Nunca el saqueo a regiones fue tan “legal”. El economista Sánchez Meleán advierte que alcaldías y gobernaciones quedarían “de adorno”.
Las garras del centralismo
se posan sobre Los Cóndores
Quienes creen que las garras del centralismo agarrarán al Zulia, están equivocados”, advirtió el gobernador Pablo Pérez el 8 de agosto, cerca de los comicios parlamentarios, donde la oposición local barrió al oficialismo. Sin embargo, a pesar de la resistencia del estado petrolero y agropecuario, tal como alerta el economista Jorge Sánchez Meleán, las zarpas del Gobierno central comenzaron un histórico pulseo en 1999, y ahora parecen más robustas que nunca.
He aquí la primera de tres entregas que conforman una retrospectiva del escabroso camino hacia la concentración política y administrativa, que Venezuela emprendió desde el ascenso de Hugo Chávez al poder. Expertos evalúan los pormenores del retroceso en el proceso descentralizador y el forjamiento de un sistema de gobierno central unitario, llamado “socialismo del siglo XXI”, alejado del federalismo, esencia de la Constitución nacional.
Aseguran los conocedores que el país transita inexorablemente del Estado Federal (establecido en la Constitución) al Estado Comunal (rechazado en la Reforma de 2007).
Uno de los puntos más álgidos es la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de junio de 2005, un órgano que hoy dirige el vicepresidente de la República, Elías Jaua.
Estado Comunal:
Tras 11 años con la nueva Constitución, lejos de materializar el “Estado federal y descentralizado”, el Gobierno decidió instituir un Estado comunal inspirado en el socialismo marxista, práctica que Sánchez Meleán llama “Nuevo Centralismo”.
Asimismo, la economista Leila Castillo Stark, de la Universidad de Santiago de Compostela (España), afirma en su libro “Potencialidades de la descentralización fiscal en Venezuela” que históricamente existe gran desventaja en la asignación de recursos a regiones: el Situado Constitucional, mediante una fórmula, establece la tasa per cápita que cada estado recibirá, sin tomar en cuenta sus esfuerzos recaudatorios.
Explica Castillo que tal desventaja hubiese sido salvada con la Ley de Hacienda Pública Estadal, que le otorgaría a cada jurisdicción libertad para ad-ministrar sus propios tributos, pero el instrumento sigue engavetado en la AN hace 10 años.
En su lugar, el Parlamento creó la Ley del Consejo Federal de Gobierno, contemplada en la Constitución, pero le fue dada una orientación inscontitucional, puesto que se conformó un nuevo poder llamado “Popular”, al cual se transfierieron “competencias y atribuciones de las entidades territoriales”.
La disparidad en la intención original de la Constitución y lo plasmado hoy es obvia: En 1999 se estableció como objetivo del Consejo Federal de Gobierno (CFG) la “planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios”.
Ahora, la Ley ordena la “transferencia de las competencias de los entes territoriales, a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado”.Estas “organizaciones detentadoras de la soberanía” se agrupan en el “Poder Popular”, y son figuras partidizadas conocidas como consejos comunales, comunas y ciudades comunales; violando la verticalidad (Gobierno nacional, regional, municipal) y la horizontalidad (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
HISTORIOGRAFÍA: En su libro “Estado Federal, Estado Comunal y Consejo Federal de Gobierno” (2010), Sánchez Meleán explica que en el lapso estudiado Venezuela vivió 124 años de centralismo, y apenas 44 de relativo federalismo. El 65% de la historia republicana fue de hegemonía central. Apenas en la década de 1980 inició el rediseño, a través de la Comisión para la Reforma del Estado (Copre), y en los 90 arrancó el federalismo descentralizado: aumentó el Situado a estados y municipios, surgieron nuevos impuestos, se creó el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laae). El proceso avanzó con altas y bajas hasta 1998.
* Las violaciones a la Constitución en este sentido.
Por: Hiram Aguilar Espina
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