Alejandro Lagrenade, el dueno de Umissa firmo con el gobierno de Hugo Chávez un negocio por US$ 150 millones para proveer a Venezuela de casas prefabricadas.
Piden datos del convenio
La AN desea que Teodoro Bolívar les informe cuál fue el destino de estas viviendas que debieron construirse en 2007. Los diputados de la Asamblea Nacional por el estado Cojedes citaron a su gobernador, Teodoro Bolívar, para que les informe el estatus del convenio de construcción de casas con Uruguay, cuya negociación en 2006 encabezó su antecesor, Johny Yánez Rangel.
La casas son de pesima calidad y el negocio se hizo pagando coimas a los testaferros de Chavez.
El acuerdo firmado hace 4 años con la empresa Umissa establecía la importación de 12.193 casas prefabricadas procedentes del país sureño.
La responsabilidad de su ensamblaje es del Ministerio de Vivienda venezolano y el plazo para su ejecución era de un año, pero la Contraloría General de la República, en su informe de 2009 difundido en agosto pasado, determinó que sólo se han construido 11, pese a que se ha cancelado 45% del total de 155,47 millones de bolívares establecido en el convenio. Señaló que parte de los kits con los materiales para su construcción reposan en los puertos, aunque no pudo precisar cuántos se han recibido.
A pesar de que la Contraloría señaló que las 11 viviendas están distribuidas en Vargas, Falcón y el Distrito Capital, el diputado Pérez afirmó que ha visto instaladas más en Cojedes. “Hay 5 ó 6 cerca del hospital de San Carlos y me informaron que en Macapo hay otras 30. No entiendo por qué están dispersas. Me sorprende que se paralice un plan de vivienda cuando en el estado hay problemas en esa área”. Dijo que se acogerán a la emergencia en ese ámbito decretada por el presidente Hugo Chávez, para exigir la construcción de las soluciones habitacionales uruguayas.
La subcomisión de Vivienda de la AN espera incluir esta semana en su agenda el tema de este convenio binacional. “De ser cierto que esa importación está abandonada, el Presidente se molestará. Quiere decir que los funcionarios que han manejado ese acuerdo no están en sintonía con el proceso”, dijo el presidente de ese ente parlamentario, Carlos Espinoza.
Por su parte, el director de Umissa, Alejandro Lagrenade, aseguró al diario El País de Uruguay que son más de 3.000 las que se han ensamblado en Venezuela, aunque no precisó en qué ciudades. Dijo que hay 16 funcionarios de esa compañía en Venezuela a la orden del Ministerio de Vivienda para la instrucción en su ensamblaje.
“El Gobierno de Venezuela está decidiendo dónde instalar el resto. El contrato continúa vigente; a nosotros nos falta enviar unas 3.000 viviendas, está todo perfecto”, expresó.
ADRIANA RIVERA
Judicial | Sucesos
EL NACIONAL