El Presidente anunció la expropiación de seis conjuntos residenciales y
la ocupación de otros ocho.

Algunos están preocupados y
otros se mostraron agradecidos

En San José del Ávila, El Encantado y Mirávila esperan respuestas. El domingo comenzó una etapa de zozobra para muchas familias. El presidente Hugo Chávez anunció la expropiación de 6 conjuntos residenciales, la ocupación temporal de otros 8 y medidas especiales para más de 20, en su programa Alo, presidente. “La Guardia Nacional llegó anoche, pero existe mucha incertidumbre entre los vecinos”, afirmó Carlos Ramírez, dueño de un apartamento del edificio Mirávila, en el estado Miranda, que está en la lista de ocupados temporalmente.

Apenas se enteraron de la medida, varios propietarios de inmuebles en el conjunto residencial se organizaron para hacer vigilia frente a los edificios. Así estuvieron desde el lunes en la madrugada.

A media mañana se presentó una comisión del Indepabis, que no permitió la lectura de un documento redactado por los residentes. “Sólo mostraron una providencia que decía que la medida es una ocupación temporal y que garantizan el derecho a la propiedad”, contó Ramírez.

Alenda Palma llegó temprano a las puertas de las residencias San José del Ávila, al final de la avenida Baralt. Lleva dos años en espera de la entrega del apartamento que compró en 2006 y que le prometieron para finales de 2008. Ella dice que su vivienda está prácticamente lista y que no se la han dado porque falta el permiso de habitabilidad.

Palma pertenece a una de las 738 familias que adquirió una propiedad en ese conjunto. Horacio Rangel, vocero de los propietarios de las residencias, señala que las constructoras estaban especulando. “Hay un grupo rezagado porque se negó a pagar el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Ellos nunca nos explicaron que debíamos cancelar ese monto adicional. Nosotros estamos en la calle, con problemas de salud y queremos tomar posesión legítima de nuestro inmueble”.

A las 10:00 am, las rejas de la entrada a San José del Ávila estaban cerradas. Los funcionarios del Indepabis sólo dejaban pasar a las personas que habían hecho denuncias en ese organismo. Los demás aguardaban afuera, con carpetas en las manos. Muchos estaban descontentos porque no les permitían acceder a las obras; decían que todos debían recibir el mismo trato. Uno de los vecinos, con megáfono en mano, daba las indicaciones: mantener la calma y anotarse en listas. Así podría hacerse un censo de los propietarios que todavía no tenían sus apartamentos, a pesar de que les habían ofrecido entregárselos años atrás.

Todos se aglomeraban y hacían preguntas a los trabajadores del Indepabis. Se asomaban a través de las rejas y les enseñaban papeles. Como respuesta, recibían llamados a la calma.

Palma está de acuerdo con la medida tomada por el jefe del Estado. Dice que la aprueba porque los beneficia a todos.

Un tiempo vivió alquilada, pero ahora está en la casa de su suegro, con su esposo y su hijo.

Ahora está embarazada de morochas. “Tenemos dos años así, a pesar de que contamos con un apartamento que hemos ido pagando poco a poco”.

Otra propietaria, que prefirió mantener su identidad en reserva, también tiene dos años esperando por su apartamento.

Firmó una opción de compraventa en 2006, pero todavía no la han llamado para firmar o registrar. Dice que su casa ni siquiera está lista. A las 10:00 am esperaba para anotarse en las listas del censo que elaboraba el resto de los vecinos.

En El Encantado, en Macaracuay, uno de los seis edificios expropiados, estaba Glorimar Hernández. Ella pagó la inicial de su apartamento 2007.

Su vivienda está en la tercera etapa, que no se ha terminado de construir. “La obra tiene dos años de retraso. Ahora, con la medida del Gobierno, quién sabe cuánto tiempo más voy a esperar por el apartamento”, dijo.

En ese conjunto residencial, los propietarios se reunieron desde temprano para exigir el derecho de propiedad y que se terminen las obras a tiempo. “Estamos en contra de la medida porque retrasa toda la construcción”, expresó un vecino.

William Bolívar, propietarios de un apartamento de la segunda etapa, explicó que su vivienda está lista para entregar y que tuvo que pagar 80.000 bolívares por INPC. “La promotora me dijo que como había solicitado el apartamento desde 2007 tenía que pagarlo; no me arrepiento, sólo quiero que me entreguen las llaves y evitar tantos problemas”.

“Están jugando con la necesidad de la gente”

Geraldine Ferrer llegó en la mañana al complejo de edificios San José del Ávila. Ella se asustó después de escuchar el anuncio del presidente Hugo Chávez, en el que se ordenaba la ocupación temporal de esa propiedad. Llegó temprano al lugar y se quedó toda la mañana. “Vine a ver qué pasaba porque uno nunca sabe. Hay personas que se quieren meter”.

A Ferrer le entregaron su apartamento hace seis meses.

No ha podido mudarse porque está en proceso de remodelación. Ella dice que el piso tiene cinco centímetros de desnivel y las paredes están agrietadas.

Espera que terminen de frisar para mudarse con su bebé prematuro. Hizo una denuncia en Indepabis, pero luego la canceló y pagó el precio de contado.

“Están jugando con el cansancio y la necesidad de la gente. En mi caso, ganó la necesidad”.

Una propietaria, que pidió reservar su nombre, dijo que tiene un año en su apartamento.

Cuando anunciaron la medida de expropiación sintió miedo por lo que podría suceder con su casa. Ayer, el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, aseguró que los propietarios ya instalados no van a verse afectados.

Familias sin vivienda aguardan por un cupo:

Grecia Farías vive en la urbanización Villas del Sol, cerca de San José del Ávila. Es representante de 30 familias que viven hacinadas en casas, y que esperan para que la Fundación de la Vivienda Popular haga edificaciones que puedan habitar. Ayer permanecía en la entrada del conjunto residencial ocupado porque quería hablar con el ministro y plantearle su situación.

Aída Herrera reclama que no quieren anotarla en la lista de personas que necesitan casas.

Admitió que estaba en el lugar esperando que alguien rechazara alguno de los apartamentos para tomarlo. “No me gusta hacer esto, pero tengo una necesidad muy grande”. Como ellas, decenas de personas esperaban con la esperanza de que se les diera alguna de las casas expropiadas.

Gobierno garantizó “entrega” de propiedades:

El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, aclaró que las expropiaciones se harán a las empresas constructoras. Los propietarios pueden estar tranquilos, porque recibirán sus viviendas de forma inmediata, aseguró. “La resolución abarca una serie de medidas que regulan la actividad de los promotores privados. Aquellos que estén dispuestos a cumplir, bienvenidos sean. Pero debemos intervenir a los que no quieran aceptar, por el bien de todas las familias que están esperando sus viviendas”, agregó.

Richard Canán, ministro de Comercio, dijo que no hay espacio para nuevos propietarios. Se entregarán los apartamentos a quienes posean los papeles que certifiquen la compra.

“Esto se hizo porque un grupo de urbanizadores estaba traficando con las necesidades del pueblo, especulando con todas las viviendas. Se cobraban montos de hasta 200% y 300% más que los acordados en el contrato inicial. Estamos haciendo justicia para todas estas familias”, sostuvo Canán.

Agregó que impondrán sanciones contra las empresas de hasta 5.000 unidades tributarias por apartamento.

ARIANA GUEVARA GÓMEZ | LUZANGELLY MEDINA
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