Elías Jaua solicitó a la Fiscalía investigar el sabotaje de las operaciones. Las
plantas continuarán militarizadas hasta que cesen protestas de empleados.

Denuncian que el Gobierno
obliga a desviar la cosecha

El Gobierno despedirá a gerentes y trabajadores de Agroisleña que se opusieron a la expropiación y paralizaron las operaciones de las plantas de procesamiento de agroquímicos e insecticidas Inica, Proyefa y otras empresas filiales del grupo, ahora llamado Agropatria.

El vicepresidente de la República, Elías Jaua, anunció en Cagua que la medida de nacionalización es irreversible y que quienes saboteen las operaciones serán despedidos.

“Hay un grupo de gerentes que se ha dedicado a entorpecer las medidas de transmisión pacíficas acordadas con los propios dueños. Hemos solicitado al Ministerio del Trabajo la calificación de despido para los responsables de los actos de sabotaje y paralización de las plantas”, anunció Jaua en un acto en la sede de Inica.

El funcionario afirmó que el Gobierno decidió resguardar las plantas con seguridad militar para evitar sabotajes, y que solicitó a la Fiscalía abrir una averiguación por los hechos que llevaron a la suspensión de las operaciones.

“Estamos obligados a hacer acatar las medidas del Gobierno, por eso hemos tomado la decisión de resguardar las instalaciones con seguridad militar”, dijo.

Reiteró que quieres no estén de acuerdo con la nacionalización, tienen la libertad de decidir no continuar en la empresa.

Jaua afirmó que el Ejecutivo reconocerá a los propietarios el pago del consorcio. “El Gobierno pagará hasta el último céntimo de estas empresas”.

Informó que el pago de pasivos laborales y de otros compromisos sigue estando bajo la responsabilidad de la administración privada. “La responsabilidad laboral sigue siendo de la empresa Agroisleña mientras se asume la transición. Las cuentas están siendo manejadas de manera clara y cualquier movimiento de dinero de cuentas relacionadas debe ser autorizado por la junta interventora”.

Una tarima en las puertas de la empresa Inica, autobuses que trasladaron a oficialistas de distintas zonas del país y que fueron de desplegados por toda la avenida principal de la zona industrial de Cagua, marcó la visita que realizó el vicepresidente, Elías Jaua a esta empresa. Se contabilizaron al menos cuarenta autobuses, y una vez que concluyó el acto, las personas, en su mayoría empleados públicos de la Gobernación de Aragua y del ministerio de Agricultura, abordaron las unidades colectivas.

El personal obrero y administrativo de Inica y Proyefa decidió no estar presente para evitar altercados, y porque no apoyan la adjudicación la expropiación.

Control oficial:

Productores de arroz y maíz denuncian que efectivos de la Guardia Nacional y del Ministerio de Alimentación los obligan a desviar a Agroisleña los camiones con las cosechas, que tienen guías autorizadas por el Ministerio de Agricultura, para despachar a agroindustrias privadas.

“Muchos productores tienen programas de financiamiento con Agroisleña y otras organizaciones y no necesariamente toda la cosecha debe ir hacia Agroisleña”, dijo el vicepresidente de Fedeagro, Roberto Latini. Explicó que hay un listado que maneja el Gobierno, con los agricultores que recibieron créditos de Agroisleña y se debe coordinar para evitar una casería de brujas, en la que se entorpezca el proceso de arrime, de guiado y de entrega del producto. “Con el desvío de camiones que ya están en las colas para ingresar a los silos, se corre el riesgo de que se descomponga la cosecha y dejaríamos sin producto a una asociación”, alertó Latini.

Jesús Betancourt, gerente de Ensyla empresa que opera silos privados, explicó que en estas instalaciones están obligados a recibir cualquier camión que llegue, verificando que posea el guiado emitido por el ministerio. “Ninguna industria está recibiendo de manera fraudulenta la cosecha, y tampoco se quiere dejar sin producto a Agroisleña”. Recordó que son los ministerios de Agricultura y de Alimentación los que tienen el control de la movilización de toda la cosecha en el país y no el sector privado.

KATIUSKA HERNÁNDEZ
LAUDELIN SEQUERA | CAGUA
khernandez@el-nacional.com
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EL NACIONAL