“Lo que buscan es aplicar terrorismo psicológico, acallar a la gente y sembrar
miedo”, dijo la abogada de las 35 personas que estuvieron
dos días detenidas por protestar.
Apelan fallo concedido por el juez Braulio Sánchez
bajo el alegato de falta de valoración de pruebas
El Ministerio Público apeló ayer la decisión tomada por el Tribunal 5º de Control Penal de Caracas el domingo de dejar en libertad plena a las 35 personas que fueron detenidas el viernes de la semana pasada en la estación del Metro de Propatria por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, por protestar contra las fallas del servicio del subterráneo.
El fiscal 23º de Caracas, Guillermo González, pidió la revisión del fallo dictado por el juez Braulio Sánchez, quien estableció que no había elementos suficientes para imputar a los usuarios por los delitos de resistencia a la autoridad y obstaculización de las vías férreas, como pretendía la Fiscalía.
“Lo que busca el Ministerio Público es aplicar terrorismo psicológico no sólo en quienes fueron detenidos en el Metro, sino en toda la población.
El objetivo es acallar a la gente y sembrar miedo”, dijo Elenis Rodríguez, integrante del Comité de Usuarios del Metro que representó a las 35 personas que pasaron dos noches en los calabozos de la Policía Nacional.
Las pruebas:
En su escrito de apelación la Fiscalía afirmó que Sánchez no tomó en consideración todas las pruebas.
“El juez omitió importantes elementos aportados durante el acto de presentación. No valoró la alarma pública generada el día del hecho, entre las 8:00 am y las 12:00 del mediodía”, señala la nota de prensa enviada ayer por el Ministerio Público.
La abogada de quienes estuvieron detenidos todo el fin de semana pasado aseguró que el fiscal no presentó pruebas que incriminaran a esas 35 personas.
“Presentó las actas policiales, de donde no se desprende que los usuarios hubieran realizado destrozos al vagón como luego quisieron hacer ver.
Eso sí, de los supuestos daños no presentaron fotos. Incluyó también el testimonio de seis trabajadores del Metro, pero ninguno de ellos dijo que los detenidos actuaron con violencia contra la policía”, afirmó Rodríguez.
“Además presentó una foto que fue publicada en un diario de circulación nacional en la que se ve a los usuarios sentados dentro del vagón (muchos de ellos con los brazos cruzados), y fundamentó sus alegatos sobre una ley que data de 1983 y que establece el supuesto de poner en peligro la seguridad de sistema metropolitano de transporte, cosa que no ocurrió”, agregó.
La abogada señaló que si los integrantes de la corte de apelaciones actúan con la ética y la moral que debe tener un juez conocedor y respetuoso del Derecho deben ratificar la decisión del Tribunal 5º de Control.
“Lo que buscan con esto es complacer el capricho de un hombre que admite que el Metro tiene graves fallas pero que pide que estas personas estén presas”, dijo en referencia al presidente Hugo Chávez.
Desde ayer empezaron a correr los tres días para que el juez admita la apelación.
Luego comienzan a contarse los cinco días que tiene la defensa para contestar antes de que el expediente vaya a la corte.
DIANA LOZANO PERAFÁN
Judicial | Política
EL NACIONAL
