Jesús Iragorri, presidente de Fegalago, afirma que es una retaliación política contra Zulia.

En Sta. Bárbara se declararon en emergencia
por el anuncio oficial de toma de tierras

“Ya basta de atropellos. Aquí no quieren expropiaciones, lo que el Gobierno pretende es un despojo en el sur del lago”, afirmó Jesús Iragorry, presidente de la Federación de Ganaderos y Agricultores de la Cuenca del Lago ante las declaraciones de Juan Carlos Loyo, ministro de Agricultura y Tierras.

El funcionario aseguró que en esa zona los dueños están vinculados con mafias de Acción Democrática y de Copei, y no hay evidencia de que esas tierras hayan sido adquiridas de manera transparente.

Iragorry agregó que muchos de los títulos de propiedad de los productores del campo datan de 4 o 5 generaciones y niega que haya habido componendas con AD o Copei. “El ministro Loyo lo que hace es cumplir órdenes. Ya Chávez había anunciado el domingo que expropiarían estas tierras.

Lo que nosotros pedimos es que respeten la Constitución y las leyes”.

El dirigente indicó que es una retaliación política: “La arremetida es contundente contra el Zulia porque los resultados electorales le fueron adversos al presidente Chávez. Nosotros esperábamos que el Gobierno entendiera el mensaje que el pueblo le dio en las elecciones parlamentarias y que dejara los ataques contra el sector agroproductivo y la empresa privada, pero parece que el único que puede tener algo es el Estado”.

El presidente de la federación, que agrupa a 6.000 productores agropecuarios en 22 asociaciones, señaló que el único latifundista en Venezuela es el Estado.

La Asociación de Ganaderos de Santa Bárbara convocó una reunión de urgencia para analizar la situación. “No podemos permitir que se despoje de sus tierras a los legítimos propietarios”, expresó su presidente Carlos Benavides. Anunció que formaron comités de solidaridad en defensa de la tierra.

Nelson Urdaneta, presidente de la Asociación de Ganaderos de El Guayabo, dijo que en el sur del lago no hay latifundios, porque la mayoría de las parcelas son pequeñas.

“Somos productores por tradición, ya que heredamos esas tierras de nuestros abuelos que llegaron hace más de 100 años.

La administración de esas fincas ha pasado de generación en generación”. No se niegan a una inspección, pero no tolerarán que los amedrenten con los militares. “Queremos ver la lista de fincas que van a expropiar, si es que la publican, y que nos digan las razones”.

El diputado por el circuito del sur del Lago de Maracaibo, Juan Romero, expresó que hay una gran incertidumbre en esta zona luego del anuncio del presidente Chávez. “Todavía no se ha definido qué es lo que se va a expropiar, hay un nivel de angustia muy alto que afecta la producción”.

El dirigente de Un Nuevo Tiempo refirió que las intervenciones tendrán una incidencia negativa sobre la producción nacional. “Esta es una política desafortunada. Desde 2001, con la Ley de Tierras, se ha incrementado la fragilidad de la soberanía nacional y las potencias extranjeras nos venden comida. Estas acciones profundizarán la dependencia de esas importaciones”.

Romero señaló que el Gobierno debe sentarse a dialogar con productores, industriales y comercializadores. “Esta es una medida desesperada para borrar el triunfo del pueblo venezolano el 26 de septiembre”, indicó.

El fin del aparato productivo:

El dirigente agropecuario larense Fernando Deibis cree que la medida anunciada por el ministro Loyo es para acabar con el aparato productivo. “El Gobierno prefiere apoyar y subsidiar a productores extranjeros, como los de Argentina y Brasil que sí gozan de plena libertad de acción y trabajo, mientras que nuestros productores están siendo afectados por estas decisiones”.

Deibis consideró la expropiación de Agroisleña como un duro golpe a los agricultores: “Es una empresa que está en cada uno de nuestros estados y presta un gran apoyo a los productores”. A su juicio, es necesario declarar la agricultura en emergencia, y advierte que el problema generado por la arremetida del Gobierno al sector agrícola privado no se limita a los productores sino también a los consumidores.

Temen perder prestaciones sociales:

Trabajadores de las empresas Inica, Venezolana de Riego, Proyefa, Semillas Hibridas de Venezuela, relacionadas con la compañía Agroisleña, en Aragua, paralizaron sus actividades hasta que el Gobierno les cancelen las prestaciones sociales. Las 2.500 personas que laboran en las 5 empresas expropiadas consideran que no existen garantías de que les pagarán los pasivos.

Los trabajadores denunciaron que reciben vejaciones y maltratos de los funcionarios de la Guardia Nacional y de la junta interventora.

Jesús Vegas, dirigente sindical, dijo que es consciente de que el Ejecutivo no va a retirar la medida de ocupación de las empresas, por lo que solicitó que se cancele la liquidación a todo el personal. “Queremos empezar de cero con el Gobierno, porque nadie del nuevo patrón se ha hecho responsable y no nos han garantizado el pago de nuestras prestaciones”, reiteró. La mesa de negociación instalada con el Ministerio del Trabajo no ha recibido respuestas efectivas, agregó.

El dirigente del sindicato de trabajadores de Proyefa, Rodrigo Linares, afirmó que no van a iniciar sus labores hasta que les reconozcan sus derechos. El jueves pasado en la noche un tribunal agrario destituyó las juntas directivas de estas compañías y designó a otros representantes, pero ahora del Gobierno. La nueva administración está encabezada por Riblia Virginia Rodríguez Duran, que fue presidenta de la Corporación Venezolana Agraria y además dirige la empresa socialista Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas.

En la Gaceta Oficial también mencionan a Martín José Noriega, Rommel Rafael Rodríguez, Ricardo José Oropeza, Vicyhomir De Jesús D´Agosto y Mirzuled Hernández Otaiza.

JOSÉ GREGORIO MEZA | MARACAIBO
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CARLOS CRESPO
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