El descontrol en la circulación de armas de fuego ha elevado la letalidad de la violencia, mientras los venezolanos esperan que los planes oficiales para revertir la situación sean más que promesas.

Expertos y activistas de los derechos humanos piden
profundizar y abrir más el debate sobre la nueva ley

Desarme no es una palabra vacía para José Palacios. En el último año y medio vivió dos tragedias que estuvieron ligadas a la proliferación de armas de fuego a su alrededor: “Mi hijo y mi nieto fueron asesinados a disparos”. Siente impotencia, pero no se resigna a vivir en un entorno en el que la ley se escribe con pólvora. Le parece que el Estado debería actuar con urgencia para sacar de circulación los arsenales que

han llevado la letalidad de la violencia criminal a niveles sin precedentes en la historia de Venezuela. “Es una necesidad nacional, hay que decir basta”, dice el dirigente comunitario del barrio Carpintero de Petare, municipio Sucre, con palabras que pudieran estar en los labios de millones de ciudadanos.

Palacios no se había recuperado del primer asesinato cuando sobrevino el segundo.

Su hijo, de 25 años de edad, fue abaleado cuando se dirigía a comprar víveres: “Llevaba 120 bolívares y se los quitaron. Lo golpearon con un palo y luego le dispararon. Sus dos niñas quedaron huérfanas”. El caso de su nieto, de 18 años de edad, fue distinto: “Se resistió a que le arrebataran la moto y por eso lo mataron”.

La suerte que corrieron ambos está lejos de ser excepcional. El Instituto Nacional de Estadística elaboró el año pasado una encuesta de victimización, cuyos resultados rebasaron incluso las proyecciones más audaces. Los cálculos indican que más de 950.000 delitos se cometieron con armas de fuego entre julio de 2008 y julio de 2009. En el período hubo 19.000 muertos por homicidios, de los cuales 80% recibió, al menos, un balazo, como el hijo y el nieto de Palacios.

El luto que ha ensombrecido dos veces a su familia motivó al dirigente comunitario a insistir en el reclamo de que se hagan realidad los fallidos anuncios oficiales de la aplicación de un desarme, que hubiera podido ayudar a evitar la muerte de muchas de las 130.000 víctimas de homicidios de los últimos 11 años y medio. En el mismo período que su hijo y su nieto fueron asesinados, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, en enero pasado, una ley de desarme y control de municiones destinada a actualizar la legislación sobre armamento, vigente desde 1939, y a sustituir la Ley de Desarme de 2002, que hoy es letra muerta. El vecino de Carpintero siente que no sólo se ha perdido tiempo, sino que el debate no ha sido suficientemente incluyente. “Hay que discutir ese tema con todo el país sin importar los colores políticos”, dice Palacios, de 48 años de edad. “Deberían, por ejemplo, trabajar con los alcaldes, que son los que mejor conocen sus comunidades”, suelta como una sugerencia de lo que aún se puede hacer.

La crítica de Palacios encierra un reclamo que expertos y activistas de derechos humanos ya han expresado a las autoridades: la necesidad de generar un debate de mayor alcance para construir consensos, perfeccionar la propuesta y evitar que otra tentativa de desarme muera antes de nacer. “El proceso debe ser mucho más transparente, la gente no conoce bien el proyecto y hay que construir confianza, pues entregar armas no es un tema fácil”, señala César Marín, uno de los coordinadores de la Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas y Ligeras (Iansa, por sus siglas en inglés).

Para ilustrar por qué lo dice, el activista habla de la experiencia de Guatemala, donde 36 años de conflicto armado interno dejaron una huella de cultura violenta. Allí, por ejemplo, se creó una Comisión Nacional para el Desarme que reunió las más altas instancias del Estado con sectores de la sociedad civil en 2005. Al cabo de 4 años, el Congreso redactó una ley. “Se hizo un proceso participativo importante”, relata Marín, que reconoce que el Estado venezolano ya hizo un esfuerzo semejante con la reforma policial y no ve por qué no pueda replicarse.

Del trabajo parlamentario se conoce sólo el proyecto que iba a ser presentado para la segunda discusión ­cuyo debate fue diferido el 16 de septiembre­ y un nuevo papel de trabajo que no ha sido difundido de manera oficial. Aunque Marín aplaude que el Parlamento avance en la legislación, no deja de señalar que el proyecto carece de un enfoque integral para regular el armamento desde su fabricación hasta su destrucción.

Ninguna disposición, por ejemplo, refiere a las obligaciones de la industria militar venezolana como fabricante. “El foco principal se puso sólo en los últimos eslabones de la cadena”. El Parlatino aprobó una Ley Marco de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados como referencia para los Estados miembros bajo el enfoque integral al cual alude Marín. “Podría tomarse en cuenta”, dice.

Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, afirma que la pluralidad sólo enriquecerá la discusión y ayudará a fortalecer la conciencia pública: “Hay consensos en asuntos clave y en la necesidad de la legislación”. La ley se convirtió en un tema de campaña para candidatos de oposición y del Gobierno con motivo de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. “Es importante evitar caer en la polarización porque eso no ayuda a buscar soluciones”, añade Ruiz.

