Una nueva acción de tutela será radicada próximamente ante el Tribunal Superior de Cundinamarca por parte de la defensa de la exsenadora Piedad Córdoba, con la que se busca dejar sin efectos disciplinarios ni jurídicos la sanción de 18 años interpuesta por el procurador general Alejandro Ordóñez.

El abogado Alfredo Beltrán Sierra, apoderado de la excongresista liberal, aduce en la acción de tutela que el procurador Ordóñez se extralimitó en sus funciones al emitir el fallo que derivó en la inhabilidad y sanción contra Córdoba.

Esta acción de tutela se suma a la que interpuso un grupo de seguidores de la exlegisladora ante el Tribunal Superior, en la que argumentaron que fueron vulnerados los derechos políticos a elegir y ser elegidos, catalogados como fundamentales por parte de la Constitución.

SANCIÓN CONTRA PIEDAD CÓRDOBA

 La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años a la senadora Piedad Córdoba por su proximidad con las Farc. “El Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”, dijo la Procuraduría.

Esta decisión de carácter disciplinario, que de momento es en primera instancia y tendrá la posibilidad de ser apelada, se da luego de que la senadora liberal fuera mencionada en varios correos electrónicos y en los computadores de ‘Raúl Reyes’, hallados bajo el marco de la operación ‘Fénix’, ocurrida en territorio ecuatoriano.

La determinación de la Procuraduría podrá ser apelada y sería la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, la que determine si la sanción contra la legisladora se hace efectiva.

INVESTIGACIÓN CONTRA LA SENADORA

 La Procuraduría realizó un cruce de documentos entre las Farc y la senadora y determinó que la legisladora se extralimitó en la información que le suministró a la guerrilla y en la autorización dada por el Gobierno para facilitar la liberación de secuestrados.
Se analizaron las salidas de emigración de la senadora Córdoba, algunas interceptaciones telefónicas a miembros del bloque Libardo García de Cali.
Según el Ministerio Público, la senadora habría emitido consejos a las Farc para que no enviaran videos e personas secuestradas. Además, dio información a la guerrilla sobre asuntos diferentes al tema de secuestrados, entre ellos donaciones posibles de gobiernos extranjeros.
“Además dio información a este grupo al margen de la ley sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos“, explicó el Ministerio Público.
Según el informe citado por el medio radial, Córdoba instruyó a las Farc que dieran pruebas de vida de algunos secuestrados y realizó declaraciones en actos públicos en los que promocionó a la guerrilla.

Terra.com.co