“Vamos a garantizar que el pueblo
tenga televisores de plasma..”

■ El impugnado presidente lleva la ‘guerra económica’ contra los especuladores al extremo.

Boleíta es un barrio de galpones, talleres y edificios poco agraciados en el este de Caracas que, desde el pasado viernes, se convirtió en la zona cero de la “guerra económica” que dice librar el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La noche de ese día, el mandatario dio la luz verde para iniciar la operación con que busca abatir la inflación manu militari. El primer objetivo de esa “ofensiva económica” fue Daka, una cadena de tiendas de electrodomésticos con cinco locales en todo el país, uno de ellos en Boleíta. Su mercancía fue confiscada y puesta de inmediato a la venta con descuentos del 50 al 70% con respecto a su precio original de venta al público.

Al lunes siguiente se repitió la maniobra de toma en todas las tiendas de artefactos para el hogar que se suceden a la vera de la avenida principal de Boleíta, que discurre de sur a norte. Concluida la ocupación de uno de esos establecimientos, el general del Ejército Herbert García Plaza, jefe del recién creado Órgano Superior para la Economía Popular, pronunció una arenga de victoria que se vio por televisión. En ella, recordó que él también había sido un muchacho pobre, con ilusiones frustradas que consiguió encauzar en la carrera militar. Esas vivencias le acreditaban, aseguró, para apoyar las medidas de “inspección” de los comercios ordenadas por Maduro. “Tenemos que garantizar que todo el pueblo venezolano tenga un televisor de plasma”, afirmó el presidente.

Cuando el primer mandatario venezolano ordenó en vivo la subasta de los inventarios de Daka y de otras tiendas, nadie sabía bien qué venía a continuación. La primera reacción vino de compradores enfervorizados que se reunieron por centenares esa misma noche frente a las tiendas. Su cometido: aprovechar unas gangas de navidad que tal vez jamás se repetirían. A veces lo hicieron con ánimo de pillaje. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una organización no gubernamental, reportó nueve episodios de saqueo y 30 conatos entre el 9 y el 13 de noviembre.

En localidades del interior como Upata, Los Teques, Puerto La Cruz y Ciudad Ojeda, se registraron graves alteraciones del orden público. A veces la multitud supo gestionarse a sí misma. En esos casos sus líderes, espontáneos o no, consiguieron chantajear mediante la simple amenaza a los encargados de las tiendas, que quedaron abiertas para que quien pudiese entrara a saco. Otros confeccionaron listas de compras y escribieron sobre la piel números que indicaban el orden de llegada a la rebatiña. En la mayoría de los casos, sin embargo, las aglomeraciones se avinieron a los esquemas de “ventas controladas” que, sobre el terreno, los militares improvisaron y fueron perfeccionando con el paso del tiempo.

Por ejemplo, todavía este miércoles centenares de personas hacían fila frente a Artelectra y Novedades TV, dos tiendas del ramo vecinas del norte de Boleíta. Efectivos de la Policía Militar dosificaban el paso por las distintas estaciones de control que habían establecido, con cintas de plástico a manera de barreras, para llegar a las entradas de los locales. Una muchacha se quejaba: decía no estar de acuerdo con el “saqueo ordenado” desde el Gobierno, pero como había ahorrado durante el año para comprarse un refrigerador y temía que las existencias se acabaran, ahora participaba por necesidad en la procesión. Otro chico, un veinteañero en bermudas, interrogado sobre qué se proponía comprar, respondió: “Voy a ver qué hay”, incrédulo, al parecer, de los anuncios que cada tanto hacían los soldados a viva voz para dar a conocer qué aparatos quedaban para la venta.

Que el hombre incubado en 15 años de revolución socialista arrastre esos viejos apetitos del consumo ha resultado una evidencia de fracaso que decepciona a voces críticas en el seno del chavismo, según se ha podido leer en medios oficialistas. Otros comentaristas, de la oposición, encuentran en las filas de ávidos compradores un rastro de la infiltración del capitalismo en el alma de los venezolanos. Todas son conjeturas a las que el general García Plaza les salió al paso en la misma arenga: “Nadie critica a los que acampan por días en países capitalistas para comprar equipos de alta tecnología”, refiriéndose a los fanáticos de Apple en vigilia por el último lanzamiento del iPhone. Por más aguda que fuera la observación, consiguió reparos de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador (centro de Caracas) y dirigente del chavismo: “Esto no tiene nada que ver con esas promociones engañosas del capitalismo”, corrigió, pues se trataría de conseguir “precios justos” de manera permanente.

Tres lustros de expropiaciones, de proyectos industriales inconclusos y, sobre todo, de distorsiones favorables a la corrupción y la especulación, causadas por un régimen de control de cambio de divisas administrado por el Estado, emascularon el aparato productivo de Venezuela. El país importa más de la mitad de lo que consume. El Gobierno revolucionario sigue imprimiendo moneda local pero cada vez se queda más corto de ingresos en divisas para pagar las importaciones. A todas estas estrecheces se suma otra, tan acuciante como ellas: la escasez de justicia. Muchas de las tomas de tiendas se han efectuado sin órdenes de allanamiento. Aunque la venta de electrodomésticos no está sujeta a la ley local de protección del consumidor, se ha procedido a la confiscación y remate sumario de esa mercancía.