La aprobación en segunda discusión está planeada para antes de enero, cuando se instalará la próxima Asamblea Nacional. La oposición ha propuesto que el tema sea tratado cuando asuman los nuevos diputados con un Parlamento con otra composición política.

Amplitud:

Una historia puede ilustrar cómo se materializó el debate del proyecto más allá de los muros oficiales. Once días antes de los comicios de septiembre, funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores convocaron de improviso a una reunión con representantes de organizaciones de derechos humanos que habían firmado cuatro meses antes un manifiesto en favor del desarme. El documento fue redactado después del encuentro Constructores de Paz, organizado por el Centro Gumilla y la Red de Acción Social de la Iglesia en mayo, en el cual se debatieron proyectos comunitarios dedicados a la prevención de la violencia. Allí se presentaron también experiencias internacionales en desarme como la de la organización no gubernamental Viva Río, de Río de Janeiro. El comunicado público expresaba, entre otras ideas, la necesidad de que se ampliara la participación.

Copias del texto fueron consignadas ante el Ministerio de Relaciones Interiores y el Parlamento por Josbelk González, entonces miembro del Centro por la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Las autoridades reaccionaron ante la correspondencia apenas el 15 de septiembre, apenas un día antes de la segunda y definitiva discusión de la ley. “Nos llamaron y nos fuimos corriendo para allá. Les preguntamos qué harían para ampliar la consulta”, recuerda Marín, que representó a Iansa. “La reunión duró hasta la noche. Presentaron el proyecto e incorporaron observaciones que hicimos y que recogían el espíritu del manifiesto”, señalan Luis Carlos Díaz y Alfredo Leal del Centro Gumilla. También acudió Pablo Fernández, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Los funcionarios mostraron receptividad ante los comentarios, pero una propuesta se convirtió en punto de honor para los activistas: la creación de un fondo para la atención de las víctimas y sobrevivientes. Éste sería constituido con el dinero recogido por las multas aplicadas a los infractores.

Ninguna disposición semejante había sido incluida. “Eso demuestra por qué se requiere más discusión. Aquí las víctimas atraviesan graves problemas, las familias muchas veces ni tienen para enterrar sus muertos”, afirma Marín.

Los activistas, sin embargo, saludan que el diálogo se abriera, a pesar del obvio telón de fondo electoral. “Los canales de participación están, pero muchas veces la sociedad no los utiliza y no va a las instituciones. Nosotros lo hicimos y obtuvimos un resultado”, afirma González cuando recuerda el episodio.

La segunda discusión avanzó hasta el segundo artículo.

Cilia Flores, presidenta del Poder Legislativo, señaló en su momento por qué se difirió: “Hay muchas propuestas que se han recibido en la consulta nacional. Se están trabajando y sistematizando para incorporarlas al proyecto”. Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa, ha respondido a las críticas sobre la falta de participación con un dato: se realizaron más de 120 mesas de trabajo con “instituciones y pueblo organizado” para debatir el texto. Sin embargo, diputados de PPT y Podemos dijeron entonces que desconocían el proyecto y que éste había sido remitido por el Gobierno.

(Des)confianza:

La necesidad de una discusión inclusiva no es caprichosa. La experiencia internacional acredita que los procesos legislativos ayudan a consolidar la conciencia colectiva indispensable para luego pasar a la ejecución. Hay expertos que señalan que la mayoría de las armas legales e ilegales en el país está en manos de civiles. La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional calcula que hay entre 8 y 15 millones de pistolas, revólveres y rifles. La importación para uso privado, de hecho, se disparó en los años del clímax de la polarización política entre 2001 y 2002. Uno de los desafíos planteados es convencer a los ciudadanos de que tener armamento, incluso si es legal, implica riesgos. “Las probabilidades de que uno sea victimizado con su propia arma son muy altas”, dice Ruiz. “Buena parte del mercado ilegal se alimenta de las pistolas y revólveres que son adquiridos legalmente, pero que luego los delincuentes roban o hurtan”.

Pero las fallas del Estado para garantizar la seguridad ciudadana no alivian las inquietudes de un tercio del país que manifiesta la disposición de armarse si pudiera, según estudios del Observatorio Venezolano de la Violencia. También hay críticos que consideran que con ley o sin ella los organismos del Estado no trabajan como deberían para desarmar la delincuencia o grupos con arsenales (como los del 23 de Enero o los fronterizos como el FBL). Sólo entre 2002 y 2006, se destruyeron 66.529 armas según reportes oficiales. Otras 32.470 fueron fundidas en un acto público en noviembre pasado.

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, se pregunta cómo generar confianza sin transparencia en el debate legislativo y con un discurso político encendido. “El verbo presidencial tampoco ayuda. Hay que desarmar las palabras”.

Isabel Rada, concejala del PSUV en el municipio Sucre, no olvida lo que hizo hace dos años cuando promovió una ordenanza de desarme para la jurisdicción. “Hablamos con todos sin importar afiliación política: comerciantes, estudiantes, fuimos a las urbanizaciones y a los barrios”, dice la funcionaria. “Ahora hay que hacer lo mismo”. José Palacios, que cree que la nueva Asamblea Nacional debería asumir la discusión de la ley, recuerda lo que hizo Rada. “Se puede hacer, pero falta la voluntad”.

Por: DAVID GONZÁLEZ
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