Expropiaciones apuntan a restituir los derechos a la vivienda de numerosas
familias afectadas por el abuso de las empresas constructoras.
La restitución del derecho a la vivienda
“Más que expropiaciones de propiedades privadas, las intervenciones que viene haciendo el Gobierno Nacional a varios proyectos habitacionales son hechos que apuntan a restituir los derechos a la vivienda de numerosas familias afectadas por el abuso de las empresas constructoras”, sostuvo la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Ramírez recordó que estas expropiaciones fueron ordenadas por el Gobierno Nacional tras analizar centenares de denuncias hechas por familias que entregaron todos sus ahorros y recursos económicos para adquirir apartamentos y viviendas, que no han recibido a la fecha o se les pretendía obligar a pagar hasta tres y cuatro veces el valor inicial acordado con la constructora.
“Esta es una restitución del derecho a la vivienda que está consagrado en la Constitución y que era violado por estas empresas que aplicaban cobros del Índice de Precios al Consumidor o incumplían directamente los contratos firmados con las familias”, recordó.
Ramírez señaló que las constructoras terminan generando estos desarrollos habitacionales y trasladan su responsabilidad bajo la figura de asociación civil, “y entonces inventan cuotas especiales y cualquier tipo de subterfugios para tratar de sacarle el dinero a la gente con algo tan anhelado como es un techo, lo que se transformó en una práctica en el país.
Añadió que la Defensoría del Pueblo considera que el Estado actuó de manera constitucional al intervenir en esta problemática.
En este punto, recordó que en un reciente encuentro mundial de defensores del Pueblo, realizado en Hamburgo, Alemania, se reiteró que las violaciones de derechos humanos no son única y exclusivamente un área en la que los acusados pueden ser los Estados o gobiernos.
“Hay un consenso, que ha llegado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de que las empresas privadas también pueden violar derechos humanos de la población y este es justamente el caso que estamos viendo con estas constructoras en Venezuela”, explicó.
Señaló que el cobro del Índice de Precios al Consumidor es ilegal y repite la vieja figura del cobro de créditos indexados, aplicado en la década de los años 90 por el mercado financiero.
“Esos créditos indexados no eran otra cosa que el cobro de intereses sobre interés a los solicitantes de préstamos bancarios para la compra de viviendas y vehículos, haciendo que la deuda fuera interminable e impagable”, recordó.
SCZ/ Globovisión/AVN
