Casas muertas…

Los chistes crueles se están convirtiendo en la política diaria del gobierno militar. Veamos, por ejemplo, como hoy el régimen se adjudica el papel de inversionista inmobiliario y trata de engañar a la clase media con la promesa de que va a terminar la construcción de una docena de edificios en Caracas y sus alrededores.

La intención anunciada por Miraflores es “acabar con las irregularidades en el cobro del ajuste por inflación” y combatir “los retrasos en la entrega de las viviendas”. Ojalá fuera verdad tanta belleza, pero cuesta creer en esas promesas porque, en doce años que llevan en el poder, el Gobierno sólo ha mostrado una incapacidad criminal para enfrentar el problema de la vivienda.

Tal disfuncionalidad se puede cuantificar perfectamente examinando las cifras sobre la materia, tanto las oficiales que los ministros presentan en su memoria y cuenta (o cuento) ante la Asamblea Nacional, como aquellas más aproximadas a la verdad que da a conocer trimestralmente la cámara que agrupa a los constructores privados.

Las cifras del sector público en construcción de viviendas son cada día más raquíticas en comparación con las del sector privado que, en verdad, se ha echado al hombro la exigente tarea de proporcionar a los venezolanos un apartamento o una casa decente. Y todo esto a pesar de que se le colocan innumerables trabas y se le zancadillean condiciones y comisiones fuera de la ley.

El megafracaso del sector público obligó al Ejecutivo a una traidora misión: salir a comprar en el extranjero casas prefabricadas sin tomar en cuenta la capacidad y experiencia que tiene el sector privado venezolano para levantar, conjuntamente con el Gobierno central, las gobernaciones y alcaldías, desarrollos residenciales a lo largo del país. Ese desprecio por lo nacional lo pagará muy caro al final.

No se trata de que el Estado deponga su responsabilidad y su obligación de tener una política de viviendas, sino de que se integren las intenciones del sector público con el gran potencial de construcción que tiene el sector privado. Para esto es necesario un plan nacional que convoque también a las universidades y a los gremios de ingenieros y arquitectos, que tienen mucho qué decir en este tema de primordial importancia. Hoy se les mantiene injustamente fuera de juego.

La demagogia presidencial hace que el comandante se concentre en unos cuantos conjuntos residenciales (cosa que no le corresponde a él sino a sus subalternos del Indepabis) y se olvide de un plan general para una Caracas que hoy naufraga en el caos, que crece sin orden ni concierto, sin un inventario creíble de tierras urbanizables, sin proyectos de vialidad, transporte colectivo y servicios públicos para atender a los nuevos habitantes.

Mientras tanto, 50% de la población sobrevive en barrios inseguros e inestables, íngrimos de la ayuda del corrupto estado militar petrolero.

Por: Redacción
Política | Opinión
EL NACIONAL