Un Nuevo Tiempo anunció que tomarán iniciativas legales en caso de que
el TSJ no otorgue la libertad a Biagio Pilieri y a José Sánchez “Mazuco”.

Advierten a funcionarios que irrespeto de
este derecho acarrea responsabilidad penal

Líderes y dirigentes de la oposición se concentrarán el miércoles en las puertas del Tribunal Supremo de Justicia a esperar la determinación que tomará la Sala Plena sobre el caso de José Sánchez “Mazuco” y de Biagio Pilieri, electos diputados y sometidos a arresto domiciliario.

La vicepresidenta de participación ciudadana de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, recordó que el artículo 200 de la Constitución otorga inmunidad parlamentaria a los legisladores desde el momento de su proclamación, acto que ya fue celebrado en el caso de los dos dirigentes.

“El artículo también indica que en el caso de que funcionarios públicos violen la inmunidad incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados de conformidad a la ley”, dijo Solórzano.

La diputada electa al Parlamento Latinoamericano señaló que, en caso de que los magistrados no otorguen la liberación a estas personas, su adelantará acciones legales, aunque prefirió no revelar cuáles. “Es una figura que se conoce como indulto popular porque el pueblo con su voto decidió otorgarles la libertad”.

Solórzano recordó como antecedente el caso del dirigente de la Liga Socialista David Nieves y del líder del MEP Salom Meza, quienes fueron liberados en 1976 al ser electos como diputados.

Recordó que Nieves es padre de la actual magistrada de la Sala Penal Deyanira Nieves, quien también tendrá voto en la reunión de la Sala Plena sobre este caso. “La magistrada no debería oponerse a que se otorgue la libertad a `Mazuco’ y a Pilieri”.

La abogada expresó que en el momento en que los tribunales de la causa se declararon incompetentes para tratar del caso de los dirigentes se reconoció su investidura como diputados.

Explicó que UNT designó a una comisión integrada por Alfonso Marquina, la propia Solórzano y los suplentes de los diputados; Nora Bracho en el caso de “Mazuco” y Juan José Caldera en el caso de Pillieri. “Ejerceremos las acciones legales a que haya lugar”, indicó.

Consultada sobre las críticas que hizo el presidente Chávez sobre el otorgamiento del premio Nobel de la Paz al activista chino Liu Xiabo, quien se encuentra en prisión por pedir reformas democráticas en su país, dijo que esto revela la concepción política del Presidente. “El Presidente no cree en la paz, por eso mantiene presos políticos y exiliados.

Es como si le hubieran entregado el premio a un preso político aquí”.

Mensaje a la FAN:

La Mesa de la Unidad Democrática apoyó las declaraciones del general Jesús Gregorio González González, en las que el ex jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAN aseguró que las milicias no deben vincularse con el Presidente o con la ideología del Gobierno.

En un comunicado la organización opositora recordó que el artículo 328 de la Constitución establece que los uniformados están al servicio de la nación y en ningún caso de parcialidad política alguna.

“Un principio esencial y básico de cualquier democracia, que las Fuerzas Armadas tienen que ser estrictamente apolíticas como institución, y que tienen que estar absolutamente sometidas al gobierno civil”.

El partido Copei respaldó el recurso que introdujo ante el TSJ el abogado Edgar Parra el pasado 6 de octubre. “Respaldamos el escrito en relación con la amenaza de los dirigentes del PSUV y del Presidente de la República de sancionar leyes orgánicas, de aprobar una ley habilitante, así como designar nuevos magistrados al TSJ”, señaló el dirigente Jesús Alberto Barrios.

Biagio Pilieri y José Sánchez permanecen detenidos con medida de casa por cárcel.

Rechazan expropiaciones:

La Mesa de la Unidad Democrática rechazó las declaraciones del ministro de Alimentación, Carlos Osorio, quien señaló que las empresas Carril y Polar deben pasar a manos del Estado.

En un comunicado la organización aseguró que las estatizaciones han tenido un efecto negativo en el país. “En el caso particular de Polar, el dirigente del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar Alfredo Padilla recuerda que sus trabajadores disfrutan del mejor contrato colectivo del país”.

La mesa consideró que la medida disminuye las opciones de compra de los venezolanos, que se verán obligados a adquirir los productos del Gobierno.

El experto en políticas agroalimentarias Carlos Machado Allison también fue citado por la alianza. A su juicio, confiscar las empresas Cargill y Polar significa dar fin a más de medio siglo de trabajo productivo. “La capacidad y competencia de ambas empresas no puede ser sustituida por un aparato burocrático ineficiente”, señaló.

CARLOS CRESPO
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