La Procuraduría colombiana ordenó la investigación a partir de información
obtenida en la operación “Sodoma”, en la que murió el Mono Jojoy.

Varios documentos evidenciarían actividades 
de financiamiento que involucran a las FARC

Con base en el análisis de la información remitida por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional DIJIN, proveniente de los hallazgos en los dispositivos técnicos incautados en la operación ‘Sodoma’, en la que resultó abatido alias ‘Mono Jojoy’, el Procurador, Alejandro Ordóñez, ordenó la apertura formal de investigación disciplinaria contra Piedad Esneda Córdoba Ruiz.

En la documentación estudiada, en un aparte denominado “Actividades de financiamiento de la senadora Piedad Córdoba desde Venezuela”, se relacionan correos electrónicos entre diferentes personas, dentro de las que se encuentra el señor Ricardo Montenegro, ex candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014, persona con la que al parecer se realizaban transacciones financieras desde Venezuela hacia Colombia.

Así mismo, y en virtud de información oficial relacionada con los ingresos y gastos de la campaña de Ricardo Montenegro, al parecer la ex senadora habría efectuado contribuciones o donaciones a dicha campaña.

Para la Procuraduría se presenta una situación que en un primer análisis permite vislumbrar una presunta conducta con trascendencia disciplinaria, al desconocerse la prohibición para los funcionarios públicos de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos.

Por otra parte, en los computadores del ‘Mono Jojoy’ se hallaron documentos y correos electrónicos que evidencian los vínculos de la ex senadora con las Farc. Además, el informe de la Dijin reportó interceptaciones telefónicas legales de conversaciones entre la entonces parlamentaria y miembros de la guerrilla, especialmente alias “Manolo” del frente 30 de las Farc.

Piedad Córdoba ya había sido investigada y sancionada por actividades de promoción y colaboración con las Farc y esta nueva información corrobora los hechos que la Procuraduría analizó para decidir su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.

Finalmente, en virtud de la investigación penal que adelanta actualmente la Corte Suprema de Justicia contra Piedad Córdoba, la Procuraduría compulsó copias del abundante material probatorio allegado a este ente de control, con el fin de que se tenga en cuenta y se avance en dicha investigación.