Agroisleña financió este año la cosecha de más de 800.000
toneladas de rubros alimenticios.

“Se está expropiando la fuente
de insumos de los agricultores”

Los productores agropecuarios no madrugaron ayer para sembrar y cosechar. Lo hicieron para protestar contra la expropiación de Agroisleña, empresa venezolano española, con 52 años en el país, a la que consideran vital para el desarrollo del sector. “Se quiere declarar la quiebra de la agricultura”, gritaban a las afueras de la sede de Acarigua, en Portuguesa, donde se agruparon más de 400 agricultores.

Antonio Pestana, director de Fedeagro y de Asoportuguesa, dijo que la decisión del Gobierno causó consternación entre los agricultores que tienen comprometidos sus créditos en esa empresa, la principal casa comercial en la que adquieren insumos, materia prima y equipos para sembrar y producir. “No están expropiando a Agroisleña sino a la fuente de insumos de los agricultores; por eso nos sentimos afectados. Esta empresa nos suple de manera oportuna”, dijo Pestana. Explicó que gran parte de los programas financieros y de producción del Gobierno no han sido efectivos porque no garantizan el suministro de semillas, insumos y otros materiales a tiempo, como lo hace la empresa privada. “Lo que se necesita es que el Gobierno invierta en otra Agroisleña; no que expropie las empresas que funcionan”.

Guillermo Millán, productor de arroz de Portuguesa, alertó que la intervención de Agroisleña puede significar la quiebra del sector agrícola.

Piden rectificación:

La junta directiva y los trabajadores de Agroisleña solicitaron al presidente Chávez que rectifique. La decisión de expropiar los tomó por sorpresa. El consorcio, cuya sede principal está en Cagua, en Aragua, cuenta con 60 tiendas, 8 silos y 1.200 empleados.

En Cagua los trabajadores repartieron volantes y exhibían pancartas: “No a la expropiación”, “Agroisleña somos todos”, “Somos Venezuela”. La coordinadora de Importación, Milagro Rivas, declaró que el consorcio presta asesoramiento técnico, agroquímico, insumos, maquinarias, semillas, fertilizantes y fungicidas a 18.000 productores. “El país importa semillas para hortalizas, cereales, maíz, sorgo y pasto porque no reúne las condiciones agroclimáticas para producirlas”.

El abogado de Agroisleña, Álvaro Posada, vocero designado por la junta directiva, leyó el comunicado de la empresa: “La única explicación que encontramos por los momentos es que el Presidente de la República no está bien informado”.

Dijo que esta medida acaba en la práctica con la capacidad de Agroisleña para continuar apoyando la producción agrícola y la seguridad alimentaria. La empresa lleva a cabo un plan de financiamiento especial para más de 3.000 productores que están cosechando más de 800.000 toneladas de maíz, arroz y sorgo, entre otros rubros. Por ahora, agregó, la empresa se encuentra trabajando con normalidad.

Pedro Rivas, presidente de Fedeagro, advirtió que la medida de estatizar la empresa más importante suplidora de materias para la agricultura puede dejar desasistida a la mayoría de los agricultores. “Puede conllevar a la disminución de la producción interna de importantes rubros”. Exhortó al Gobierno a respetar la propiedad privada y el derecho al trabajo. “Se debe tener sumo cuidado con las decisiones que se toman; se pudiera ocasionar serios impactos en la producción de cereales y en especial de hortalizas, porque son difíciles de sustituir con importaciones.

Manifestaciones como arroz. Adelaida Viña, coordinadora técnica de Agroisleña en Guanare, dijo que en el ciclo de invierno se financiaron directamente 60.000 hectáreas en todos los rubros en Portuguesa y de forma indirecta, a través de asociaciones de productores e instituciones del Estado, se otorgaron créditos para cultivar 40.000 hectáreas. En esta región se apoya más de 70% de la producción. “Es el pueblo agricultor el que está sufriendo, estamos siendo atropellados, un extraño se metió en nuestro hogares y nos está mancillando”, sentenció Viña.

Jesús Fernández, trabajador de Agroisleña en Acarigua, sostuvo que sus compañeros se ven afectados porque con la expropiación se dará un paso atrás con las reivindicaciones obtenidas. “El Gobierno debe rectificar”.

Luis Villalobos, cañicultor del municipio Papelón, dijo que no está de acuerdo con la expropiación de Agroisleña porque los programas del Gobierno limitan la entrega de abono y de otros insumos. “En la CVA me ofrecían 10 sacos de abono por entrega; si quería más tenía que hacer una cola, pero la producción y el campo no esperan, si se pasa el momento simplemente se pierde. Por eso acudo a Agroisleña; allí consigo financiamiento oportuno sin mayores trabas”.

En Lara también se manifestó. “Aproximadamente 1.500 agricultores, todos clientes de Agroisleña, llegaron hasta la agencia para ofrecer su apoyo”, dijo Rainimar Pérez, que trabaja desde hace tres años en la agencia de Quíbor.

“Lo que decidió el presidente Chávez es una injusticia”, dijo una de las empleadas. “Muchos de nosotros somos sostén de familia, algunas madres solteras; de nosotros depende mantener a los nuestros. No somos políticos; nos dedicamos a atender de la mejor manera posible a los productores”.

Agroisleña tiene 32 años en San Carlos. Justo Silva, trabajador del área técnico comercial, aseguró que atiende a 200 agricultores del estado y mantiene el financiamiento de 2.500 hectáreas de arroz. En Barinas se calcula que unos 2.000 trabajadores quedarán afectados: 80% de los productores agropecuarios y ganaderos de ese estado dependen de insumos y financiamiento que adquieren en esa empresa.

Chávez firmó el decreto:

El presidente Hugo Chávez firmó anoche el decreto de expropiación de Agroisleña, que entrará en vigor hoy, con su publicación en Gaceta Oficial.

En un contacto telefónico con VTV, el mandatario indicó que la empresa realizó “prácticas de oligopolio”.

Agregó que con la medida lograrán reducir los precios de las semillas y fertilizantes que comercializaba Agroisleña, empresa que, según Chávez, acostumbraba a especular.

El decreto 7700 establece la adquisición forzosa de todos los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías de Agroisleña, además de las empresas asociadas y sucursales. Aseguró que pagarán a los dueños “lo que realmente cuesta” la empresa.

KATIUSKA HERNÁNDEZ
khernandez@el-nacional.com
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