Acuerdo exime a banco venezolano
Fiscales de Estados Unidos y abogados de un banco propiedad de venezolanos en Puerto Rico llegaron a un acuerdo en virtud del cual el gobierno confiscará $10 millones del banco, aunque la institución podrá recuperar más de $39 millones incautados durante una investigación por supuesto lavado de dinero.
Al aceptar el arreglo, el gobierno de Estados Unidos eximió al Caracas International Banking Corporation (CIBC), así como a sus accionistas, directivos y empleados de responsabilidad penal o civil en la investigación que el año pasado derivó en el congelamiento más voluminoso de fondos en la historia de la banca de Venezuela en Estados Unidos.
La incautación de $200 millones paralizó virtualmente el mercado paralelo de divisas de Venezuela, afectando cuentas bancarias que supuestamente fueron utilizadas para lavar dinero del narcotráfico, según la orden de incautación.
José María Nogueroles, un banquero hispano-venezolano, presidente del CIBC en Puerto Rico, se comprometió a mejorar el sistema de vigilancia de lavado de activos y de giros internacionales del banco, según el documento suscrito con la fiscalía federal de San Juan.
“El hecho de que CIBC emerge de este asunto en sólida condición financiera es testimonio de una gerencia comprometida con sanas prácticas bancarias”, expresó el banco en un comunicado de prensa.
El comunicado explicó que los abogados no presentarán ningún reclamo legal por los $10 millones incautados dado que los costos esperados del litigio, “incluyendo su efecto en las perspectivas de crecimiento del banco, superan el costo de la transacción”.
La batalla en favor del banco se dio por todo lo alto.
En las discusiones con los fiscales federales participó como consultor de los accionistas del CIBC, el influyente ex embajador de Estados Unidos ante República Dominicana, Hans Helmut Hertell, según confirmó el abogado del banco Scott A. Srebnik.
“Valoramos su aporte como abogado y ex banquero”, afirmó Srebnik, abogado de Miami que dirigió la estrategia legal del CIBC.
Sumados los intereses y una cantidad en exceso que fue incautada por el gobierno federal, el total de los fondos que serán devueltos al CIBC será de $39.6 millones.
La fiscalía federal de San Juan no respondió a preguntas formuladas por El Nuevo Herald con relación al acuerdo y la participación de Hertell. La DEA en San Juan tampoco respondió llamadas de El Nuevo Herald.
Otros titulares de cuentas congeladas han llegado también a arreglos con el gobierno federal.
La investigación de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) se inició a raíz de una operación encubierta en la que se estableció que el discreto empresario indio-venezolano Rama K. Vyasulo utilizaba el CIBC en Puerto Rico para complejas operaciones de supuesto lavado de dinero que involucraban a casas de bolsa de Venezuela.
Al investigar las cuentas, la DEA descubrió que el empresario Walid Makled, acusado en Venezuela de tráfico de drogas y legitimación de capitales, había hecho una transferencia de $3.4 millones al CIBC.
Según la DEA, Makled, quien está prófugo, se asoció con el colombiano José María Corredor, alias El Boyaco, considerado por Estados Unidos como “el más prolífico negociador de armas por drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)”.
Basándose en el testimonio de una ex empleada del CIBC, la DEA halló que en la cadena de aprobación del movimiento del dinero de los Makled participaron el vicepresidente de operaciones de CIBC, Gregorio D’Andrea, así como Jorge Nogueroles, vicepresidente, y Eduardo Villanueva, auditor.
Pero estos señalamientos quedaron sin ninguna validez legal como resultado de la firma del acuerdo.
By GERARDO REYES
greyes@elnuevoherald.com
