Pemones: ¿quién controla
a los militares y GNB?
■ Fueron sorprendidos cuando explotaban mina en La Paragua.
■ Indígenas retuvieron a 19 GN que ejercían la minería ilegal.
■ Los militares fueron liberados ayer por mediación de la Ministra Maldonado.
■ Los 19 efectivos estuvieron 4 días en cautiverio y fueron liberados después de una reunión con la ministra de los Pueblos Indígenas.
■ Unos 550 miembros de 13 comunidades pemón asaltaron y desarmaron a funcionarios de la Fuerza Armada, luego de que éstos los desalojaron del sector Amanaimü de Alto Paragua.
■ Los uniformados fueron capturados y desarmados por los capitanes pemones en La Paragua, estado Bolívar, cuando explotaban un yacimiento del que el Gobierno retiró a la etnia hace dos meses.
■ El general Henry Rangel Silva, jefe del CEO, declaró que 300 personas habían sido capturadas cuando intentaban entrar en una mina y agregó que la situación estaba controlada.
■ Ricardo Delgado, ex alcalde del municipio Gran Sabana, ofreció otra versión. Explicó que los guardias permanecieron 4 días retenidos, luego de ser descubiertos por la comunidad de El Casabe cuando delinquían. “Si los militares están para controlar las actividades ilícitas, nos preguntamos: ¿quién controla a los militares?”, dijo el líder pemón.
Indígenas de 13 comunidades del pueblo de La Paragua, en el municipio Angostura del estado Bolívar, mantuvieron retenidos durante 4 días a 19 efectivos de la Guardia Nacional, a quienes capturaron cuando ejercían la minería ilegal.
Los militares fueron desarmados por los capitanes, luego de que fueran capturados ejerciendo la minería ilegal en un yacimiento que hace dos meses fue desalojado por el Plan Caura y presentado como un éxito.
Hasta ayer en la tarde un funcionario había declarado por el hecho; sólo el comandante estratégico operacional, Henry Rangel Silva, informó a través de Venezolana de Televisión que 300 personas habían sido capturadas cuando intentaban entrar a la mina, que está ubicada a cuatro horas de navegación del pueblo La Paragua.
Denunció que hay manipulaciones por parte de personas que pretenden utilizar a los indígenas para la explotación ilegal del oro. “Ya estamos tras la pista de cuatro personas, quienes están identificadas como promotoras de la minería ilegal”, dijo.
El ex alcalde del municipio Gran Sabana, Ricardo Delgado, desmintió este domingo a las declaraciones de Rangel Silva con imágenes y videos de lo ocurrido.
Delgado explicó que los miembros de la comunidad de El Casabe, les quitaron el armamento de regla a los militares tras haber sido descubiertos. Desde entonces, los 19 guardias nacionales permanecieron retenidos hasta ayer, cuando Nicia Maldonado, ministra de los Pueblos Indígenas, visito la localidad.
Su intervención y la promesa de, supuestamente, devolverles la mina a los indígenas, permitió la liberación de los rehenes.
Caso con antecedentes:
Delgado explicó que desde que entró en vigencia el decreto 8413, que reserva al Estado las actividades de explotación del oro, los indígenas fueron desalojados de sus tierras, donde milenariamente han habitado.
La ley contradice la disposición institucional de reconocimiento de las tierras indígenas, las cuales tienen exuberantes riquezas naturales, dijo Delgado. “El decreto es un decreto de militarización de las tierras indígenas, lo cual entra en contradicción con la ley indígena”.
Al margen del descontento, Delgado relató que quienes tienen la supuesta potestad de preservar el ambiente ejercen la minería que les fue negada a los indígenas, a pesar de la tradición histórica y el marco legal.
“Entonces, si los militares están para controlar las actividades ilícitas, nuestra pregunta es ¿quién controla a los militares?”.
“El decreto tipifica un delito que nunca ha sido delito en Venezuela. Es decir, este gobierno actúa, cual Cristóbal Colón en 1492. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Les decomiso el oro a los indígenas. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Les decomisa el oro a los indígenas en su propia tierra”.
El líder indígena pemón informó que redactarán un recurso de amparo para preservar los derechos de las comunidades aborígenes.
Denunció que toda la población está militarizada, con acceso restringido por tierra y por aire, “a fin de presionar a que los indígenas les dé hambre y los suelten. No, señor, el indígena toda la vida ha vivido allí. Así que los que van a aguantar hambre son los militares”.
