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Descenso: Construcción de viviendas del sector público cayó 57%

Entre enero y septiembre de este año se han terminado en el país 35% menos
unidades habitacionales que en igual lapso de 2009.

Ocho promotores
están detenidos

 

En este descenso influyó el declive que sufrió la construcción de viviendas por parte del sector público, que este año culminó apenas 9.510 soluciones habitacionales, mientras que en el mismo período de 2009 construyó 22.400

La construcción de viviendas por parte del sector público y el sector privado se enfrenta a restricciones. La menor inversión de los entes oficiales y de las empresas así como las fallas en el suministro de insumos básicos limitan la terminación de las casas, y por ello este año se han hecho 35% menos unidades que en 2009.

Las cifras que manejan los entes oficiales y los privados, señalan que entre enero y septiembre de este año se realizaron 41.500 viviendas, cuando en el mismo lapso de 2009 se culminaron 64.500 soluciones, lo que muestra, que pese al discurso, la realización de unidades continúa en descenso.

En descenso:

Aunque el primer mandatario en sus alocuciones reitera que la construcción de viviendas la asume como un reto personal y que por ello entre las prioridades de inversión pública se encuentra la fabricación de soluciones habitacionales, los datos de los entes ejecutores muestran que el número de soluciones terminadas bajó 57%.

Según los datos de los organismos, entre enero y septiembres se culminaron 9.510 viviendas, mientras que en el mismo lapso de 2009 se efectuaron 22.400 soluciones.

En ese menor número de unidades incidieron varios factores, siendo uno de ellos, la inversión programada para el sector. Los fondos previstos por la vía del gasto ordinario no fueron suficientes, de manera que la inyección de recursos estuvo sujeta a los traspasos de mecanismos como el Fonden.

Ante la baja disponibilidad de recursos se retrasaron las cancelaciones a las contratistas, lo que afectó la continuidad de los proyectos.

A los atrasos se sumó la orientación de parte de los fondos ordinarios a otros programas. Los recursos se dirigieron al plan Barrio Nuevo Tricolor, que consiste en la rehabilitación de soluciones.

En el presupuesto de 2010 se contemplan como prioridades ese plan de rehabilitación y la conformación de ciudades socialistas a escala nacional.

El sector público tampoco ha escapado a las fallas en el suministro de insumos esenciales. Si bien el Estado controla el 90% del mercado de cemento y productos de acero, actualmente enfrenta limitaciones en el abastecimiento, debido a que la producción de los materiales ha disminuido.

Desaceleración:

El problema con el suministro de cemento, cabilla y agregados fue una de las razones que obligó al sector privado a bajar su ritmo de producción de soluciones habitacionales.

Los privados entre enero y septiembre de este año terminaron 31.990 viviendas, cuando en 2009 culminaron 42.000 casas, siendo la caída de 24%.

A los problemas con el suministro de materiales, se añadieron las regulaciones fijadas al sector y la menor inversión. Los representantes del sector construcción han señalado que ante las medidas que se han ejercido se ha creado un clima de incertidumbre que termina impactando en las obras.

Desde mediados el pasado año se han diseñado marcos legales para controlar al sector, entre los que se encuentran la resolución que prohíbe el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, la Ley de Tierras Urbana y la reforma de la Ley del Indepabis. Actualmente están en proceso la Ley de Preventa, la Ley de Mercado Inmobiliario y los cambios a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Los representantes del sector construcción, expresan que esos marcos legales junto con las acciones de expropiación y ocupación de desarrollos habitacionales, agudizará la desaceleración de la actividad en los próximos meses. Eso significa que el número de unidades a terminar en cada trimestre será más bajo.

Privadas de libertad 8 personas

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que como parte de la investigación que se adelanta en las inmobiliarias hay ocho personas privadas de libertad, nueve acusaciones y 39 prohibiciones de salida del país.

Explicó que suman en total 239 investigaciones y 38 empresas con medidas de aseguramiento, que consisten en la prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de cuentas bancarias para 29 de esas compañías.

Ante los procesos de expropiación emprendidos por el Ejecutivo nacional, explicó que “las expropiaciones vienen a ratificar el derecho a la propiedad, porque no se está expropiando por capricho, sino por razón de interés social”.

En la continuación de las acciones sobre el sector inmobiliario que adelanta el Gobierno, Aura Rosa Hernández, presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), señaló a AVN que las constructoras de los expropiados conjuntos residenciales Loma de la Hacienda, El Encantado, Mata Linda, El Fortín y San Antonio recibirán además sanción monetaria que puede ir de 1.000 a 5.000 unidades tributarias (UT).

Detalló que se llevan a cabo, en la actualidad, los diferentes procesos de fiscalizaciones para atender las denuncias de los afectados.

Agregó que las salas situacionales contabilizan más de 170 denuncias diarias, vinculadas a actuaciones reiteradas de las constructoras y sus inversionistas.


MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
viernes 19 de noviembre de 2010

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