Ahora, al parecer presionados porque el caso pone de bulto
el “doble discurso” presidencial.

El interventor debe determinar el estado de
esa empresa como promotora inmobiliaria

La empresa del gobierno dedicada a la promoción de proyectos habitacionales y uso de las tierras en Guayana, CVG Ferrocasa, tendrá a partir de hoy un interventor especial, con plenos poderes, “para determinar el estado de esa empresa como promotora inmobiliaria”.

La medida, tomada el pasado viernes por la directiva de CVG es la respuesta a las denuncias y protestas de centenares de compradores de viviendas que se sienten estafados en el caso “Guayana Country Club” o “Campaña de Guayana”.

El caso, que ya tiene 7 años y ha ocasionado numerosas protestas de calle en Puerto Ordaz, polémicas en los medios y denuncias, resurgió con fuerza a raíz de los anuncios de expropiaciones hechos por el presidente Chávez en varias regiones del país, porque las causas son exactamente las mismas de la cual el gobierno es responsable en el mencionado caso.

El desarrollo habitacional para trabajadores y profesionales lleva ya 7 años sin haberse concluido, con cerca de la mitad de las viviendas sin entregar, sin cumplir con el resto de las obras comunes, pese a que todos los compradores originales pagaron las cuotas adelantadas de 50% convenidas e incluso en muchos casos la totalidad del precio de la vivienda, pero el organismo gubernamental o no ha terminado su construcción o se niega a entregar las casas y apartamentos exigiendo pagos extras “por ajustes” de hasta 200%”.

Incluso 40 familias que habían pagado completo, ocuparon sus propias viviendas sin esperar el permiso por lo que han sido imputadas por Fiscalía como “invasores”, soportado presiones y amenazas por orden de la propia CVG.

Los cuatro presidentes de CVG y ministros del Mibam que han pasado por el cargo han avalado las acciones de Ferrocasa y su presidente Juan Vicente Cabezas, quien llegó al cargo de la mano del ministro Víctor Álvarez tras ser destituido del CSB luego del incendio en Parque Central.

Ahora, al parecer presionados porque el caso pone de bulto el “doble discurso” presidencial, ordenan la intervención, que será ejecutada por el Ing. Luís Correa, intentando quizás culpar solamente a éste de lo ocurrido.

Por: Damián Prat