Dueños de inmuebles alquilados advierten que las modificaciones
de la Ley de Arrendamientos atentan contra la propiedad.
Se trata de una confiscación
masiva “a lo cubano”
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos rechazó la suspensión de los juicios inquilinarios, la prohibición de los desalojos y la venta forzada de las viviendas alquiladas, medidas que diputados de la Asamblea Nacional han propuesto incluir en la reforma de la Ley de Arrendamientos.
Roberto Orta, presidente de Apiur, dijo que la inclusión de estas medidas en la ley representará una “confiscación masiva de los inmuebles que están alquilados”, comparable con la reforma urbana aplicada en Cuba hace 50
Recordó que el artículo 115 de la Constitución garantiza la disposición de la propiedad, algo que sería imposible para los dueños de viviendas arrendadas de eliminarse los mecanismos establecidos en la legislación para recuperar sus inmuebles cuando los necesiten. Agregó que la modificación protegería a inquilinos que han dejado de cancelar las mensualidades, han hecho traspasos ilegales, han deteriorado el inmueble o han incurrido en cualquiera de las causales de incumplimiento de contrato estipuladas en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos.
Descuento a inquilinos:
Apiur está de acuerdo con la propuesta referida a que los inquilinos con más de 20 años tengan la posibilidad de comprar las viviendas, pero rechaza que la venta sea obligatoria y que los alquileres cancelados hasta el momento sean considerados como inicial.
Orta aseguró que imputar los cánones de arrendamiento al precio de venta obligaría a los propietarios a devolver ingresos que obtuvieron de manera legítima y que utilizaron para cubrir gastos de condominio, conserjería, reparaciones y tributos (derecho de frente, impuesto sobre la renta).
La propuesta de Apiur es que se establezca un sistema mediante el cual, sobre un precio justo determinado por peritos avaluadores colegiados, se aplique un descuento equivalente a 1% por cada año que el inquilino haya ocupado el inmueble.
Apiur propone facilitar la transformación de los edificios alquilados al régimen de propiedad horizontal, para que los inquilinos puedan tener acceso a los créditos del Fondo de Ahorro Obligatoria para la Vivienda.
inamovilidad:
Explica que las medidas generan una inamovilidad y “ahora nadie estará dispuesto a arriesgar su propiedad en un arrendamiento sin posibilidad de recuperar la misma. Los contratos de arrendamiento son temporales y una inamovilidad los convertiría en indefinidos lo que significaría la pérdida definitiva de la propiedad”.
Además, señala que “con ese sistema los inquilinos perderán el interés en pagar los cánones de arrendamiento y el interés en comprar la propiedad”.
El primer mandatario ha manifestado que aquellos que tienen más de 20 años pagando alquileres tienen el derecho de propiedad de ese inmueble, y algunos diputados han expresado que la propiedad de la vivienda se tiene que transferir.
Sin defensa
Considera que suspender la ejecución de cualquier medida implica la confiscación del inmueble alquilado, en beneficio de la persona que lo ocupa y convalida el incumplimiento por parte del inquilino del contrato de arrendamiento
El presidente de Apiur, detalla que las medidas que se están evaluando con los desalojos de los inquilinos elimina el derecho a la defensa así como las garantías de las personas.
“Si un inquilino que tiene falta de pago, que ha deteriorado el inmueble o le ha dado uso deshonesto estaría amparado por una medida de ese tipo”.
Por ello, agrega que “esa inmovilidad sería una confiscación masiva al mejor estilo de lo que fue la reforma urbana en Cuba en los años 60, cuando se declaró que todos los inmuebles que estaban alquilados pasaron a manos del Estado”.
Mercado reducido:
El mercado de alquileres, luego de las regulaciones fijadas en 2003 se ha reducido, debido a que los propietarios de inmuebles optan más por vender las viviendas que por arrendar.
Roberto Orta, añade que las medidas que prepara el Parlamento afectarán más la oferta de viviendas para alquilar.
“La congelación de los cánones y la desconfianza en el Estado han disminuido la oferta de alquileres en un 90%, y los montos que se pagan por los arrendamientos no cubren los gastos de mantenimiento de las edificaciones”.
ALEJANDRO HINDS
Economia | Sucesos
EL NACIONAL
