Municiones y mentiras

En medio de improvisaciones, ignorancia y apresuramientos populistas el Gobierno trata de insuflarle vida a una lamentable ley de desarme que en nada se corresponde con lo que el país espera. Pareciera que el único objetivo que se persigue es calmar la indignación por la cantidad inmensa de homicidios que se cometen en Venezuela con armas de fuego.

Pero como lo demuestra la experiencia lograda por otros países, una ley de desarme debe ser parte de un ambicioso plan nacional de seguridad para que sus efectos se hagan tangibles en el corto y mediano plazo, y no naufraguen en la soledad de las normas que nunca se cumplen o que son esquivadas por la delincuencia organizada, las policías corruptas y sectores militares.

Basta saber que en el mundo entero, los grandes proveedores de armas cortas son los propios gobiernos a través de funcionarios de los cuerpos de seguridad y de los integrantes de las fuerzas armadas. Los informes anuales de la ONU indican claramente que los traficantes de armas se nutren de empresas del Estado o compañías que cuentan con el aval del sector público. Los envíos se concretan ya sea por convenios comerciales corruptos con presidentes o ministros, o por intermedio de la triangulación de importaciones que jamás llegan a su destino sino que son desviadas a terceros países nunca identificados.

En Venezuela, el Gobierno juega un papel fundamental en el aprovisionamiento de armas cortas y de algunas de guerra que están en manos de grupos afines a la revolución chavista. Ya hemos visto como en el sector del 23 de Enero de Caracas pululan los grupos paramilitares y parapoliciales que imponen su ley portando armas que, por sus características y uso de munición, responden al esquema de armamento de los cuerpos de seguridad del Estado, de la GN y del Ejército. Un esquema parecido se está estableciendo en Mérida con unidades tácticas del chavismo que operan desde sus bases en las residencias de la Universidad de los Andes. Las autoridades rectorales están cansadas de apelar al gobernador del Estado para que desarme a estos comandos oficialistas.

Desde este punto de vista, cabe preguntarse si los diputados chavistas en la Asamblea Nacional están dispuestos a enfrentar la dura tarea de desarmar a estos grupos paramilitares y parapoliciales que actúan protegidos por el paraguas oficialista de ser defensores de la revolución. Ya en Caracas, en el sector del 23 de Enero, van 18 personas asesinadas este año por estos comandos anárquicos. Y que no digan que no saben quiénes son porque tienen años diciendo que controlan cualquier movimiento en el 23 de Enero.

Este domingo, nuestro suplemento Siete Días aborda el problema de la ley de desarme con un enfoque amplio, rotundo y positivo, pero a la vez humano, profesional y estremecedoramente crítico. Que caiga esta investigación en un terreno fértil para que se siembren soluciones.

Por: Redacción
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EL NACIONAL