Todas las noches de la semana en curso, Maduro ha dedicado en cadena de radio y TV una colección de agravios a los comerciantes: “Parásitos”, “virus”, “chupasangres”, “termitas del mal”. Desde su puesto de mando ordenó detener a los propietarios de una tienda en Boleíta a pesar de que ya habían convenido en rebajar los precios. En cadena nacional, el mandatario también relató cómo se vio obligado a enviar a agentes de la policía política a apresar al gerente de otra tienda, JVG, “que se puso cómico” —se mostró inconforme o rebelde, en el castellano de Venezuela—.

El propietario de tiendas que ahora no está arruinado o en prisión, se refugia en la clandestinidad o el exilio, lo que despierta serias dudas acerca de cómo se repondrá el inventario de electrodomésticos una vez finalizado el reparto popular. Mientras, el Gobierno ya ha extendido su ofensiva a otros frentes para ocupar mayoristas y detales de calzado, ferretería, repuestos para automóviles y juguetes, entre otras categorías de productos.

Por: Ewald Scharfenberg
corresponsal en caracas
Politica | Opinión
Elecciones Sufragio2013
jueves 14 de noviembre, 2013



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Crisis en Venezuela..

■ La radio y la televisión de Venezuela evitan mostrar imágenes de los saqueos en las tiendas de electrodomésticos para evitar sanciones del Gobierno.

Los canales de televisión y las emisoras de radio de Venezuela están apelando a toda clase de eufemismos para informar, cuando lo hacen, del pillaje en las tiendas intervenidas por el gobierno desde el pasado viernes. El lunes una comunicación enviada por la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) exhortaba a los medios a evitar en sus reportes informativos el uso de la palabra “saqueo”.

Todo comenzó cuando el presidente Nicolás Maduro decidió ocupar la noche del viernes una de las cadenas más importantes, Daka, con el argumento de que sacaba márgenes elevados de ganancia habiendo recibido dólares preferenciales para importar su mercancía. Para aleccionar a la empresa privada que obtiene dólares subsidiados de la estatal Cadivi, pero calcula sus costos de reposición al valor del dólar en el mercado negro, el gobierno decidió vender toda la existencia a precios regulados. “Que no quede nada en los anaqueles”, dijo Maduro.

Así, los destrozos causados el sábado por pobladas ávidas de televisores y lavadoras rebajadas en la sucursal de Daka en Valencia apenas fueron mencionados o deliberadamente omitidos. Suerte similar corrieron eventos ocurridos al principio de la semana en los cuatro puntos cardinales de Venezuela: San Félix, al sur del país; en Puerto la Cruz, al oriente; y en Ciudad Ojeda, al occidente. Los videos de las redes sociales y las denuncias de los medios impresos impidieron que los saqueos, esa palabra que está proscrita del lenguaje audiovisual venezolano, a las tiendas de electrodomésticos quedaran sepultados por la avasallante propaganda que lleva adelante el gobierno nacional en su empeño de comunicar que está trabajando para proteger el salario de los venezolanos.

Esa precaución tiene un remoto origen. Entre las reflexiones que se suscitaron tras los violentos desórdenes ocurridos durante el “Caracazo” de febrero de 1989 -una protesta popular contra un conjunto de medidas económicas de corte neoliberal impuestas por el gobernante de entonces, Carlos Andrés Pérez- destacó la cobertura que hiciera la televisión, que mostró sin censura lo que ocurría. Desde entonces los medios locales cargan con la culpa de haber fungido como catalizadores de la protesta.

El anuncio de Conatel ha establecido quizás sin quererlo la interpretación oficial del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que prohíbe la difusión de mensajes que “fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”. Hasta este fin de semana el ambiguo margen de interpretación de la norma provocaba toda clase de lecturas, siempre, eso sí, temerosas de una sanción. Pero aún había algún margen para trabajar. Cuando trabajaba en Globovisión, un canal venezolano dedicado a transmitir noticias, el abogado Ricardo Antela, experto en Derecho Constitucional y miembro del equipo de consultores jurídicos de la planta, recomendaba a los periodistas que cuando informaran de desórdenes mostraran las imágenes menos fuertes y dijeran la palabra “saqueo” solo si era imprescindible para no generar zozobra.

Pero esto que ha ocurrido, dice Antela, no tiene precedentes. “Es una desproporción”, concede. “Una cosa es que se pida mesura a la hora de pronunciar la palabra y otra impedir que se mencione”, añade. Tras la expresa prohibición contenida en el exhorto del gobierno no pocos periodistas sienten que se siguen restringiendo aún más las ocasiones para informar sin coacción.

Por: Alfredo Meza
corresponsal en caracas
Politica | Opinión
Elecciones Sufragio2013
jueves 14 de noviembre, 2013




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