El vocero señaló que ningún diputado indígena ha hecho presencia. “Han permanecido en complicidad con el Gobierno, porque ya no son voceros indígenas sino voceros del Gobierno”.
Como condición para la liberación de los militares, esperan la presencia del ministro para la Defensa. “Esperamos que recoja a sus muchachos, se firme un acta y desaloje a los mineros ilegales que están azotando a los indígenas”.
BAJO PROTECCIÓN:
• Las zonas de mayor extracción aurífera y diamantífera ilegal, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), se encuentran en la cuenca alta del río Caura, El Manteco, Tumeremo, Icabarú, Alto Paragua, Caroní por Urimán, Aripichi, entre otros puntos.• Desde el año 2008 existe una prohibición absoluta para practicar minería aurífera en esa zona, ubicada en la cuenca hidrológica del río Caroní y protegida por las leyes ambientales.
• La cuenca del río Caroní está protegida por abastecer las turbinas de las centrales hidroeléctricas Simón Bolívar (Guri), Francisco de Miranda (Macagua) y Caruach (Manuel Carlos Piar), que generan 70% de la energía que consume el país.
Más temprano:
Según Ricardo Delgado, líder indígena pemón, 500 miembros de 13 comunidades de la etnia pemón asaltaron y desarmaron a un grupo de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional porque los militares desalojaron a los indígenas de sus tierras hace dos meses para explotar un yacimiento de oro en el sector Amanaimü de Alto Paragua, en el estado Bolívar.
Los pemones anunciaron su acción a través de la resolución 001-2011 de Las Capitanías Comunales del Sector Medio y Alto Paragua. La misma señala: “Por cuanto los integrantes del Glorioso Ejército del Libertador, específicamente los de la armada, actualmente están realizando actividades mineras, directa y/o indirectamente mediante los terceros, en la comunidad indígena de Amanaimü (sector Alto Paragua), contraviniendo todas las disposiciones legales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos indígenas, ambientales y otras que rigen la materia”.
“Estos militares sacaron a nuestros hermanos indígenas de su comunidad y se quedaron explotando la bulla de oro, por eso los miembros de estas 13 comunidades tomaron la medida”, dijo Delgado.
El documento indica que se realizaron tres reuniones y en dos de ellas se contó con la presencia de representantes del cuerpo castrense, de la Asamblea Nacional y del Ministro para el Poder Popular Indígena. Se señala que se llegaron a acuerdos pero que no fueron respetados.
Jorge Pérez, Capitán General de 23 comunidades indígenas del sector 5, aseguró que hace meses efectivos del ejército “llegaron a la comunidad de Ikabaru en la Gran Sabana, exigiendo a nuestros hermanos que les dieran de kilo a kilo y medio del oro que extraen de las minas”.
Aseguraron que van a continuar peleando por sus derechos y sus tierras.
Reacción oficial:
Una comisión interinstitucional fue activada este sábado para escuchar los planteamientos de mineros de origen indígena desalojados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de una mina ilegal ubicada en cercanías de La Paragua, municipio Angostura del estado Bolívar, anunció el viceministro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes del ministerio de Pueblos Indígenas, Carlos Somera.
El desalojó:
Fuerza Armada desalojó a 300 personas que operan en mina “ilegal” del estado Bolívar.
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Henry Rangel Silva, informó que realizaron un operativo de seguridad en La Paragua, estado Bolívar, para desalojar a unas 300 personas que intentaban seguir explotando una mina que fue cerrada meses atrás.
“Es una situación de seguridad y defensa de la nación. Ya en ese lugar se desalojaron a 4 mil personas y ahora hacemos una operación que nos permita sacar a 300 personas que han querido ingresar nuevamente”, dijo Rangel Silva.
El funcionario manifestó que ya tienen más de tres meses tratando llegar a un acuerdo con las 300 personas y este viernes fue que demostraron su disposición a ceder.
La periodista del Correo del Caroní, Nathaly García, aclaró en un contacto con Buenas Noches que involucrados en la situación se encontraban indígenas en la zona que reclamaban que les devolvieran su zona. Agregó que hay una situación de incertidumbre y tensión en la zona por miedo a que se genere violencia a raíz del suceso.
Sin embargo Silva denunció que detrás de la intención de estos mineros “hay una manipulación de personas extrañas”. Aseguró que habrían unas cuatro personas identificadas como presuntos promotores de la acción.
Enfatizó que la población de La Paragua está en normalidad. “Hemos notado que hay activistas políticos de oposición que quieren hacer de esto un evento extraordinario”, señaló.
Por: CLAVEL RANGEL
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