Repudian cerco
a la protesta
■ 300 estudiantes tienen régimen de presentación por protestar.
■ Espacio Público sostiene que la falta de diálogo sube radicalización.
■ Diego Scharifker plantea una red para defensa de derechos ciudadanos.
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Diego Scharifker, dijo que a nivel nacional hay más de 300 estudiantes bajo régimen de presentación impuesto en causas penales por ejercer su derecho a protestar.
El dirigente estudiantil propuso la creación de una red que una a gremios y a estudiantes en defensa de los derechos constitucionales. Advirtió “la indolencia del Gobierno” frente a los reclamos de diferentes sectores en un año caracterizado por la conflictividad social.
Las afirmaciones de Scharifker se dieron durante el foro Encuentro Nacional por el Derecho a Ejercer Derechos” organizado por Provea y celebrado en la UCV.
Allí, Marianna Bellalba, de la organización Espacio Público, señaló que la radicalización de la protesta en el país al extremo de incluir las huelgas de hambre y que los huelguistas se cosan la boca es producto de la falta de diálogo por parte del Gobierno.
Subrayó que deben investigarse conductas abusivas como las cometidas por la Policía de Barinas durante la protesta de más de 20 días de los jóvenes de Operación Libertad por el juicio al general Delfín Gómez Parra.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, quien moderó el debate, repudió la criminalización de la protesta en todo el país.
Sobre ese punto, Leonel Grissett, dirigente sindical de Sidor, denunció la activación de “un plan macabro por parte del Gobierno para acabar con los derechos de los trabajadores”. Grissett, quien lleva cinco años bajo régimen de presentación luego de que fue detenido junto con otros 10 trabajadores, llamó al movimiento sindical a enfrentar la persecución estatal dentro en las empresas básicas.
Lusbi Portillo, activista indígena, enfatizó el derecho de las etnias venezolanas a ser autónomos y a contar con un territorio propio. Denunció las intenciones del ministro del Interior y Justicia, Tareck el Aissami, de enfrentarlos para que no reclamen sus garantías.
Por: SOFÍA NEDERR
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