Trabajadores y productores se opusieron a la toma. Manifestaciones
 en 7 Edos. del país en protesta por expropiacion de Agroisleña.

Gobierno se apodera de los
insumos agrícolas del país

La empresa rechaza los argumentos utilizados para la expropiación de todos sus bienes y asegura que sus productos y los precios están apegados a las normas legales.

La adquisición forzosa de Agroisleña por el Gobierno coloca a los productores en una posición de desventaja porque ahora tendrán que depender del Estado para el suministro de insumos como semillas, pesticidas, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria y otros equipos necesarios en la preparación de la tierra, siembra y posterior cosecha de rubros clave como hortalizas, legumbres, maíz, arroz y girasol.

Agroisleña, que administra entre 65% y 80% de las ventas de insumos en el país, quedará en manos del Gobierno según el decreto 7700 publicado en la Gaceta Oficial 39523 del 4 de octubre.

El Ejecutivo culpa a la empresa de prácticas oligopólicas, de ejercer una posición de dominio y competencia desleal en la producción, recepción, acondicionamiento, almacenaje, distribución y comercialización. Además, se le acusa de vender con un sobreprecio de hasta 250% los fertilizantes, pese al subsidio del Gobierno.

La expropiación recae sobre Agroisleña y todas las sucursales y agencias, así como los puestos de recepción, acopio, distribución y almacenamiento.

El Gobierno sostiene que con la adquisición forzosa se busca cumplir con la obra denominada Injertación Socialista del Estado en la Cadena de Distribución de Insumos para la Producción Agrícola, que será ejecutada por los ministerios de Agricultura, de Alimentación y de Comercio.

La medida recae sobre las empresas del consorcio y los productos que fabrican y demás bienes intangibles, en los que se incluyen las marcas comerciales y las cuotas de participación en el mercado.

En Aragua, el viceministro de Circuitos Agroproductivos, Iván Gil, instaló la junta interventora en la sede de la empresa en Cagua. Grupos oficialista, presididos por el gobernador Rafael Isea, acompañaron a la comitiva ministerial. Dos dirigentes de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo fueron detenidos por apoyar la empresa.

Gil aseguró que están garantizados los puestos de trabajo y las condiciones de las 2.500 personas que laboran en las 60 tiendas y 8 silos, al igual los de las empresas asociadas. Dijo que continuarán las operaciones de forma normal con los 18.000 productores, pero se revisará el sistema de asignación de créditos.

El ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, afirmó en Barquisimeto que está garantizada la producción de alimentos.

Rechazan acusaciones:

El presidente del consorcio, Luis Enrique Fraga, aclaró que acatan la medida pero que no están de acuerdo con la justificación de la expropiación porque se basa en falsas acusaciones: “Es falso que se venda con sobreprecio. Desde hace dos años, la industria tiene un convenio de sostenimiento de precios con el Ministerio de Agricultura y Tierra y durante este año no ha habido modificaciones de precios”.

Dijo que están analizando el decreto y que se reservan las acciones legales que puedan tomar. Aclaró que se trata de una adquisición forzosa y no existe ningún convenio con el Gobierno. “No se trata de una negociación, porque lo único que nos han dicho es que van a pagar el precio justo por la empresa”, afirmó.

Pagarán lo que cuesta:

En cadena nacional, el presidente Hugo Chávez reiteró que Agroisleña ha estado obstaculizando el desarrollo agrícola del país. Dijo que en los próximos días anunciarán los nuevos precios de los productos de la empresa. “Serán precios justos y eso tiene que incidir, primero en el incremento de la producción y en segundo lugar en la disminución de la inflación”, expresó.

Agregó que los dueños de la compañía no tienen otra alternativa que acatar el decreto: “Haremos un avalúo y pagaremos lo que realmente cuesta la empresa”. Aseguró que habrá otras expropiaciones.

Tenerife pide reconsiderar:

Tenerife solicitará a Venezuela reconsiderar la expropiación de Agroisleña. El Cabildo de la isla solicitará la mediación del embajador de España en Venezuela, Juan Ramón Serrat CuencaRomero, para que interceda ante el presidente Hugo Chávez y reconsidere la expropiación a la empresa, según la agencia Efe.

KATIUSKA HERNÁNDEZ | LAUDELYN SEQUERA
CÉSAR PARADAS | EMPRESAS
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