Después de cinco años,
el contrato no se cumple
■ ¡Cómo han pasado los años!, y el contrato aún no se cumple, hay piezas de estas casas expuestas al deterioro en puertos, depósitos y establecimientos militares.
Las uruguayas. Así se refieren los trabajadores de Puerto Cabello a los kits de casas prefabricadas que Venezuela acordó comprar a la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur en 2006 y que aún se encuentran en contenedores en esas instalaciones. Si se les pregunta, señalan el patio 14, al que van a parar los bienes en abandono legal, los que nadie reclama una vez que llegan al país.
El Estado venezolano acordó comprarle a Umissa 12.193 casas prefabricadas por 155,47 millones de dólares, amparado en el convenio binacional firmado por los presidentes Hugo Chávez y Tabaré Vásquez. En su informe de 2009, la Contraloría General de la República encontró irregularidades en este contrato. Se quejó de la “poca documentación para verificar el cumplimiento del convenio” y, pese a las informaciones ambiguas, determinó que hasta el momento Petróleos de Venezuela, a través del fondo binacional Bolívar-Artigas, había pagado a Umissa 45% del monto (70,69 millones de dólares).
Concluyó, además, que sólo se edificaron 11 de las casas. Esa denuncia se hizo hace 24 meses y las fallas aún no se han subsanado.
Los datos del sistema aduanero revelan que el consignatario de la mercancía abandonada, que llegó entre febrero y marzo de 2008, es el Ministerio de Vivienda; que al menos 10 contenedores con partes de esas casas siguen en el patio 14 y que en el puerto quedan otros 100 con piezas de las casas uruguayas que hace 5 años el presidente Hugo Chávez anunció como parte de sus planes habitacionales.
Pero la ubicación de las casas sigue siendo un misterio. La pregunta surgió en la comparecencia del ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, ante la Asamblea Nacional el pasado 17 de febrero. “¿Dónde están las casas?”, le preguntó el diputado de oposición Julio Montoya, que agregó que los bienes se habían cancelado sin que llegaran a suelo venezolano.
Ramírez dijo que exigiría a la compañía sureña el cumplimiento del contrato y sus palabras desataron la rápida reacción de los voceros de la empresa. Alejandro Lagrenade, presidente de Umissa, aseguró a las agencias internacionales que el convenio sigue vigente y que lo han cumplido. “En ningún momento Venezuela ha pagado nada que no hayamos entregado”, declaró a AFP.
El Gobierno de Uruguay también reaccionó:
El 24 de febrero, el canciller Luis Almagro dijo al semanario Búsqueda que Umissa fue afectada por problemas internos en Venezuela, por lo que no había podido terminar el envío de las casas, pautado hace 5 años. “La empresa uruguaya se ha visto perjudicada por cambios permanentes de autoridades en el Ministerio de Vivienda venezolano y no ha podido encontrar la continuidad necesaria para terminar de ejecutar el proyecto”, dijo.
El Congreso de Uruguay le solicitó a la empresa los datos del convenio, para evaluar las declaraciones del ministro Ramírez. “Después de ver su documentación nos quedó claro que cumplió con el contrato y envió las casas. Las complicaciones están en los puertos venezolanos, cuando la mercancía llega. Allá hay problemas para nacionalizar la carga en las aduanas y para armar las casas, que eran tareas que correspondían al Gobierno de Venezuela”, señala Daniel Peña, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento uruguayo, vía telefónica desde Montevideo. 
Cambios sin aviso:
El contrato entre Umissa y el Ministerio de Vivienda sufrió modificaciones en septiembre de 2009, durante la gestión de Diosdado Cabello, que la Contraloría no incluyó en su evaluación de ese año.
Por limitaciones para asumir la logística portuaria, a la empresa uruguaya se le solicitó responsabilizarse de la descarga de los contenedores en Puerto Cabello, el transport e y almacenamiento de los materiales, labores que , según el contrato, correspondían a Venezuela hasta ese momento.
Fuentes del Ministerio de Vivienda, cercanas a la administración del convenio binacional, precisan que el gasto en estas actividades es cercano a 26,5 millones de dólares (17% del monto total acordado). Para no aumentar los costos del contrato, el Ministerio de Vivienda decidió reducir el número de casas que se importarían de 12.193 a 8.110.
