Un tercer español, en huelga de hambre contra las expropiaciones
de Chávez.
Espera una compensación justa
Ahora es el agricultor, Antonio Aguera. El número de españoles afectados por la ‘revolución campesina’ de Chávez llegaría a los 400.
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El agricultor con nacionalidad española, Antonio Aguera, se sumó el martes a la huelga de hambre que mantienen desde hace una semana Carlos y Luis Solórzano, quienes reclaman la indemnización por su finca de 33.000 hectáreas, expropiadas por el Gobierno de Chávez en 2005.
La propiedad de Aguera, denominada hato ‘Los Sauces’, de unas 250 hectáreas, y situada en el estado central de Yaracuy, fue confiscada hace dos años. Desde entonces, este productor con doble nacionalidad espera una compensación justa.
“A esta altura del problema considera que es la única alternativa que nos dejan para que nuestra demanda sea satisfecha. Ya no conseguimos otro camino para que se nos restablezcan nuestros derechos y en vista de la iniciativa que tomaron los hermanos Solórzano, decidí de acuerdo con mi familia tomar esta decisión”, explicó al canal de noticias Globovisión Antonio Aguera, recostado sobre un colchón situado a las puertas del consulado español en Caracas.
Por otro lado, los dos hermanos Solórzano, que iniciaron su radical protesta hace una semana, comentaron que desde el viernes pasado no han tenido más contactos con los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI). “Creemos que hoy deberían aparecer por aquí y ofrecer una solución a nuestro problema”, comentó Luis, el mayor de los dos Solórzano.
El hato ‘La Vaca’ era una vasta propiedad de los Solórzano dividida entre nueve hermanos, de la que dependían cerca de 120 personas quienes cultivaban frutas, arroz, maíz, y criaban ganado y peces.
Actualmente, su familia sólo posee 500 de las 30.000 hectáreas que compraron en 1964 en la ciudad de Calabozo, en el estado central de Guárico. “Nos prometieron 10 millones de bolívares (cerca de 2,3 millones de dólares), y no hemos recibido nada”, apunta Luis, quien también reclama los títulos de propiedad sobre 4.000 hectáreas del hato, que el Inti se comprometió a otorgarles.
El consulado de Caracas, donde los tres españoles realizan una protesta inspirada en el agricultor venezolano Franklin Brito (fallecido el 30 de agosto), ha registrado 170 casos de inmigrantes con tierras expropiadas: 110 fincas agrarias y 60 urbanas.
Lógicamente, el número de españoles afectados por la agresiva “revolución campesina” de Chávez es mucho mayor, y podría llegar a los 400. Pero la mayoría “prefiere negociar por lo que en Venezuela llaman los caminos verdes o simplemente tiran la toalla”, señalan fuentes consulares.
La semana pasada, dos grandes empresas de inmigrantes españoles relacionadas con el sector de los alimentos (Agroisleña y Friosa) fueron expropiadas con decretos publicados en Gaceta Oficial, y en ambos casos, sus dueños negocian directamente con el Gobierno de Chávez.
En su última visita a Venezuela – julio de 2009-, el ministro de Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y su par venezolano, Nicolás Maduro, crearon una mesa de negociación para resolver todos los casos de españoles con tierras expropiadas. De los 93 expedientes revisados, el Instituto de Tierras (Inti) se comprometió a indemnizar a cerca de 20. También estudiar otros 20 casos, que podían ser resueltos entregando más documentos o desalojando las tierras invadidas. El resto fueron desestimados.
Fuentes consulares señalan que algunos de los españoles con tierras expropiadas están en un callejón sin salida. “Se han hecho todas las gestiones, sólo falta que el Gobierno de Hugo Chávez pague”, agregan. “Nosotros seguiremos insistiendo para resolver el mayor número de casos posibles”.
La mesa de negociación creada por Moratinos se reunió nueve veces entre agosto y diciembre de 2009, cuando expiraba el plazo acordado en su acta de constitución. En 2010, los diplomáticos españoles han tenido otras cinco reuniones con el presidente del Inti, pero lograron resultados aún más limitados.
Tanto la embajada como el consulado español han tratado de impulsar otra mesa binacional para discutir las expropiaciones a españoles, pero la cancillería venezolana no ha autorizado hasta el momento su constitución.
Agotada la jurisdicción venezolana y las gestiones diplomáticas, las empresas españolas se pueden acoger al acuerdo de protección de inversiones firmado entre Venezuela y España en 1997. Los españoles con inversiones en el país sudamericano pueden acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aunque por esta vía ni las poderosas petroleras ExxonMobil y ChevronTexaco han logrado una indemnización por sus activos.
Los inmigrantes españoles también cuentan con la asesoría jurídica del bufete del prestigioso abogado Mario Villarroel, quien fue contratado hace dos años por el ministerio de Exteriores.
Jaime López | Caracas
