Diputado Hermes García propone automatizar la administración
del Poder Legislativo.
La Asamblea Nacional administrará
este año 817.521.807 bolívares
La reforma de la Ley contra la Corrupción está paralizada porque un artículo prohíbe a funcionarios evadir responsabilidades cuando delegan funciones
.Podemos ignora cómo se gastarán esos recursos y cuál fue el destino de los últimos 4 presupuestos asignados al Parlamento. El diputado Hermes García solicitará hoy en plenaria un informe de la directiva, pues considera que hay mora en la rendición de cuentas y el año próximo termina el actual Poder Legislativo. Añadió que los nuevos parlamentarios deben conocer la situación en la que actuarán.
“Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela pidieron a las universidades que entregaran cuentas y que los rectores mostraran un comportamiento ético y moral. Ahora esperamos que sean consecuentes con su petición y se audite, además de las casas de estudio, a Petróleo de Venezuela, gobernaciones y alcaldías, la mayoría controladas por dirigentes del PSUV, así como a otras instituciones del Estado. Para dar el ejemplo solicitaremos que la directiva de la Asamblea Nacional informe sobre los 5 años de gestión”, dijo García.
El legislador, integrante de la Comisión de Finanzas, encargada de aprobar créditos y, por ende, el presupuesto de la nación, denunció que en los últimos cuatro años no han tenido acceso a las arcas del Parlamento, a pesar de las disposiciones legales, como la Constitución y el Reglamento Interior y de Debate, que obligan a efectuar una administración transparente.
Citó los casos que, según dijo, han generado suspicacia sobre el manejo administrativo: la adquisición de una torre aledaña al edificio administrativo José María Vargas, en la esquina de Pajaritos, en la gestión de Nicolás Maduro, y las rehabilitaciones y acondicionamiento de la infraestructura de la Asamblea Nacional. Este año el presupuesto para las reparaciones es de 15.375.928 bolívares. Sin embargo, el monto mayor es destinado al pago de personal (274.232.925 bolívares). Le siguen gestión parlamentaria, con 199.379.666 bolívares, 26.284.031 bolívares para entes descentralizados, es decir, la televisora ANTV y ANRadio, y 68 millones de bolívares para subsidios a instituciones de los sectores privado y público. En este último se incluye al Instituto de Previsión Social del Parlamentario y la Fundación Cardiovascular, pero no se precisa en el primer caso.
García propone crear un sistema automatizado que permita a los diputados, empleados y ciudadanos saber cuáles son los gastos del Poder Legislativo: “Aunque están obligados por ley a rendir cuentas, no lo hacen. Es necesario un manejo ético y transparente del Parlamento. Si hay voluntad política para acabar con la corrupción, debemos auditar todas las instituciones públicas”.
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional tiene 1.000 expedientes sobre corrupción. De seis averiguaciones abiertas a gobernadores, dos fueron pasadas a la plenaria, que declaró responsabilidad política: son los casos de Carlos Giménez (Yaracuy) y Manuel Rosales (Zulia). Por razones políticas se han congelados los expedientes contra los ex mandatarios regionales Gilmer Viloria (Trujillo), Ramón Martínez (Sucre), Didalco Bolívar (Aragua) y Eduardo Manuitt (Guárico).
La instancia parlamentaria tiene congelada la reforma de la Ley Contra la Corrupción, aun cuando su vicepresidente, Geovanny Peña, dijo que estaba adelantada.
Hay retraso porque se propuso un artículo que prohíbe a altos jerarcas evadir responsabilidades cuando delegan funciones: establece penas de entre 4 y 6 años, más multa al delegado y entre 8 y 12 años y doble multa al delegatario. La responsabilidad se llama culpa ineligiendo, o mala elección del subalterno.
“Los diputados del PSUV se opusieron por temor a que se sancione al Presidente”, dijeron fuentes políticas.
HERNÁN LUGO-GALICIA
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