En el convenio se mantuvo que Umissa suministraría los materiales para las viviendas en contenedores de 20 y 40 pies y asumiría los costos de los embarques. Pero reformaron la cláusula 4 para redefinir las responsabilidades.
“Quedarán a cargo de laempresa (Umissa) las actividades logísticas locales (en Venezuela), las cuales deberán incluir transporte de contenedores de puerto a depósitos; suministro y gestión de los depósitos que sean necesarios para la operación y que no sean suministrados o gestionados directamente por el ministerio o quien éste designe; la carga de los kits industrializados de viviendas en los depósitos para su envío a los frentes de obras; transporte de viviendas desde los depósitos hasta los lugares de obra que indique el ministerio y los servicios aduanales necesarios para el retiro de los contenedores del puerto”.
El ministerio, por su parte, supervisaría el suministro de los componentes de las casas; realizaría los trámites de nacionalización de los materiales; haría las gestiones necesarias para retirar los contenedores de Puerto Cabello; se ocuparía del ensamblaje de las casas y de los trámites ante gobernaciones y alcaldías para obtener los terrenos y permisos de construcción.
En Puerto Cabello, trabajadores que prefieren mantener su nombre en reserva señalan que entre noviembre y diciembre de 2010 fue transportado un lote de contenedores con casas uruguayas. “Por la emergencia de las lluvias vinieron los militares, hubo un operativo y sacaron parte de eso. Pero todavía quedan contenedores con kits de casas en los patios de abandono legal, que llegaron en 2008, antes de que el Gobierno tomara los puertos”, recuerdan.
Conflicto aduanal:
La Contraloría reflejó en su informe de 2009 que el Seniat avisó al Ministerio de Vivienda sobre la tardanza en los trámites y le indicó que en la aduana principal de Puerto Cabello había mercancía consignada a nombre de esa cartera “expuesta a daño, pérdida y deterioro”.
“El Seniat no ha sacado la providencia en la que se aprueba la exoneración de impuestos a la importación de las casas uruguayas. Ése es un trámite que tenía que hacer Venezuela, era parte del contrato. Por eso el retraso para sacar los contenedores del puerto”, indica una fuente del Ministerio de Vivienda.
Estas actividades, de hecho, las venían asumiendo los uruguayos, pese a que el contrato no lo estipulaba así. El punto de cuenta del ministerio que motivó la modificación del convenio al que El Nacional tuvo acceso data de julio de 2009 y relata que el 28 de septiembre de 2007, la viceministra Edith Gómez, mediante comunicado DPC 3438, le solicitó a Umissa iniciar las labores portuarias. “Desde septiembre de 2007, Umissa ha realizado la operación de logística, específicamente lo que corresponde a suministro de depósitos, desconsolidación de contenedores y cargas de viviendas a obras”, se reconoce en el documento.
En 2008, la acumulación de contenedores en el puerto hizo que el Viceministerio de Producción y Consumo le ordenara a Umissa la paralización de los embarques. El dirigente sindical uruguayo Eduardo Burgos, empleado de Umissa, recordó el episodio en una entrevista con El Nacional en octubre de 2010. “Para entonces la planta producía diariamente los kits para 50 casas y se acumularon demasiados. En Venezuela no se construían al mismo ritmo que se recibían. Era más rápida la fabricación aquí que la instalación allá”, dijo.
El punto de cuenta de 2009 menciona el deterioro de los kits y materiales almacenados o en puerto. “El ministerio mantiene la cantidad de 481 contenedores en Puerto Cabello, siendo el responsable de la tramitación aduanal, nacionalización y traslados de estos hasta los diferentes centros de acopio”. Admite que la capacidad del Estado para almacenar el material es limitada por no poseer el personal ni los equipos necesarios. “Referencia de esta situación es el estado de deterioro y de destrucción en que se encuentran los materiales del depósito de Ciudad Ojeda, cuya responsabilidad recae sobre la empresa Ducolsa, adscrita a Pdvsa”, señala.
¿Y dónde están?
