El MAT sancionará a los productores que, teniendo financiamiento
de Agroisleña, arrimen sus cosechas a otras industrias.
Fedecámaras rechaza la
violación del estado de derecho
El presidente de la cúpula empresarial, Noel Álvarez, afirmó en la clausura de la 66ª Asamblea Anual que el Ejecutivo pretende acorralar a los empresarios y obligarlos a huir ante la amenaza de convertirlos en presos políticos.
Las recientes nacionalizaciones y expropiaciones de empresas se han convertido en una medida económica para destruir el aparato productivo e imponer a la fuerza el socialismo del siglo XXI, alertó el presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, al concluir la 66º Asamblea Anual del gremio empresarial.
“Rechazamos el proyecto de estatizaciones, nacionalizaciones y confiscaciones que desarrolla el Gobierno, como parte de un plan para apropiarse del aparato productivo interno y de las principales instituciones privadas del país, a través de una ideología política socialista que no está alineada con la Constitución”, afirmó Álvarez.
Denunció que se pretende imponer la tiranía del monopolio estatal con las medidas de confiscación de industrias, comercios y empresas de sectores estratégicos. “Éste es un proyecto económico insensato e inviable que pretende colocarnos en el trance de un solo patrono que, con la tiranía del monopolio, quiere decidir cada una de las dimensiones de nuestra vida pública y privada”.
Productores de Lara recorrieron las principales avenidas de Quíbor, en una caravana
que denominaron el Tractorazo, para rechazar las expropiaciones.
Agregó que el resultado de esta política es clara: empresas quebradas, apagones, escasez, debacle de la infraestructura nacional, déficit de viviendas, reaparición de las viejas pandemias y el crecimiento inocultable de la delincuencia.
El dirigente sostuvo que cada vez que se confisca una empresa privada, el país pierde la oportunidad de construir un futuro y crear 300.000 puestos de trabajo que se requieren cada año. Señaló que es lamentable que no se generen nuevas inversiones ni tampoco se creen las condiciones para nuevas fuentes de empleo por causa de la inseguridad jurídica.
“Rechazamos que se continúe insistiendo en la ruta del despotismo económico y de la violación sistemática de todo el Estado de Derecho. Rechazamos que la vocería oficial esté llena de amenazas proferidas contra la estabilidad de las empresas.
No podemos aceptar que a la larga lista de empresas destruidas se sumen otras más”.
Señaló que las expropiaciones han dejado a miles de trabajadores en una situación de indefensión e incertidumbre, en la que pierden sus derechos laborales. “Reconocemos el coraje y la tenacidad de miles de trabajadores que se han enfrentado al Gobierno y rechazar la estatización que los deja al margen de la contratación colectiva”, dijo.
Presos políticos:
Álvarez denunció que el Gobierno pretende acorralar a los empresarios y obligarlos a huir con la amenaza de convertirlos en presos de este régimen. “Rechazamos que los empresarios sean los presos políticos del socialismo del siglo XXI y que los canales del Estado sean los vehículos para dañar su reputación, sin que se les reconozca el derecho a la legítima defensa”.
Aclaró que la única agenda de los empresarios es luchar por un país democrático y pluralista donde se pueda debatir sin que nadie ponga en peligro sus derechos y libertades. Afirmó que con los resultados de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, se inicia una nueva etapa en la que el país está a favor de una democracia plural y participativa.
KATIUSKA HERNÁNDEZ PUERTO ORDAZ
khernandez@el-nacional.com
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