifica que se intervino una empresa que se encontraba estable y en pleno funcionamiento.

Presidente de BanValor:

Leopoldo Castillo Bozo recuerda que el Gobierno ejecuta un plan de desplazamiento de la iniciativa privada y que ha creado 178 empresas públicas nutridas con bienes y patrimonios arrebatados a la empresa privada. aseguró que el Gobierno usa las instituciones del país para engañar a la Interpol y hacerla partícipe de actos de persecución política en contra del empresariado. “El uso de la Fiscalía y el Poder Judicial dan una apariencia legal a estos actos y así se extiende la persecución política fuera de las fronteras”.

El banquero recuerda que el Gobierno ejecuta un plan de desplazamiento de la iniciativa privada y que ha creado 178 empresas públicas nutridas con bienes y patrimonios arrebatados a la empresa privada. Para disimular la confiscación, prohibida por la Constitución, el Gobierno ordena tomas, expropiaciones e intervenciones y, acto seguido, comienza la persecución contra los accionistas.

“La Fiscalía teje una red de chantaje y extorsión y, cuando esto no funciona, el Gobierno presiona, sus jueces dictan órdenes de aprehensión y ofician ante la Interpol, que al recibir la solicitud de captura presume que es legal y libra la alerta roja, “sin saber que está siendo utilizada para extender la persecución política más allá de la soberanía nacional”.

Esto, asegura Castillo Bozo, se demostrará en instancias internacionales. “El robo generalizado no quedará impune; la cobija protectora de la tiranía no alcanza para arropar a tanta gente; la justicia nacional e internacional llegará”.

Cronología:

A las casas de bolsa se les acusó de ser las causantes de la devaluación del bolívar; entre ellas, Banvalor Casa de Bolsa, que fue intervenida y paralizada en pleno funcionamiento, sin pagar nómina ni proveedores. La confiscación se encubrió bajo el término de “intervención” y se destruyeron 1.000 empleos.

Aparentemente se trata del cobro de una factura política: el Gobierno no perdonó a los hermanos Castillo Bozo tener las pólizas de seguros de alcaldías y gobernaciones de la oposición.

La intervención de Seguros Banvalor, explica Leopoldo Castillo Bozo, no tiene justificación jurídica ni económica. La empresa poseía activos por más de 500 millones de bolívares y sus pasivos no llegaban a 200 millones; era la compañía de seguros con el mayor capital pagado del país: 125 millones de bolívares.

Por Ángela Rodríguez
Política | Economia
EL NACIONAL