En 2009, la Contraloría encontró que había dos depósitos de kits de viviendas uruguayas en Valencia, otro en Puerto Cabello y uno más en Ciudad Ojeda, estado Zulia, donde está el material deteriorado al que se refiere el punto de cuenta ministerial. El organismo obvió en su evaluación el almacén de San Carlos, estado Cojedes, al que El Nacional tuvo acceso en octubre del año pasado y en el que había material para cerca de 600 casas. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Vivienda, en Maracaibo funciona otro depósito.
Para la Contraloría fue imposible determinar cuántos kits de viviendas habían llegado al país. Sin embargo, el documento interno del despacho que ahora dirige Ricardo Molina señala que entre el 7 de julio de 2006 y el 28 de mayo de 2008 Umissa entregó 1.377 contenedores con piezas para las casas.
“Entre marzo y junio de 2010 los uruguayos enviaron contenedores nuevamente. Esos fueron los que la Guardia Nacional sacó de Puerto Cabello a finales del año pasado”, aclaran en el ministerio.
La cantidad de kits para casas prefabricadas en suelo venezolano es confusa. Ante las declaraciones del ministro Ramírez, Lagrenade, propietario de Umissa, dijo que había 6.000.
Gastón Tealdi, gerente general de la constructora, señala que son 4.000.
En el despacho de Vivienda indican que a finales de 2010 las autoridades ordenaron asignar 3.000 viviendas uruguayas.
“1.000 para el Ejército, 400 para la Armada, 400 para la Aviación, 700 para la Guardia Nacional y 500 para la Milicia”, precisan.
Abandonadas. En la sede del batallón de ingenieros Sebastián Boguier de la Armada, en Catia La Mar, estado Vargas, hay tres casas uruguayas que sirven como depósito para otros kits de viviendas. “Llegaron hace dos o tres años. Supuestamente iban a instalar unas en sectores populares y otras en el Canes (Centro de Adiestramiento Naval Felipe Santiago Esteves), pero muchas estaban defectuosas o faltaban insumos. Tenían las paredes y el techo, pero nso las puertas o las tuberías. Hay material que está a la intemperie y la madera se ha dañado por efectos del sol y el agua. Están desarmadas, tiradas, ni siquiera clasificaron el material”, afirma un empleado del Canes que no revela su nombre por temor a represalias. Los responsables de esa instalación militar se negaron a informar sobre el tema.
Otras fueron instaladas en la Ciudad Camino de los Indios, que la constructora cubanovenezolana Alba Bolivariana levanta a un costado del viaducto Caracas-La Guaira. Una de ellas, que para octubre pasado servía como oficina itinerante para los funcionarios cubanos que trabajan en la obra, no tenía techo y la madera de sus paredes estaba desconchada, expuesta al sol y a la lluvia.
El Ministerio de Vivienda se contradijo con el de Defensa a la hora de darle información a la Contraloría. El primero le informó que instalaron 11 kits: 4 en Fuerte Tiuna, 4 en Ciudad Camino de los Indios y 3 en Filas de Mariche. El sexto cuerpo de ingenieros del Ejército Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, por su parte, le informó que se habían instalado 3 kits: 2 en Fuerte Tiuna y uno en la base naval de Punto Fijo. Los auditores no pudieron confirmar en 2009 dónde realmente estaban las casas.
A esa interrogante tampoco dio respuesta el ministro Rafael Ramírez en su comparecencia ante el Parlamento. La Contraloría, que en su informe de 2009 le recomendó al Ministerio de Vivienda rescindir el contrato con los uruguayos, exigir su cumplimiento o efectuarle las modificaciones necesarias, en 2010 no hizo seguimiento al caso.
Con un déficit de 2 millones de viviendas, el Presidente lanzó la promesa de construir esa misma cantidad para 2012. A finales de octubre del año pasado, cuando ya estaba declarada la emergencia en esta materia, Hugo Chávez anunció la compra de más casas prefabricadas, esta vez a Portugal. Serían 12.500 unidades, una cantidad similar al contrato con los sureños, pero por un valor cercano a los 980 millones de dólares, 6 veces más costoso. Mientras, las casas uruguayas reposan en puertos, depósitos e instalaciones militares.
Por: ADRIANA RIVERA
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